España mantiene contratos en vigor con las empresas armamentísticas israelíes seis meses después de la aprobación del embargo

Seis meses después de su aprobación, el embargo de armas a Israel impulsado por el Gobierno español sigue siendo, en la práctica, un marco legal lleno de excepciones, zonas grises y escasa transparencia. El Real Decreto-ley 10/2025, aprobado en septiembre como respuesta política a la ofensiva sobre Gaza, no ha supuesto una ruptura efectiva de las relaciones armamentísticas. Más bien al contrario: los contratos continúan en vigor y la dependencia tecnológica de la industria israelí persiste.

"El Gobierno español sigue proporcionando información escasa y deliberadamente imprecisa sobre la implementación de este decreto ley y sobre su eficacia para poner fin al comercio de armas con Israel", denuncia un informe publicado este jueves por el Centre Delàs de Estudios por la Paz. El documento dibuja un panorama que cuestiona directamente el alcance real del embargo. El documento, que analiza medidas concretas, decisiones gubernamentales y programas de armamento en curso, concluye que “todo indica que las relaciones militares entre España e Israel no se han eliminado”, pese a la narrativa oficial.

La crítica se centra en tres ejes: las excepciones introducidas por el propio Gobierno, la opacidad en la ejecución del denominado plan de desconexión y la continuidad de contratos millonarios con empresas israelíes o sus filiales.

El primer punto quedó evidenciado en diciembre de 2025, cuando el Consejo de Ministros aprobó una excepción a la prohibición de transferencias de material de defensa y productos de doble uso. Esa decisión permitió la integración de componentes israelíes en algunos de los principales programas aeronáuticos españoles, como el A400M, el A330 MRTT, el C295 o el dron táctico SIRTAP. Lejos de ser un caso aislado, el informe interpreta esta excepción como una puerta abierta que “vacía de contenido” el embargo.

A ello se suma la falta de claridad sobre el llamado Plan de Desconexión de la tecnología militar israelí, anunciado por el Ministerio de Defensa pero nunca concretado. No existe documentación pública que detalle su alcance, calendario o impacto sobre los sistemas actualmente en servicio o en desarrollo. Tampoco se ha especificado si los 79 Programas Especiales de Modernización (PEM), que constituyen el núcleo de la inversión militar española, incorporan tecnología israelí.

Se mantiene la dependencia a la tecnología israelí

De hecho, el informe solo identifica dos programas afectados de manera explícita: la adquisición de misiles contracarro Spike LR2 y el sistema de lanzacohetes SILAM. Pero incluso en estos casos, las alternativas planteadas no rompen la dependencia.

En el caso de los Spike LR2, adjudicados por 287 millones de euros y desarrollados por PAP Tecnos —filial española de la empresa israelí Rafael—, la propia compañía presentó en febrero de 2026 una propuesta para sustituir el sistema por el MELLS, una versión europea del mismo misil. Sin embargo, el informe advierte que “aunque los componentes no procedan directamente de Israel, siguen siendo de patente israelí”, lo que perpetúa la dependencia. El hecho de que la alternativa haya sido planteada por una empresa cuyo accionista único es el Estado israelí refuerza, según el Centre Delàs, las dudas sobre su validez.

Un escenario similar se reproduce en el programa SILAM, valorado en 697 millones de euros. Aunque el consorcio encargado —formado por Escribano y Rheinmetall-Expal— ha planteado una alternativa nacional, el informe subraya la falta de transparencia sobre su contenido real. La sospecha es que la tecnología israelí podría mantenerse de forma indirecta, ya sea a través de la filial alemana de Elbit Systems o mediante el programa EuroPULS, en el que participa esta misma compañía.

Más allá de estos ejemplos, el documento apunta a zonas de sombra especialmente relevantes. Uno de los casos más significativos es el del vehículo blindado Dragón VCR 8x8, un programa valorado en 2.612 millones de euros. El Ministerio de Defensa no ha aclarado si incorpora componentes israelíes, pese a que en diciembre de 2025 ya se entregaron las primeras 30 unidades. Para el Centre Delàs, esta falta de información refuerza la idea de una “política deliberada de opacidad”.

No se han anulado los contratos firmados desde octubre de 2023

El dato más contundente, sin embargo, es el volumen de contratos en vigor. Según el informe, el Ministerio de Defensa no ha anulado ninguno de los contratos adjudicados a empresas israelíes, a sus filiales en España o a uniones temporales de empresas en las que participan desde el 7 de octubre de 2023. El total asciende a 1.208 millones de euros.

Entre ellos destacan tres grandes programas: los misiles Spike LR2 (287 millones), el sistema SILAM (697 millones) y el acuerdo marco POD Designador para sistemas de combate aéreo (207 millones). En conjunto, suman cerca de 1.200 millones de euros y siguen plenamente operativos.

El informe denuncia además una práctica que califica de “desinformación”: la anulación de anuncios de adjudicación o formalización de contratos sin que ello implique la cancelación efectiva de los mismos. El Centre Delàs ha identificado al menos 35 contratos afectados por esta maniobra administrativa. “Anular los anuncios de los contratos en ningún caso significa anular los contratos en sí”, advierte el documento.

En este contexto, la organización reclama una revisión profunda del marco legal para convertir el embargo en una herramienta efectiva. Entre las medidas propuestas figuran la prohibición de transferencias dentro de la Unión Europea de material con patente israelí, la imposibilidad de contratar con empresas israelíes o sus filiales, y la restricción del tránsito de armamento a través de territorio español, incluidas las bases militares utilizadas por Estados Unidos.

“Ante la falta de transparencia, los subterfugios y la desinformación, es crucial que el Gobierno rinda cuentas respecto a la relación continuada con la industria militar israelí y rompa definitivamente esos lazos”, señala Eduardo Melero, investigador del Centre Delàs y autor del informe.

Más de 600 organizaciones de la sociedad civil han respaldado estas demandas en el marco de la campaña Fin al comercio de armas con Israel. Ya en el momento de la aprobación del decreto advirtieron de que “el texto incluye graves excepciones y no garantiza un blindaje real”. Seis meses después, sostienen, los hechos confirman ese diagnóstico. Mientras la tramitación parlamentaria del decreto como proyecto de ley permanece paralizada desde octubre de 2025, el embargo sigue operando en una zona ambigua.