Las relaciones entre Gobierno y oposición escalan máximos después de dos semanas de choque con la crisis de los incendios en el medio. Mientras que la comunidad científica mantiene el consenso sobre el impacto social que ya tiene y tendrá el cambio climático en los próximos años, con mayores incendios, más gota fría y danas, así como el agravio de problemáticas ya presentes años atrás como la sequía, los principales partidos se alejan de poder trasladar ese consenso en el plano político. Más allá de declaraciones parlamentarias como la de septiembre de 2024.

Si ya hay diferentes perspectivas entre el Ejecutivo y el PP sobre cómo afrontar el reto climático, los primeros con una postura de actuación inmediata, primando la políticas verdes, y los segundos sin dejar de mirar el ámbito económico —el uso de las nucleares es un ejemplo—, los últimos grandes episodios críticos en el panorama nacional, como la DANA valenciana de finales de 2024 y la actual crisis forestal de agosto no ha hecho más que ahondar en la discordia. La sequía, en el pasado, ya provocó enfrentamientos. Desde PP o Vox se ha reprochado al Gobierno la ausencia de planes hidrográficos. Se le acusa de actuar bajo dogmatismos e ideología. Moncloa lo desmiente y afirma su compromiso con el agua.

El primer ejemplo de esa discordia fue el rifirrafe tras la DANA, con el choque por la responsabilidad, las competencias y las actuaciones durante esa jornada y las posteriores. Frente a la reconstrucción. Con choques locales entre izquierdas y derechas; regionales entre Carlos Mazón, los socialistas y los nacionalistas; y nacionales entre Génova y Moncloa. Entre distintos ámbitos, en añadido, con una brutal destrucción de las relaciones Estado-Generalitat como resultado.

Esa rivalidad política que ahora empieza a asomar por los fuegos, tras la avalancha de agua, se reflejó con múltiples comisiones de investigación: en la Generalitat, en el Senado, y en el Congreso. Las dos primeras, tuteladas por la derecha, con el objetivo de afianzar el relato de culpabilidad del Gobierno central por no asumir el mando de la emergencia desde el primer momento. La última, guiada por el Ejecutivo y sus socios, con el PP de Mazón en la mirilla. Más de medio año después, con los relatos estancados y el cruce de responsabilidades, ninguna ha hecho concreciones al margen de la investigación judicial que sigue su curso.

Ahora, aún con los fuegos activos, la crisis forestal apunta a encaminarse a ese enfrentamiento. Se ha pasado de discutirse sobre las competencias de prevención y extinción de incendios, que las tienen las comunidades, a cuestionar la disponibilidad de medios. El Gobierno asegura que desde el primer momento se ha facilitado toda la ayuda logística, de la UME y las Fuerzas Armadas en el terreno, así como la activación de los refuerzos europeos a través de Protección Civil. El PP lo pone en duda, mientras que ambas partes denuncian al contrario intereses políticos. Y de la pura discusión se ha pasado a la ofensiva parlamentaria, tanto directa como indirecta.

Sobre los fuegos, Génova demanda comparecencias en el Senado y en el Congreso. Se deja en el aire la posibilidad de abrir una comisión de investigación sobre los incendios si no satisfacen esas intervenciones. Para añadir tensión, y de cara al inicio del curso, el PP también apela a iniciativas sobre fiscalidad, incremento del gasto en defensa y los Presupuestos. Pero lo apuestan todo a una comparecencia de Pedro Sánchez ante el hemiciclo nuevamente sobre corrupción y por la imputación de Begoña Gómez.

De "pirómana" a "el político más sucio del país"

El deterioro de las relaciones entre PSOE y PP escala cotas tan altas como la de la crisis climática. De los 51 incendios de este 2025, 35 se han producido desde el 8 de agosto —una semana después de que comenzase la ola de calor a partir del 3 de agosto y se fuese acumulando— en adelante, con alto impacto y llegando a quemar más de 400.000 hectáreas.

Los expertos alertan del impacto nocivo del cambio climático en la salud y en la economía: moriremos más, perderemos un 20% de renta per cápita y el turismo se deteriorará

Sin embargo, mientras prosiguen los trabajos en el terreno, al cruce de responsabilidades le ha sucedido otro de insultos. El desencadenante: las valoraciones de la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones. El miércoles, después de una reunión de coordinación, acusó a las principales autonomías afectadas, caso de Galicia, Castilla y León y Extremadura, de estar inflando "polémicas artificiales" y pedir al Estado "recursos imposibles" a sabiendas. Ello cuando se han mantenido otros paralizados. Señaló a Galicia y a Castilla y León. Los primeros lo niegan. Los segundos, desde la Junta, pidieron disculpas. Además, recalcó que toda la ayuda se ha desplegado, y criticó que se apremie la velocidad cuando, por ejemplo, desplazar bulldozers requiere tiempo.

Si en plena guerra por ese relato Óscar Puente y Óscar López, a golpe de tuits y declaraciones hicieron de muro de contención contra el PP, las palabras de Barcones, desde una perspectiva institucional autónoma, han supuesto un giro definitivo. Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autónoma y Local y de Análisis Electoral del PP, tachó de ser "una pirómana más" a Barcones por actuar, a juicio de su partido, como un ente más del Gobierno y no una técnica. Se apela a su pasado como delegada del Gobierno en Castilla y León. Por su parte, el Gobierno la respalda, incide en su trayectoria y cree que el PP ha cruzado líneas. "Siempre ha estado al pie del cañón" de la emergencia, concretó Sánchez este viernes desde Asturias.

