Teresa Peramato ha acudido este jueves a la Comisión de Justicia del Congreso para defender su idoneidad para el puesto de fiscal general del Estado. La fiscal que aspira a ser la máxima representante del Ministerio Público ha empezado su primer discurso público, desde que el Gobierno propusiera su nombre, haciendo alusión a la condena del Tribunal Supremo a su predecesor en el cargo, Álvaro García Ortiz.

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"No puedo ni debo eludir una mención al procedimiento penal recientemente seguido ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Es una profunda herida que ha atravesado la Fiscalía española y que ha de sanar -espero y deseo- bajo mi dirección y con el trabajo y esfuerzo de todas y todos los fiscales de este país. Cuento con todos ellos", ha remarcado.

No obstante, antes de reconocer las consecuencias derivadas de la investigación a García Ortiz, Peramato ha querido "reconocer" la labor desempeñada por todos sus antecesores. En especial, ha elogiado el trabajo realizado por García Ortiz y por todo su equipo en el "camino recorrido para la modernización de la Fiscalía española".

Acto seguido, ha enfocado gran parte de su discurso en defender la independencia del Ministerio Público y de sus miembros como "auténticos garantes de la ley". Peramato ha aprovechado para responder a las críticas vertidas en los últimos meses por diferentes actores sociales y ha sostenido que defender lo contrario a la imparcialidad de la institución es "desconocer el funcionamiento de la Fiscalía, sus mecanismos para la toma de decisiones, su sistema de garantías y contrapesos".

Reforma impulsada por Bolaños

Tras realizar un breve repaso de su trayectoria profesional, Peramato ha enumerado cuáles serán sus principales objetivos como fiscal general del Estado. En este contexto ha hecho especial mención a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con la que el Ministerio de Justicia propone trasladar a los fiscales la instrucción de causas penales.

Peramato ha descrito esta proposición de ley liderada por Félix Bolaños como "crucial", una petición histórica del Ministerio Público, que "trasciende a la lógica de partidos y a la propia contienda política". Seguidamente, ha pedido a los partidos su apoyo para aprobar dicha reforma que ha calificado como "norma transformadora de nuestra vetusta justicia penal".

"El Ministerio Fiscal tiene características y herramientas que lo convierten en un actor óptimo para esta misión. De hecho, el sistema acusatorio es el que fluye con más naturalidad de la Constitución, que reserva a los jueces la función de juzgar y ejecutar lo juzgado y a la Fiscalía el ejercicio de la acción pública", ha añadido.

En este sentido, Peramato ha reconocido que el cambio de modelo procesal ha de llevar consigo "un replanteamiento de la normativa reguladora del Ministerio Fiscal y un blindaje de su autonomía e independencia en todos los ámbitos". Esta petición ha sido defendida por todas las asociaciones fiscales que, sin embargo, la mayoría de ellas entiende que la reforma propuesta por el Gobierno no es suficiente para garantizar la indendencia de la Fiscalía.

Por su parte, la que será la nueva fiscal general del Estado ha insistido en que el texto del Ejecutivo incluye "importantes mejoras", pero ha reconocido que desde el Ministerio Público "se aspira a más". "Mi propósito, señorías, es impulsar durante mi mandato las actuaciones y reformas precisas para seguir avanzando en autonomía y, en especial, en la imprescindible autonomía presupuestaria, que debe garantizarse, aunque sea de manera progresiva", ha sentenciado.

Ha pedido la ampliación de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal. Esto es necesario debido a "las crecientes funciones que las últimas novedades legislativas atribuyen al Ministerio Fiscal" y, más aun, con la futura entrada en vigor del nuevo modelo procesal, que aconseja adaptar la plantilla y los medios de apoyo de manera progresiva.

También ha dedicado parte de su discurso en exponer sus objetivos en materia de igualdad: "Me propongo seguir promoviendo la paridad y las medidas de conciliación y corresponsabilidad". Aunque ha reconocido importantes logros en los últimos años, ha defendido la necesidad de "seguir avanzando".

"En materia de protección y tutela a las víctimas, es mi firme propósito dotar a los y las fiscales de las herramientas doctrinales necesarias para unificar los criterios de actuación en esta materia, de manera que se aprovechen al máximo los recursos que el ordenamiento jurídico confiere para su protección, atención y acompañamiento en el proceso", ha añadido.

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