Sumar creía, hasta este lunes, que había margen aún para salvar su medida estrella de la legislatura, la reducción de la jornada laboral. Para el PSOE, aunque concedía que todo podía ocurrir, porque Junts se guarda sus cartas hasta el ultimísimo minuto, había poco que hacer. Quizá porque nunca lo hubo, porque los posconvergentes, como han venido reiterando desde el ala socialista del Gobierno desde hace meses, estaban y están en la misma posición: en el no a que se rebaje la jornada de trabajo de 40 a 37,5 horas semanales. Y Junts, a última hora de este lunes, se lo confirmó a Trabajo: mantendrá el miércoles su enmienda de totalidad y, por tanto, la ley descarrilará con seguridad.

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El Ejecutivo afronta una primera semana de curso parlamentario dura, igual que lo fue el pleno con el que cerró julio, antes del parón vacacional. El miércoles, la Cámara baja votará las enmiendas de totalidad al proyecto de ley de reducción de la jornada de PP, Junts y Vox, y el Gobierno verá tumbado su texto. En Ferraz ya daban por hecho que ese sería el marcador, pero insisten también en que la responsabilidad de la negociación con la formación de Carles Puigdemont es enteramente de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, porque ella ha querido liderar las conversaciones, sin que interfiriera en ellas el PSOE.

Junts traslada a Trabajo a última hora del lunes que no retirará su enmienda de totalidad y que por tanto hará descarrilar el proyecto de ley, y votará por tanto junto a PP y Vox: se truncará el camino parlamentario

Los dos socios de coalición no pudieron impedir que el pleno de esta semana incluyera en su orden del día el debate de totalidad del proyecto de ley del Ministerio de Trabajo, porque en la Junta de Portavoces se opusieron a retrasarlo las derechas de PP, Vox y UPN. Los socialistas ya barruntaban que les podía tocar iniciar el curso parlamentario con un severo golpe. Seguían sin ver la luz porque el rechazo de los posconvergentes, en buena medida influido por la posición durísima de la patronal catalana, se ha mantenido firme. Este lunes, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, tras la primera reunión de la ejecutiva desde las vacaciones, ya preparó el terreno para un posible fiasco.

"De aquí al miércoles [10 de septiembre] quedan muchas horas. Se intentará. En cualquier caso, si no sale adelante la votación no será una derrota del Gobierno sino que lo tendrán que explicar los partidos políticos que se oponen a esta medida que beneficia a millones de trabajadores", sostuvo la dirigente. Se ponía la venda antes de la herida. Herida, estocada, que llegó horas después, tras la reunión de la portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, y el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. La dirigente independentista, según apuntaron fuentes del ministerio a este periódico, le confirmó al número dos de Díaz que su partido mantendrá el miércoles su enmienda de totalidad. No la retirará. Votará junto a PP y Vox.

Antes de conocerse la confirmación del veto, fuentes de la cúpula socialista y de la Moncloa mostraban aún mayor escepticismo en privado. "Es que si se hace el análisis de qué es Junts, que es la derecha catalana, está dentro de la lógica que ellos rechacen este proyecto —apuntan desde Ferraz—. Está en su esencia que no vean una medida como esta", que Trabajo pactó con los sindicatos y de la que se apartaron en todo momento las organizaciones empresariales.

Ya antes de que el texto aterrizara en el Congreso los socialistas advertían de que sacarlo adelante sería muy difícil. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya forcejeó con Díaz a finales del año pasado y antes de que el proyecto fuera aprobado en primera lectura por el Consejo de Ministros, para modificar la redacción y asumir algunos de los planteamientos de la patronal. Pero la vicepresidenta se negó con el argumento de que debía preservar el acuerdo alcanzado con las centrales sindicales. Llegó a llamar "mala persona" a Cuerpo. El presidente, Pedro Sánchez, se inclinó esta vez a favor de la titular de Trabajo. Pero el riesgo de que Junts rechazara la iniciativa al desembarcar en la Cámara baja era más que evidente.

Los posconvergentes se alinean con la patronal catalana y piden una mejora de los salarios. Reconocen que "ocasionalmente" Díaz ha intercambiado mensajes con Puigdemont

Y es que tanto Ferraz como el ala socialista del Gobierno eran conscientes de que los posconvergentes habían pintado una línea roja. Hacía meses que Puigdemont había adelantado su no incluso a su interlocutor socialista, Santos Cerdán, exsecretario de Organización desde el pasado 12 de junio. Y sentían en el equipo de Sánchez que poco se había movido desde entonces.

