El Gobierno confía en que el relevo de Mazón, Extremadura y el parón en el Congreso ayuden a opacar la ruptura con Junts

El Congreso es, evidentemente, un espacio hostil para el Gobierno. Ya lo era desde el arranque de legislatura, y lo es más aún ahora tras la ruptura proclamada por Junts, que la Moncloa prefiere ignorar apelando a su vocación de "diálogo" y "mano tendida" con todos los grupos salvo Vox. En lo que queda de 2025 y en el comienzo de 2026 tendrá más fácil, sin embargo, escapar de la Cámara baja y situar el foco en otros puntos de actualidad. La actividad irá al ralentí. Se suma la convocatoria de elecciones en Extremadura para el 21 de diciembre, el proceso de investidura —quizá largo— de un nuevo president de la Generalitat Valenciana que sustituya a Carlos Mazón y el paréntesis vacacional en las Cortes, ya que en diciembre solo se celebrará un pleno en el Congreso y enero es un mes parlamentariamente inhábil. De cualquier modo, en el equipo de Pedro Sánchez insisten en que el Ejecutivo debe seguir haciendo su trabajo, y el Legislativo el suyo. Es decir, que la coalición de PSOE y Sumar ha de continuar impulsando iniciativas aunque luego acaben chocando con el muro del Parlamento, porque son poderes distintos.

Primero, vayamos con los tiempos. Esta semana es la primera de noviembre con plenos en el Congreso, ya que los primeros días de cada mes se dejan libres de sesiones para que los diputados hagan trabajo en sus respectivas circunscripciones. Hoy miércoles se suma, a las preguntas de control de la oposición, la comparecencia del presidente, en el que volverá a ser un debate sobre corrupción y también, justo por el divorcio firmado por Junts, un examen a la gobernabilidad del país. Y mañana jueves se votan dos leyes relevantes, la que regula los servicios de atención a la clientela —el dictamen, tras ser aprobado por la Cámara baja, pasará al Senado— y la de movilidad sostenible, que tendrá que superar el último trámite antes de aterrizar en el Boletín Oficial del Estado, y aquí el Gobierno afronta al menos una votación comprometida, porque el PP logró colocar en el texto, a su paso por la Cámara alta, una enmienda para prorrogar la vida de las nucleares de Almaraz (unidades I y II), Ascó I y Cofrentes, y para levantarla con cierta holgura socialistas y Sumar necesitarían a los siete diputados de Junts, pero estos no han adelantado qué harán, fieles a su nueva doctrina de que su decisión se conocerá cuando todos miren el marcador de votaciones, no antes, ya que no tienen nada que hablar ni que negociar con el Ejecutivo.

Este jueves se votan el dictamen de la ley de servicios de atención a la clientela y las enmiendas del Senado a la ley de movilidad sostenible. Y la próxima semana se convalida el decreto de la ELA

La semana próxima, se prevé un pleno apacible, porque se ha programado la convalidación del real decreto ley de ayudas a los pacientes de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que Junts ya dijo que apoyaría. Y para el siguiente pleno —ya estaríamos en la última semana de noviembre— se discutirá sobre otra convalidación, la del decreto ley con un nuevo paquete de medidas para los afectados por la dana, otro texto que no debería tropezar con problemas.

En diciembre, se habían programado dos semanas con sesión plenaria, la que arrancaría el 9 y la que comenzaría el 16. Pero esta última se ha acabado levantando. La tradición parlamentaria impone que la semana previa a una cita electoral no haya plenos en la Cámara baja para que los partidos aprieten en la recta final de la campaña. Conclusión: en diciembre solo habrá una semana con sesión en el hemiciclo, la del 9, 10 y 11.