Las palabras de Bendodo están lejos de rectificarse. En el PP se recuerda que el diputado por Salamanca, David Serrada, utilizó el mismo término para referirse al presidente de la diputación de Salamanca, Javier Iglesias, y no se montó ese revuelo. Y se hace hincapié en que el Gobierno, centrando ahora el debate en Barcones, busca desviar la atención de lo que considera una gestión pésima. La defensa de Barcones por parte del Gobierno ha supuesto que el Gobierno también entre en el insulto. Óscar Puente, ministro de Transportes, calificó al PP de ser unos "sátrapas". Desde el PSOE trasladan que Alberto Núñez Feijóo es "el político más sucio del país" y lo extienden a todo el PP.

El PP acusa al Gobierno de alentar la polémica con Barcones para desviar el foco de su gestión y la ausencia de medios. El Ejecutivo cree que el PP está en la hipérbole para tapar errores

Este debate se da a seis meses de que Castilla y León vaya a urnas y a casi un año que lo haga Andalucía, siempre que Sánchez no adelante generales, que arrastraría también a esas convocatorias. La pugna por las responsabilidades en la escena parlamentaria podría alargarse y servir como uno de los principales ejes de confrontación para la primera cita de comicios. Sobre todo, con Alfonso Fernández Mañueco y su consejero de Medio Ambiente Juan Calos Suárez-Quiñones empiezan a estar cuestionados en la calle. Centenares de personas han salido a protestar contra su gestión en las últimas horas. También contra Alfonso Rueda, como la de Vigo en la que participó Yolanda Díaz.

El debate entre PSOE y PP que se vislumbra es el siguiente: los populares buscarán dañar al Gobierno con otro frente parlamentario mientras que los socialistas y sus socios intentarán atribuir a Feijóo el rol de negacionista climático de Vox. Ello después de que el PP esté ahondando en la autoría humana de los últimos incendios y en las detenciones que se están produciendo. Si bien el factor humano está siendo relevante, la mayoría de los incendios tienen que ver más con descuidos y negligencias. Su virulencia, además, tiene que ver precisamente con esas condiciones climáticas agravadas, como el calor. También con la despoblación, el descuido de los montes y la reducción de las partidas para prevención.

Vox intenta volver a sacar tajada de la crisis

Es paradójico que el único partido negacionista del cambio climático salga beneficiado políticamente de la mayor crisis climática del año. Días después de que el choque entre populares y socialista se viniese dando, el presidente de Vox, Santiago Abascal, salió a escena en redes sociales para responsabilizar a PP y PSOE de los fuegos por su gestión del campo. Unas declaraciones con el objetivo de arremeter contra el sistema y para sacar rédito del descontento rural después de un periodo de daño electoral en ese ámbito por los aranceles de Trump. Según el CIS, casi un tercio de los trabajadores del sector primario elegiría a Vox. Dos puntos por detrás del PP.

Vox culpabiliza de lo sucedido no a la falta de prevención y a esos factores climáticos, sino al "terrorismo climático", a las políticas verdes que populares y socialistas respaldan en Bruselas. "Está ardiendo todo menos lo único que tiene que arder: un sistema corrupto diseñado contra el pueblo español. Siempre es lo mismo: da igual que sea un volcán, una pandemia, la invasión migratoria, una riada, un apagón o los incendios [...]. Los españoles, siempre sin medios [...]. Parece que no hay Estado cuando más se le necesita", apreció Abascal. A la vez que Vox, sus satélites se mueven en esa dirección: desde Hazte Oír a Revuelta. Del mismo modo, competidores como Alvise.

Como en la DANA, Vox vuelve a lanzar la idea de que las administraciones abandonan a los ciudadanos cuando el sistema sí funciona. Esos satélites actúan como caja de resonancia de ese tipo de mensajes mostrando imágenes de ciudadanos contribuyendo a las labores de extinción para proteger sus pueblos omitiendo la labor de todas las fuerzas. Durante los meses posteriores de la DANA, en la Comunidad Valenciana, el discurso crítico con la actuación estatal y con la inoperancia de Mazón le permitió escañar casi diez escaños a costa del PP.

Sobre la mesa el Gobierno pone la necesidad de abordar un pacto de Estado climático con varios precedentes de emergencia climática que no han terminado de prosperar. El PP rehúye ese marco en estos momentos para no entrar en el marco del Ejecutivo, pero asegura a El Independiente que una vez solventada la crisis, si hay una propuesta firme la valorarán.

Los expertos advierten de las consecuencias de ese cambio climático si no se revierten los efectos antes del 2050. Por un lado, se señala que seremos más pobres, enfermaremos más y moriremos más. La economía sufrirá un impacto negativo, habrá menos productividad y el turismo español se verá notablemente damnificado por la subida del nivel del mar, la desertificación y la subida de las temperaturas. Hasta ese año, hay riesgo de que se pierda hasta un 20% de la renta per cápita nacional.

En lo que respecta a los incendios, ya en 2023, en una entrevista con este digital, uno de los mayores expertos en la materia, Marc Castellnou, alertaba de que la oleada de fuegos intensificados se iba a dar "durante las próximas décadas" porque "el clima ha cambiado".