El sector público suma más de 650.000 empleos desde la llegada de Sánchez al Gobierno

En la carrera por crear empleo en España, la Administración pública ha acelerado hasta duplicar el ritmo del sector privado. Aunque las empresas baten récords de afiliados, el sector público ha sumado más de 650.000 trabajadores desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en junio de 2018, según los datos de la estadística de afiliados medios a la Seguridad Social que publica mensualmente el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El resultado: un crecimiento del 26,7% en el sector público, frente al 12,1% registrado por el privado. Lo que representa una diferencia de 14,6 puntos porcentuales.

En cifras absolutas, los empleados públicos han sumado 657.948 nuevos trabajadores, desde los 2.463.060 que había en junio de 2018 hasta los 3.121.008 en agosto de 2025. Por su parte, el empleo privado, en el mismo periodo, ha sumado más de dos millones de afiliados a la Seguridad Social, concretamente, 2.001.265. Lo que supone que la fuerza laboral privada constaba de 18.545.196 trabajadores en agosto de 2025. De esta forma, en total, se han creado 2.659.213 empleos en España desde que gobierna Pedro Sánchez. De ellos, el 24,7% han sido en el sector público.

¿Dónde están los funcionarios?

De los algo más de 3,1 millones de empleados públicos que hay en España, la mayoría trabaja en las comunidades autónomas, que concentran seis de cada diez puestos (60,2%). Otro cuarto del total se reparte en las corporaciones locales, es decir, los ayuntamientos (24,6%); mientras que el 15,1% restante depende directamente de la Administración General del Estado. Pero, pese a representar el grupo más pequeño, ha sido precisamente el que más ha engordado sus plantillas en los últimos seis años. En concreto, en un 46,5%, gracias a la incorporación de 149.933 empleados más, con los que se han alcanzado los 472.197 en agosto de 2025.

En esta línea, las autonomías también han experimentado un alza significativa, del 30,8%. Lo que equivale a 442.528 nuevas altas y ha elevado el total hasta los 1.879.735 trabajadores. Más modesto ha sido el crecimiento en el ámbito local, donde el número de empleados públicos ha subido un 9,3%. Pese a ello, los ayuntamientos cuentan con 769.075 trabajadores, tras sumar 65.487 nuevos efectivos desde junio de 2018.

Ofertas de Empleo Público

Esta casi duplicación de empleados públicos en la Administración General del Estado (AGE) se ha materializado a golpe de Ofertas de Empleo Público (OEP). Desde 2018 hasta la última convocatoria del presente ejercicio, los distintos procesos selectivos han incorporado 204.085 nuevos efectivos a la Administración estatal —la disparidad con la estadística de afiliados medios de la Seguridad Social se explica porque que una plaza se oferte no significa que se cubra de inmediato: algunas quedan desiertas, otras tardan años en resolverse y muchas sustituyen a interinos que ya estaban trabajando—. Además, si se contabilizasen las OEP de las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad del Estado, la cifra se elevaría hasta las 284.232 plazas.

En este sentido, el ritmo ha sido constante. En 2018, recién llegado a la Moncloa, Sánchez activó una primera Oferta de Empleo Público para la AGE de 23.152 plazas. Un año después fueron 20.781 y, en el año de la pandemia, la cifra cayó hasta las 18.323. No obstante, el impulso volvió en 2021, con 23.491 plazas, y alcanzó su mayor hito en 2022, cuando se rompió la barrera de los 30.000, con 30.162 nuevos puestos en la AGE.

La senda se consolidó en 2023 con 29.818 plazas y se batió un nuevo récord en 2024, cuando sacaron 31.465. En la última convocatoria, correspondiente a 2025, el Ministerio de Función Pública de Óscar López ha ofertado 26.889 plazas, de las cuales el 70% son de nuevo ingreso y el resto de promoción interna.

Pese a estas cifras récord, desde el sindicato de funcionarios CSIF, tildaron la última propuesta de "claramente insuficiente" ya que de acuerdo con sus cálculos, el 55% de la plantilla actual se jubilará en una década. Una preocupación compartida por Manuel Monge, profesor del Grado en Business Analytics de la Universidad Francisco de Vitoria, que advierte de que "esto no es solo un asunto de cifras, implica el riesgo de perder capacidades esenciales en los servicios públicos si no hay planificación y procesos ágiles".