En diciembre solo habrá una semana con pleno, porque la otra prevista se ha levantado por la recta final de la campaña en Extremadura, como siempre ocurre antes de unas elecciones. Y enero es un mes inhábil en las Cortes

Enero es mes de vacaciones parlamentarias, como prescribe el artículo 73.1 de la Constitución. Lo habitual es que se programe un pleno a finales de mes para temas pendientes o convalidación de decretos leyes que el Gobierno apruebe antes de fin de año, como la actualización de las pensiones.

Una campaña que arranca el 5 de diciembre

"Para enero, Dios proveerá", señalan fuentes del Ejecutivo, en una señal de que la Moncloa ya da por superado este último tramo de 2025, porque las sesiones están ya contadas y los riesgos, limitados. Y el primer mes del año no habrá sufrimiento al haber vacaciones parlamentarias. Febrero queda mentalmente lejos para un Gobierno que se examina semana a semana y que se siente ganador en este arranque del curso político después de la devastación del segundo trimestre, cuando se encadenaron las malas noticias y las crisis, con la puntilla final de la caída y encarcelamiento del ya exsecretario de Organización Santos Cerdán.

En paralelo a las elecciones en Extremadura, con malas expectativas para el PSOE, discurrirán las negociaciones de PP y Vox para investir a Pérez Llorca como nuevo 'president' valenciano

Pero los socialistas anticipan que habrá otros elementos que desplacen la atención que pesa sobre el Ejecutivo. En primer lugar, el probable difícil proceso de elección del popular Juanfran Pérez Llorca como sucesor de Mazón como president valenciano. Lo que ocurra dependerá de la voluntad de Vox. A finales de mes Les Corts deberían acoger el debate de investidura, pero podría ser fallido si la ultraderecha decide esperar a los resultados de las urnas en Extremadura el 21-D, la cita que arranca el nuevo ciclo electoral en España, que seguirá con los comicios en Castilla y León en marzo y en Andalucía en junio. El 5 de diciembre comienza la campaña en Extremadura y progresivamente irá ganando protagonismo. Las negociaciones de PP y Vox en ambas comunidades, que servirán al PSOE para reverdecer la estrategia que le funcionó en las generales de julio de 2023, colonizarán buena parte de la actualidad de las próximas semanas. En Extremadura, los socialistas se preparan para un resultado adverso por su debilidad interna y el procesamiento de su candidato y barón autonómico, Miguel Ángel Gallardo.

El Gobierno, mientras, asegura no haber renunciado a su promesa de llevar al Congreso, esta vez sí, unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Por lo pronto, el primer paso, el de presentar la senda de estabilidad, se completará pronto, después de muchísimo retraso. La novedad que este martes contó la ministra portavoz, Pilar Alegría, es que estará lista "muy próximamente". ¿Y cuándo será eso?, se le preguntó. "Muy próximamente es muy próximamente. No no me pidan si será la semana que viene o antes de que acabe el mes, pero creo que se lo puedo dejar un poco a su interpretación", contestó.

Fuentes del Ejecutivo indicaron que lo más probable es que sea el lunes 17 de noviembre cuando los objetivos de déficit y deuda sean aprobados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera —el órgano que reúne a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a los consejeros autonómicos del ramo—, de forma que el martes 18 pasen por el Consejo de Ministros y de ahí viajen hasta Congreso y Senado. Todo, no obstante, se podría retrasar una semana más. La senda será rechazada con seguridad porque Junts confirmó su no. El Gobierno tiene que remitirla dos veces consecutivas a las Cortes para poder llevar después los Presupuestos de 2026, en este caso elaborados con el marco anterior.

Alegría señala que se presentará "muy próximamente" la senda de estabilidad. Aún no hay fecha, pero fuentes del ejecutivo señalan que será la próxima semana o, como tarde, la siguiente

El proyecto de ley de nuevos PGE llegará a la Cámara baja, teóricamente, antes de fin de año —en eso insisten en la Moncloa—, pero el Gobierno ha ido jugando con los calendarios en estos meses en repetidas ocasiones. Las nuevas cuentas también serán tumbadas: los posconvergentes ya adelantaron a los socialistas que podían olvidarse de ellas. Sánchez, en todo caso, ha reiterado que la legislatura seguirá hasta 2027, con o sin nuevos Presupuestos.

