El DAO contradice a los agentes de la UCO que declararon ante el juez Pedraz y "normaliza" la apertura de expedientes

El teniente general Manuel Llamas, director adjunto operativo (DAO), ha declarado este jueves como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por su presunta implicación en una trama que, supuestamente, pretendía interferir en las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) que afectaban al entorno del PSOE y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según fuentes jurídicas consultadas por El Independiente, Llamas, que ha respondido a todas las preguntas formuladas durante su declaración, habría contradicho la versión ofrecida por varios agentes de la UCO que comparecieron ante Pedraz durante la fase de instrucción de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional. Asimismo, ha negado tajantemente haber indicado a los agentes que se mantuvieran "de perfil".

Durante una declaración en la que el Ministerio Fiscal habría formulado preguntas de manera especialmente incisiva, Manuel Llamas ha rechazado las acusaciones que pesan sobre él. Ha negado en todo momento que hubiera presiones de su parte y de la cúpula de la Guardia Civil hacia los agentes de la UCO.

Manuel Llamas ha tenido que responder por la presunta comisión de un delito continuado de prevaricación administrativa y un delito contra la Administración de Justicia por obstrucción. La investigación que dirige el juez Pedraz trata de esclarecer si la cúpula de la Guardia Civil instrumentalizó el régimen disciplinario interno y empleó de manera irregular sus facultades administrativas para "presionar, intimidar y obstaculizar" el trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO), concretamente del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción (DIECAN) liderado por el teniente coronel Antonio Balas.

El origen de las pesquisas se sitúa en la presunta trama coordinada operativamente por la exmilitante socialista Leire Díez que, según la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular unificada, habría estado supervisada por el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. El objetivo de esta red era neutralizar y desacreditar las investigaciones de la UCO que afectaban al propio partido, a su entorno y a miembros del Gobierno.

Tres informaciones reservadas bajo sospecha

La Fiscalía sostiene que la cúpula de la Guardia Civil activó de forma "excepcional" y "no habitual" hasta tres informaciones reservadas contra la UCO, coincidiendo con avances en las investigaciones que afectaban al entorno del presidente del Gobierno y al PSOE. La primera, fue abierta en diciembre de 2024 por el DAO tras la publicación del correo institucional de Begoña Gómez en el caso del hermano del Presidente del Gobierno condenado el pasado martes.

La segunda se activó de urgencia en mayo de 2025, después de que salieran a la luz mensajes entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, y fue archivada tras la advertencia del Tribunal Supremo sobre una posible interferencia ilícita en la investigación judicial. Y la tercera, fue ordenada en septiembre de 2025 por Mercedes González y llegó a requerir a la UCO la identificación profesional de los agentes que investigaban causas relacionadas con el entorno del Ejecutivo.

Instrucciones de "ponerse de perfil" y ocultación de datos

La tensión interna en el cuerpo ha quedado acreditada por las declaraciones testificales de altos mandos, como el General Jefe de Policía Judicial, Alfonso López Malo, y el entonces Jefe de la UCO, Rafael Vicente Yuste. Ambos ratificaron bajo juramento que tanto el anterior Director General, Leonardo Marcos (excluido de la citación como investigado por el juez), como el DAO Manuel Llamas les conminaron a "ponerse de perfil" y a "no ser proactivos" en las causas con "afectación política", especialmente en la relativa al hermano del Presidente del Gobierno.

Asimismo, se investiga por qué el DAO ocultó deliberadamente a la UCO durante diez días una nota de despacho de la Jefatura de Información que alertaba de una "agresiva campaña de desinformación" de las cloacas del PSOE para destruir la credibilidad de la UCO, identificando directamente a Leire Díez y señalando que la Directora General tenía conocimiento de ello.

Presión interna, aforamiento y confianza en el Gobierno

La comparecencia de hoy ha abierto una brecha sin precedentes en el Instituto Armado. Diversos altos mandos y asociaciones profesionales habían recomendado a Manuel Llamas que dimitiera antes de declarar para evitar el desgaste de la institución, recordándole que habría perdido la "fuerza moral" para mandar.

Cabe destacar que, por su rango, el teniente general Manuel Llamas goza de aforamiento ante la Sala V del Tribunal Supremo para delitos cometidos en el ámbito castrense. No obstante, la Fiscalía defiende que la competencia corresponde a la jurisdicción ordinaria —la Audiencia Nacional—, dado que los hechos investigados se circunscriben al estricto desempeño de funciones de policía judicial y no a la protección de bienes jurídicos estrictamente militares.