Peramato defendió en febrero ante Luzón estrechar la protección a los informantes de casos de corrupción

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, recibió en febrero en la sede de la Fiscalía al presidente de la de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), Manuel Villoria Mendieta. Se trata de una figura creada para facilitar la colaboración con la Justicia de denunciantes de casos de corrupción, de modo que éstos queden a salvo de presiones y/o amenazas. Lo más llamativo de dicha reunión es que a Peramato se unieron otros miembros de la Fiscalía, entre ellos, el fiscal contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, que no es otro que Alejandro Luzón. El mismo al que la fiscal general ha ordenado que no rebaje más la pena de Víctor de Aldama a pesar de ayudar en el esclarecimiento de distintos casos de corrupción en torno a la trama que nació en el seno del Ministerio de Transportes durante la pandemia y por la que también están imputados José Luis Ábalos y Koldo García.

En aquella cita del pasado 9 de febrero se acordó reforzar la colaboración entre la Fiscalía y la Autoridad Independiente, figura que echó a andar en agosto del año pasado por trasposición de una directiva de la UE. Y, para ello, Peramato y Villoria hablaron de trabajar mano a mano en la elaboración de un protocolo destinado a facilitar el intercambio de información en la lucha contra la corrupción.

Los populares han puesto el foco en la Autoridad Independiente de Protección al Informante

También acudeiron a dicha convocatoria el fiscal de Sala jefe de la Secretaría Técnica, Julio Cano Antón; el fiscal de Sala Coordinador de Delitos contra la Administración Pública, Emilio Jesús Sánchez Ulled, y el fiscal responsable del sistema interno del Ministerio Fiscal, Manuel Campos Sánchez, lo que da una idea del rango del encuentro.

Precisamente, los populares han puesto el foco en el papel de esta Autoridad Independiente que debe velar por proteger a los informantes. Y aunque no entra entre los cometidos de este organismo nada que afecte a pactos con la Fiscalía o rebaja de penas, forma parte de los instrumentos del Estado con los que afrontar la lucha contra la corrupción. No deja de ser por ello paradójico que Peramato hablara de estrechar la colaboración para ser más efectivos en esta tarea y, dos meses, después impida a Luzón plantear una nueva rebaja de pena contra Aldama, en la medida en que puede desencentivarle a colaborar en el resto de los casos judiciales que tiene pendientes.

La superior jeráquica se ha impuesto a su subordinado. Pero eso no impidió al fiscal Anticorrupción alegar ayer, en la presentación del informe que pone fin al juicio, que la declaración de llamado "nexo corruptor" ha sido corroborada "por otros elementos" y tiene el valor de no haber intentado exculparse. De hecho, recordó, "ha admitido su participación decisiva" incorporando a sus declarciones otros hechos no conocidos hasta ahora por la investigación.

Luzón se une al criterio del PP de "atenuante reforzada" para Aldama, pero mantiene la pena de 7 años

Si bien admite Luzón que la declaración del empresario "no es decisiva para la acreditación" de algunas de las supuestas conductas penales objeto de juicio, sí "lo ha sido para avanzar en muchos aspectos de la investigación". Y tras hacer este alegato defendió, como hicieron las seis acusaciones populares bajo la asistencia letrada del PP, "apreciar la atenuante como muy cualificada" y "admisible". Se atuvo, en todo caso, a la petición, ya rebajada, de 7 años de pena frente a los 24 que pide contra Ábalos y los 19 y medio contra Koldo.

Los populares entienden que la Fiscalía "rompe con el principio básico de que colaborar con la Justicia en contra de la corrupción tiene consecuencias jurídicas favorables en forma de beneficios a la hora de la petición de penas". Y recuerdan cómo el gobierno de Pedro Sánchez impulsó en 2024 la creación de la Autoridad Independiente de Protección al Informante "para, supuestamente, proteger y fomentar las denuncias de corrupción".

Indulto a José Luis Peñas por colaborar con la Justicia

Se aprobó el mismo día en que el ejecutivo anunció la concesión del indulto a José Luis Peñas, el ex concenjal del PP en Majadahonda (Madrid) por colaborar en la denuncia y esclarecimiento de la trama 'Gurtel'. Condenado a poco más de cinco años de prisión, su papel fue "fundamental para poder investigar y enjuiciar la mayor trama de corrupción de la democracia, algo que podría haber sido muy difícil sin su colaboración", dijo entonces Moncloa. Lo cierto es que fue Peñas el que reveló la existencia de una trama corrupta, no así Aldama, quien decidió colaborar una vez eclosionó el caso ante el complicado horizonte judicial que le espera.

Para Génova "colaborar con la Justicia solo compensa si es en contra del PP y a favor del Gobierno" y denuncian que el Ministerio Fiscal, a su juicio, "actúa como un apéndice político más, alineando sus decisiones con los intereses del Ejecutivo, en lugar de con los principios de legalidad e imparcialidad". Los populares han pedido la comparecencia de Bolaños para dar cuenta de la situación de la Autoridad Independiente, de la que dicen carece de presupuesto propio, sin apenas recursos y con dependencia ministerial de Justicia. Exigen un calendario concreto para corregir deficiencias "y garantizar una protección real y homogénea de las personas informantes".