Este lunes, Josep Rius, vicepresidente y portavoz de Junts, insistió por la mañana en rueda de prensa en la sede del partido, en Barcelona, en que su formación mantenía su postura sobre la reducción de la jornada laboral y acusó a Sumar de haber "provocado que se tenga que negociar aceleradamente" por un error la semana pasada en la Junta de Portavoces. "Estamos donde estábamos", señaló el dirigente, para añadir que los posconvergentes "siempre negocian". Eso sí, reconoció que se habían producido contactos entre Puigdemont, líder de JxCAT, y la vicepresidenta Díaz: ambos han intercambiado "ocasionalmente" mensajes, tanto en el pasado como en la actualidad, precisó, informa EFE. Pero "las negociaciones las lleva el equipo de Madrid", a pesar de ese "intercambio ocasional de mensajes" con el expresident catalán.

Los posconvergentes se seguían oponiendo al proyecto del Gobierno, alegó, porque perciben "un riesgo", que "queriendo reducir la jornada laboral haya trabajadores que puedan pasar de 40 horas a 0 porque puede suponer el cierre de empresas en Cataluña". Rius agregó que su partido no ha recibido "ninguna propuesta" hasta ahora para atender su principal exigencia, que se mejoren los salarios y no se ponga "en riesgo el futuro de las empresas".

Es un proyecto del Gobierno, pero liderado y negociado por Yolanda", resumían desde el corazón de la Moncloa. No ha habido intervención en unas conversaciones que ha pilotado Trabajo. Para Puigdemont, creen, no tiene coste electoral

La visión de Sumar no era coincidente. Este mismo lunes, la vicepresidenta Díaz apuntó que está "hablando" directamente con Puigdemont. "Y yo no miento", sostuvo en Al rojo vivo (La Sexta), después de que el secretario general de Junts hubiera afirmado el domingo que no le constaba que la ministra estuviera negociando directamente con el jefe del partido. Ella no dio por hecho ningún resultado el miércoles: "Yo no sé si va a salir o no". Pero reiteró que si no salía adelante la medida, si es tumbada por el Congreso, como finalmente así ocurrirá, "seguirá trabajando al día siguiente". La idea de la vicepresidenta es la de volver a llevar la iniciativa a la Cámara baja y aprobar por decreto el registro horario. Tanto la dirigente como el PSOE miran no solo a Junts, su socio indispensable, sino también al PP, porque en su mano, ahora más que antes, que el proyecto no descarrile. Alberto Núñez Feijóo va a "celebrar" su cumpleaños, que es este 10 de septiembre, "abofeteando a los trabajadores en la cara". El PP ya había avanzado que no salvaría al Gobierno.

Los socialistas incidían en que no han participado de las negociaciones, que ha sido Díaz quien las ha conducido por voluntad propia. Asumían que si finalmente el texto caía el miércoles, como ocurrirá, será una derrota de todo el Ejecutivo, pues el proyecto de ley pertenece a los dos socios, pero agregaban que las conversaciones han descansado en Sumar. "Es un proyecto del Gobierno, pero liderado y negociado por Yolanda", resumían a este diario desde el corazón de la Moncloa. "No tenemos novedades. Pero este es un tema que llevaba Yolanda", ratificaban otras fuentes de máximo nivel del PSOE muy al tanto del diálogo con Junts.

En Ferraz aducían que Puigdemont puede permitirse el lujo de desmarcarse del Ejecutivo en una medida estrella porque, en realidad, no tiene ningún coste electoral, ya que su base de votantes está más cercana a los intereses del empresariado catalán, muy contrario desde el principio a cualquier rebaja de la jornada laboral, básicamente por su afectación a las pequeñas y medianas compañías, a las que no obstante Trabajo quiere acompañar en el despliegue de la medida. Pero el miércoles se echará abajo una de las iniciativas medulares de la legislatura, capitales para Díaz, incluida en el acuerdo de gobierno pero que a los socialistas también les costó asumir como propia. Se recogió en el documento de la coalición a iniciativa de Sumar, Sumar la llevó al Consejo de Ministros y ha pilotado las negociaciones. Ahora su principal apuesta puede caer. Y la duda será si hay margen para volver a revivirla, para que puedan ver satisfecha su demanda los más de 12 millones de trabajadores que, como reivindica la vicepresidenta, se beneficiarían de la rebaja.

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