Las tensiones entre el Ejecutivo y los autónomos continúan. Este jueves, el Ministerio de Hacienda ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden por la que prorroga el Régimen de Estimación Objetiva por Signos, Índices o Módulos —más conocido como régimen de módulos— para 2026. Es decir, han extendido para el siguiente ejercicio el método de tributación simplificada que utilizan más de un millón de trabajadores por cuenta propia y que determina la cuota de IRPF que tienen que pagar a partir de unos parámetros estándar que establece el Gobierno —como el tamaño del negocio o el número de empleados— en lugar de su facturación real. Así, al inicio del ejercicio, el empresario sabe con certeza qué resultado va a declarar y qué importe va a pagar a Hacienda. 

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La simplicidad del modelo —menos carga administrativa, menos obligaciones contables y cuotas más previsibles— se ha diseñado particularmente para facilitar el trabajo de las pequeñas empresas. Por ello, la orden confirma que siguen dentro del sistema: los bares y restaurantes, los comercios minoristas, los taxistas y transportistas y también las actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Además, en el BOE se ha ratificado el mantenimiento de la reducción del 5% sobre el rendimiento neto de módulos, el mismo ajuste que Hacienda lleva aplicado desde 2020.

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No obstante, para seguir en el sistema de módulos, los autónomos deben cumplir unos límites de ingresos, de gastos en compras y de personal contratado. Si se superan, la ley obliga al empresario a tributar mediante el sistema general y este punto ha sido, precisamente, donde se ha originado el conflicto: el Gobierno todavía no ha prorrogado los límites de facturación vigentes que dan acceso al régimen, un vacío que amenaza con expulsar a más de 300.000 profesionales cuando arranque 2026, según las estimaciones de la Unión de Profesionales y Autónomos (UPTA).

Los umbrales de 2016

De acuerdo con las declaraciones que ha ofrecido este jueves el presidente de UPTA, Eduardo Abad, "el problema no radica" en la orden del BOE, sino en la ley a la que remite. En 2016, el entonces ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, fijó unos límites de acceso al régimen de módulos inferiores respecto de los que se han aplicado en los últimos años. Aquella norma establecía que solo podían permanecer en el régimen los autónomos que facturasen hasta 150.000 euros en operaciones con clientes o 75.000 euros cuando facturaban a otras empresas. Sin embargo, estos topes quedaron en suspenso mediante prórrogas anuales y fueron sustituidos por los límites vigentes de 250.000 y 125.000 euros, respectivamente.

Abad ha advertido de que la situación es especialmente grave porque, si el Gobierno no reactiva esos límites antes de final de año mediante un real decreto ley, los topes reducidos volverán a aplicarse de forma automática el 1 de enero y, si esto sucede, "se quedarán fuera del sistema más de 300.000 autónomos".

Y, en conversación con este periódico, el presidente de UPTA lamenta además la falta de interlocución con la Administración: "Es absolutamente imposible conectar con determinados responsables", señala, una ausencia de diálogo que, en su opinión, agrava la incertidumbre cuando apenas quedan unas semanas para el cierre del ejercicio.

Cuando un decreto fallido dejó a los autónomos en el limbo

La tensión actual recuerda al arranque de 2025, cuando el Gobierno puso en riesgo la continuidad de miles de autónomos en el sistema de módulos por su propia estrategia legislativa. Ante la falta de Presupuestos y la necesidad de ajustar distintas partidas, el Ejecutivo agrupó en un decreto ómnibus una larga lista de medidas heterogéneas —desde la revalorización de las pensiones hasta ajustes fiscales y financieros— y decidió incluir ahí también la prórroga de los límites de facturación de los autónomos.

Ese paquete de reformas, que necesitaba convalidación parlamentaria para entrar en vigor, fue rechazado por el Congreso de los Diputados y arrastró consigo la prórroga de los ímites de facturación. El resultado fue inmediato: miles de autónomos amanecieron el 1 de enero técnicamente fuera del régimen.

Solo más adelante, ya entrado el primer trimestre, el Ejecutivo aprobó un real decreto específico que restauró los umbrales de 250.000 y 125.000 euros. Este episodio dejó claro —como advirtieron ATA, UPTA y UATAE— que la estabilidad del sistema no podía depender cada año de decretos de última hora. Pero, con el Parlamento nuevamente dividido y sin consensos visibles, las asociaciones temen que el escenario de 2025 vuelva a reproducirse este diciembre.