Un plan legislativo que no se cancela

El Gobierno optó por trasladar este martes una imagen de normalidad. Alegría presentó el anteproyecto de ley que baja las ratios de alumnos por aula —22 en Primaria, por los 25 actuales; y de 25 en ESO por los 30 actuales— y fija un tope legal a la jornada lectiva de los docentes —23 horas en Infantil, Primaria y Educación Especial, y de 18 en el resto de enseñanzas—. La ministra apuntó que ahora comienza el proceso de diálogo con las comunidades autonómas y con la comunidad educativa, y destacó que por ahora los inputs "son positivos".

Este martes, el Gobierno aprobó el anteproyecto de ley de reducción de las ratios de alumno por aula y de tope de la jornada lectiva de los docentes. La ministra aspira a reunir los apoyos necesarios, pese al divorcio con los posconvergentes

Cuando el texto llegue al Congreso, para enero o febrero, siguió, los grupos deberán trasladar "si están a favor o no de la mejora", si apoyan la reducción de ratios por aula y horarios lectivos de los docentes. "Tengo la confianza de que será que sí, porque es un objetivo compartido, de sociedad, mejorar la calidad del sistema educativo", sostuvo la portavoz del Ejecutivo, que recordó que en esta misma legislatura uno de los proyectos que ella llevó a las Cámaras, el que regula las enseñanzas artísticas, fue aprobado con el voto en contra de un solo grupo, Vox, porque hasta el PP se abstuvo.

Pese a la ruptura con Junts, en el Gobierno aseguran que no renuncian a su Plan Anual Normativo 2025, el documento que recoge la previsión de producción legislativa para este año. El texto fue presentado en abril pasado y contemplaba que se presentarían en este ejercicio un total de 199 propuestas normativas (16 leyes orgánicas, 43 ordinarias y 140 reales decretos). En la Moncloa se reafirman en su compromiso de "mano tendida" y de "diálogo", y prometen que serán "capaces" de llevar al Congreso propuestas que los grupos no puedan rechazar. Y recuerdan que "el Ejecutivo es distinto al Legislativo" y tiene que seguir haciendo su trabajo.

Sánchez afronta este miércoles una larga comparecencia en la Cámara baja en la que se mezclarán distintos temas. El presidente hablará de las conclusiones del último Consejo Europeo y quiere, sobre todo, confrontar su modelo de gestión con el de las comunidades gobernadas por el PP en una cuestión tan sensible como el manejo de los servicios públicos, precisamente para denunciar temas concretos como los cribados del cáncer en Andalucía, la dana en Valencia, los incendios en Castilla y León o el aborto y el abandono de la sanidad pública en Madrid.

En la comparecencia de este miércoles, Sánchez quiere situar el foco en el contraste de modelos de gestión de los servicios públicos de Gobierno y CCAA del PP. Pero los populares quieren hablar de corrupción y de la gobernabilidad del país

Pero los populares quieren poner el foco en los casos de presunta corrupción que afectan al entorno del presidente y a los dos últimos secretarios de Organización del partido, y también desean presionarle para que explique cómo pretende "garantizar la gobernabilidad de España, una vez constatada la ruptura de la mayoría de investidura y la intención de promover un bloqueo legislativo" por parte de Junts. Por eso también tendrá mucha relevancia ver cómo discurre el careo entre Sánchez y la portavoz de los posconvergentes, Míriam Nogueras, ya que será su primer enfrentamiento en el hemiciclo tras el fin de sus relaciones. La sesión será larga, intensa. Un pequeño debate del estado de la nación sin serlo formalmente. Porque este formato, por cierto, no se ha llevado al Congreso en lo que va de legislatura. El último se celebró, de hecho, en 2022.