El Congreso convalida el decreto anticrisis del Gobierno con la abstención de PP y Podemos y el rechazo de Vox

El pleno del Congreso de los Diputados dio luz verde este jueves al decreto ley de medidas anticrisis para hacer frente a la repercusión económica derivada de la guerra en Irán. El texto fue aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros Extraordinario y tenía un margen de 30 días para su convalidación en la Cámara. Está valorado en 5.000 millones de euros. Al voto de los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, se adhirieron con su apoyo ERC, EH Bildu, PNV, Coalición Canaria y BNG, el último en incorporarse. En la votación estuvo presente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En la abstención se ubicó el PP de Alberto Núñez Feijóo horas antes a la votación (137) tras dudar, criticar el conjunto del texto y tras comprobar que no se tocaba el IRPF o la energía nuclear. En esa posición ya estaban los cuatro diputados de Podemos, que al inicio de semana ya definieron como insuficiente el texto al no toparse los precios de la energía y los alimentos, y Unión del Pueblo Navarro (UPN), que no tenía previsto oponerse al asunto. Solo Vox rechazó el decreto.

Entre las principales medidas [aquí el documento completo en el BOE] que se incorporan en este paquete están las rebajas fiscales en la electricidad, la energía y el combustible, con bajadas del 21% a 10% del IVA, o las ayudas al sector del transporte y al de la agricultura. En detalle, sobre la electricidad se suspende temporalmente el impuesto de generación eléctrica, se reduce el impuesto especial sobre la electricidad del 5,11% al 0,5%. El bono social eléctrico y el término se refuerza y se da garantía de suministro energético y de agua. El Gobierno se reserva nuevas capacidades se supervisión y sanción a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Para la industria electrointensiva se bonifica el 80% de los peajes eléctricos y se plantean deducciones en el IRPF para la instalación de placas fotovoltaicas, puntos de recarga o bombas de calor.

Desde el Gobierno la defensa de decreto la desempeñó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Advirtió de la necesidad de este paquete, dado que los expertos recalcan que la guerra y el bloqueo de petroleros para su paso por el estrecho de Ormuz "puede provocar el mayor shock energético de la historia". Más allá de esta propuesta para paliar el impacto económico, Cuerpo hizo hincapié en la apuesta del Gobierno por abordar "las vías diplomáticas y el respeto al derecho internacional". Cuerpo, pese al riesgo que supone el conflicto para las economías del mundo, recalcó que España se encuentra en un momento "estructural más fuerte que hace unos años" por el crecimiento y la inversión en renovables. "Es un seguro de vida", afianzó.

Un resultado previsto tras atar el voto de Junts

El PSOE ató los votos de Junts, proclive a ello desde el inicio de semana, asumiendo la transposición de la directiva europea 2020/285 para rebajar impuestos a los trabajadores y pequeñas empresas, y eximir del pago del IVA a autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales. Una acción a la que el Gobierno se venía resistiendo desde hace meses. Tras votar el PSOE esa medida, se dejaba camino libre para ese apoyo posconvergentes, que consideraron que el texto recoge "la columna vertebral" de sus recetas económicas.

Antes de la sesión, con la mayoría de socios de investidura de su lado salvo Podemos, el Ejecutivo ya contaba con la mayoría simple necesaria para la convalidación. Fue entonces cuando el PP anunció ese sentido del voto, su abstención, abriéndose incluso puntualmente a un apoyo claro si el PSOE aceptaba deflactar el IRPF, algo en lo que se viene insistiendo desde el primer escudo social a raíz de la guerra en Ucrania en abril de 2022. No lo lograron.

Durante la sesión, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, acusó al Gobierno de haber "copiado" una gran parte de las medidas hoy refrendadas de las propuestas de su partido, pero las presentadas son "insuficientes". "Más del 50% de las rebajas fiscales las van a pagar las comunidades autónomas", reprendió Bravo a Cuerpo. "Las medidas llegan mal y tarde", aseguró. Cargó igualmente contra Sumar, por el choque del viernes en Consejo de Ministros.

Vista puesta sobre el decreto de prórroga de alquileres

Durante el debate en el pleno, desde Sumar y otras fuerzas de la izquierda se instó a seguir presionando para que haya un giro de las derechas, para que el descontento social las mueva. Aina Vidal, de los comunes -integrada en Sumar- clamó contra el PSOE para "no hacer tan difícil" la defensa de la clase trabajadora. Desde el espacio plurinacional se reprocha al PSOE y a su ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez la falta de implicación para que este decreto prospere. La propia ministra, a mediodía pidió a Junts ese apoyo concreto, en todo caso.

Uno de los más duros en esta cuestión pese a que el decreto abordaba otros asuntos económicos fue Gabriel Rufián. El republicano primero calificó de "rácano" este decreto presentado y que avaló. "Es rácano, como casi todos los decretos del PSOE. Ojalá ellos pudiesen llegar más lejos, pero tienen la fuerza que tienen". Sobre vivienda y prórroga de alquileres, llamó a "presionar entre todos a Junts, que es el único lenguaje que entienden, porque lo que van a hacer es una salvajada y por un interés que nadie entiende".

Sin embargo, desde el PP, Vox y Junts no se cede. Los populares definieron tras el Consejo de Ministros Extraordinario del viernes que había "dos decretos", uno de "derechas" y otro de "izquierdas". Por su parte, Junts viene insistiendo desde poco después de conocerse el segundo decreto de que no lo apoyará. Para los posconvergentes este tipo de medidas "no funcionan" y "se han cargado el mercado del alquiler". No cree que quien se enriquezcan sean los propietarios, sino el Estado con los impuestos que recauda de las ventas de inmuebles, explicó Míriam Nogueras en una entrevista previa al debate de esta tarde. Cree que el Gobierno fomenta una "guerra de propietarios e inquilinos".

Desde Junts se sugiere que el Gobierno podría asumir los impagos de las familias vulnerables para dar solución al problema. "Se acaba el problema para los inquilinos y también para los pequeños propietarios, que hay muchos que también están sufriendo".