El juez que investiga al que fuera director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha acordado solicitar los informes médicos a los centros sanitarios que atendieron a la denunciante tras la presunta agresión sexual.
Según una providencia a la que ha tenido acceso El Independiente, el magistrado ha requerido al Punto Violeta del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid que remita un informe elaborado por la psicóloga que atendió a la presunta víctima, así como al psiquiatra de la Clínica Salud Día de Rivas Centro que le ofreció tratamiento.
Fuentes jurídicas consultadas por este periódico explican que la mujer acudió a recibir asistencia sanitaria en julio de 2025, unos tres meses después de los hechos denunciados. Tras ello, se activaron los protocolos de atención, lo que derivó en su baja psicológica y en la retirada preventiva de su arma reglamentaria.
Los hechos se remontan al 23 de abril de 2025. Ese día, la agente se encontraba de servicio en la Comisaría de Coslada cuando, según la denuncia, comenzó a recibir varias llamadas del entonces DAO en las que le reclamaba que acudiera a reunirse con él "con carácter urgente" al restaurante en el que estaba comiendo junto al comisario Óscar San Juan. La mujer se excusó diciendo que estaba trabajando, pero González insistió "haciendo uso explícito de su autoridad" y le indicó "que abandonara su puesto de trabajo" para ir a verlo.
Para ello, el alto mando ordenó que la denunciante fuera trasladada hasta el local en un vehículo oficial camuflado de la propia comisaría. Tras la comida, González despidió a su conductor oficial y exigió a la agente que condujera ella misma el coche para llevarle a su domicilio, según la denuncia. Una vez allí, el entonces DAO la presionó durante unos 20 minutos de forma "obsesiva" para que accediera a subir al inmueble con el argumento de que necesitaban hablar en un lugar donde no les vieran ni los vecinos ni el portero. La mujer finalmente accedió y, ya en el interior —concretamente en la cocina—, la situación habría derivado en la agresión.
La querella sostiene que González inició un acercamiento físico de carácter sexual que la mujer rechazó "de forma verbal, expresa y continuada". Pese a ello, el escrito relata que el entonces máximo responsable operativo de la Policía habría bloqueado su salida y continuado con una conducta agresiva que terminó, presuntamente, en una agresión sexual con penetración.
El escrito sostiene además que, tras el episodio denunciado, González habría iniciado una campaña "obsesiva e intensiva de acoso" durante meses contra la agente a través de teléfonos oficiales, después de que esta bloqueara sus números personales.
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