Tres agentes de la Guardia Civil destinados en la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Madrid (USECIC) se enfrentan a un total de 23 delitos por una larga sucesión de robos, extorsiones, agresiones, revelación de secretos y abusos cometidos principalmente en la Cañada Real Galiana.

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La Fiscalía sostiene, según ha podido saber El Independiente, que actuaron “abusando del ejercicio de su cargo y prevaliéndose del mismo”, apropiándose de drogas, dinero, joyas y material de la Benemérita, además de intimidar, agredir a vecinos de la zona y de abusar sexualmente de una mujer.  

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Los acusados, todos ellos agentes de la Guardia Civil, actuaban mientras estaban de servicio. Según el escrito de acusación, “sustraían efectos de las entradas y registros que realizaban, golpeando e intimidando a las personas que frecuentaban la Cañada Real Galiana para apoderarse de sustancias estupefacientes o cantidades monetarias”, además de acceder a las bases policiales de forma ilegal y revelar información reservada a terceros con fines lucrativos.

15 gramos de cocaína y 20 euros

Entre los primeros hechos que se destacan, se relata como uno de los agentes, J.A. “apuntó con su arma” a una consumidora habitual de cocaína “y le obligó a entregarle 4 gramos” que llevaba encima. En otro episodio similar, la amenazó con denunciarla si no le daba “los 6 gramos de cocaína que llevaba consigo”.

La Fiscalía describe también un presunto sistema de extorsión continuada. Tras consultar ilegalmente las bases policiales, J. A. descubrió que un vecino tenía vigente una orden de búsqueda y detención y, a partir de ese momento comenzó a exigirle dinero semanalmente. Según el documento, logró que le entregara “500 euros a la semana a cambio de no denunciarlo”, alcanzando un total de 8.000 euros.

Parte de esa información policial fue compartida con terceros. El 14 de julio de 2020, el agente envió por WhatsApp una fotografía y un pantallazo con los datos de la orden de busca, acompañado del mensaje: “Qué pasa niño dile a Javier de los cojones que todas las semanas me tiene que dar 500 pavos que si no hago una nota informativa y le rompo la cara”. Ese mismo día, según la Fiscalía, golpeó a una mujer en el rostro para quitarle “unos 15 gramos de base de cocaína” y 20 euros. La víctima sufrió hematomas en la cara y la nariz.

Un pendiente por 5 euros

Los hechos no se limitaron a la droga. Durante controles y registros domiciliarios, los agentes se apropiaron de dinero en efectivo, joyas y relojes. En Majadahonda, J. A. y J. R. habrían sustraído 240 euros de la cartera de un conductor mientras lo distraían en un control. Después, para justificar la actuación, redactaron una denuncia falsa, “faltando a la verdad de manera deliberada”.

Durante los registros domiciliarios los agentes aprovecharon su posición para llevarse dinero y objetos de valor con un patrón que se repite en varias actuaciones. En una vivienda de Collado Mediano, J. A. se apropió de “200 euros pertenecientes a los moradores del domicilio”. En otros operativos, el botín incluyó una “cadena de oro”, una “pulsera de la marca Pandora cuyo valor según tasación pericial asciende a 80 euros” y “un pendiente de aro de plata cuyo valor según tasación pericial asciende a 5 euros”.

Además, se llevaron varios relojes durante un registro en Getafe, entre ellos “tres relojes de la marca ‘Hublot’”, además de piezas “Viceroy” y “Guess”. Parte de estas joyas acabaron en establecimientos de compraventa. Una cadena fue vendida por “un importe de 281 euros”. Otros relojes no llegaron a colocarse en el mercado y fueron recuperados más tarde durante la entrada y registro del domicilio de J. A. en Rivas Vaciamadrid, siendo posteriormente reconocidos “sin género de dudas” por su legítima propietaria, según recoge el escrito de acusación.

Inventario de material

Uno de los capítulos más llamativos del sumario es el inventario del material oficial acumulado en casa de J. A. durante una entrada y registro en Rivas Vaciamadrid, los investigadores hallaron, en plena pandemia de Covid-19, cajas de guantes, mascarillas quirúrgicas y KN95, gel hidroalcohólico, gafas de protección, un etilómetro con sus boquillas, aerosoles de defensa, mantas térmicas, botiquines, silbatos y cinta de balizamiento, entre muchos otros efectos.

También aparecieron “tres chalecos antibalas”, una camiseta con emblema de la Guardia Civil, un chaleco reflectante y un anorak que, según el escrito, había intercambiado previamente por dinero.

La Fiscalía subraya que todo ese material era “de dotación colectiva y para uso durante el servicio estando prohibido su uso de manera particular”, y que ninguno de los agentes estaba autorizado a llevárselo a su domicilio.

Un delito de abuso sexual

Además, J. A. está acusado de falsificar una denuncia de pérdida de documentación usando un formulario oficial en blanco y un sello de la Guardia Civil que conservaba sin autorización, con el objetivo de ayudar a un tercero a eludir una orden de ingreso en prisión.

El escrito recoge igualmente episodios de especial gravedad protagonizados por el tercer acusado. Ó. M. apuntó con su arma a un vecino durante una discusión mientras le decía: “te voy a quitar la vida”. También se le atribuye un delito de abuso sexual por realizar tocamientos en la cara a una mujer “con ánimo lascivo”, causándole “un gran desasosiego”.

En total, la Fiscalía imputa 23 delitos que incluyen robo con intimidación, robo con violencia, extorsión, revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, malversación, falsedad documental, amenazas y abuso sexual, con la agravante común de abuso de superioridad.

En su escrito, el Ministerio Público solicita para J. A., considerado el principal implicado, una acumulación de penas que alcanza 51 años y 10 meses de prisión, resultado de seis condenas de cinco años, cuatro de cuatro años, una de cuatro años y medio y otra de 16 meses, además de múltiples multas e inhabilitaciones.

Para J. R., la Fiscalía pide cinco años de cárcel, junto a varias multas e inhabilitación para empleo o cargo público. En el caso de Ó. M., se reclaman cuatro años de prisión, 18 meses por el delito de amenazas y 30 meses por abuso sexual, además de prohibición de aproximación y comunicación con la víctima durante cuatro años, cinco años de libertad vigilada y seis años de inhabilitación para actividades con menores.