La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) alertó la semana pasada de que el principal riesgo en la evolución de la deuda pública española en el medio y largo plazo recaerá en el impacto asociado al envejecimiento demográfico. No solo desde una perspectiva del gasto en pensiones, sino también por las tensiones que generará en el mercado laboral. Según los cálculos de la OCDE, actualmente en España hay 35 personas jubiladas por cada 100 en edad de trabajar, pero en 2054 el dato despegará hasta los 76 jubilados por cada 100. Es decir, en tres décadas, habrá tres jubilados por cada cuatro personas en edad laboral, un escenario que tensionará la capacidad del país para mantener su actividad económica.

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La jubilación de las primeras cohortes de la generación del baby boom ya ha comenzado y sus efectos demográficos empiezan a notarse. De hecho, el impacto es especialmente visible en las comunidades más envejecidas —Asturias, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja y País Vasco—, donde la salida del mercado laboral de los trabajadores que se han retirado no se ha podido compensar con la incorporación de los jóvenes locales.

Tal y como advierte el Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo, elaborado por Fedea y BBVA Research, estas regiones "no han logrado compensar con población joven nativa las pérdidas de empleo provocadas por las jubilaciones". No obstante, el informe matiza que "la contribución de la inmigración ha mejorado parcialmente la situación", aunque alerta de que los flujos actuales "no serán suficientes sin un crecimiento sostenido de las llegadas". Es decir, será necesario un volumen de llegadas superior a los aproximadamente 500.000 inmigrantes que ha recibido España de media en los últimos años.

Además, el Observatorio añade que la inmigración cualificada sí está amortiguando parte del impacto. De acuerdo con el informe, la llegada de extranjeros con niveles educativos medios y altos "está permitiendo que, por ahora, todas las comunidades autónomas compensen las pérdidas de empleo neto causadas por las jubilaciones" en estos segmentos formativos. Pese a ello, advierten que este equilibrio es frágil y depende de que los flujos migratorios continúen creciendo de forma sostenida.

El ejemplo de Asturias

Lejos de ser una excepción, Asturias ilustra con claridad este proceso. La población del Principado de Asturias alcanzó los 1.020.009 habitantes el pasado 1 de octubre de 2025, según la última Estadística Continua de Población publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Son 7.365 personas más respecto de las que había un año antes. Sin embargo, este crecimiento no se explica por la población autóctona, sino por la inmigración. En los últimos doce meses, los movimientos migratorio han incorporado 9.276 personas, hasta sumar 74.805 residentes nacidos en el extranjero, que ya representan el 7,3% del total. Mientras tanto, la población nativa ha vuelto a reducirse, pasando de los 947.115 asturianos que había en octubre de 2024 a los 945.204 actuales.

En paralelo, la estructura laboral revela un mercado de trabajo cada vez más tensionado. Según el informe Mercado de Trabajo y Pensiones que publica anualmente la Agencia Tributaria, la comunidad autónoma contaba en 2024 con 323.142 asalariados y 275.341 pensionistas, una diferencia de 47.801 personas que ilustra lo estrecho que se ha vuelto el margen entre quienes trabajan y quienes están jubilados. De hecho, esta brecha llegó incluso a invertirse durante la crisis sanitaria de 2020 y 2021, una señal de lo expuesto que puede llegar a estar el mercado laboral español si, en futuros shocks, la inmigración no mantiene su papel compensador.

Además, como ya se ha mencionado, la presión de la jubilación de la generación del baby boom se irá incrementando gradualmente. Cada año se sumarán más retirados de los que la población joven asturiana es capaz de reemplazar, lo que situaría a la región en pérdidas netas de empleo si dependiera únicamente de su relevo interno. Y, en línea con los datos del INE, la realidad es clara: en los últimos años solo la inmigración ha evitado que Asturias reduzca aún más su población y fuerza laboral, actuando como la única fuente de relevo generacional disponible en la región.

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