La Fiscalía pide amparo al Constitucional para anular la condena a García Ortiz

La Fiscalía ha recurrido al Tribunal Constitucional para tratar de anular la sentencia del Supremo que condenó al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos, después de que "él o una persona de su entorno inmediato" filtrasen el correo en el que el abogado del empresario Alberto González Amador —pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso— reconocía que "ciertamente" su cliente había cometido dos delitos de fraude fiscal.

Según un comunicado difundido por el propio Ministerio Público, desde la institución han solicitado amparo al Constitucional al considerar que los magistrados de la Sala de lo Penal que condenaron a García Ortiz vulneraron cinco de sus derechos fundamentales tanto en la investigación judicial como en la propia sentencia.

El que fuera fiscal general del Estado desde 2022 fue condenado el año pasado a 12 meses de multa con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo por tiempo de dos años. El fallo se dio a conocer el 20 de noviembre, y se resolvió con los votos a favor de cinco de los siete magistrados que conforman el tribunal, en concreto, Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela. Las magistradas Ana María Ferrer y Susana Polo fueron quienes emitieron los dos votos particulares.

La interpretación de los indicios "más desfavorable"

Según se desprende del comunicado, la Fiscalía considera que el tribunal vulneró el derecho a la presunción de inocencia de García Ortiz al haberle condenado a partir de una prueba indiciaria "manifiestamente inidónea", tras haber escogido la interpretación de los indicios "más desfavorable" para el acusado.

Asimismo, traen al foco las declaraciones de los periodistas que testificaron en el juicio —celebrado a principios de noviembre— y, aunque se acogieron a su derecho a no revelar sus fuentes, negaron "categóricamente" que hubiera sido el entonces fiscal general.

"La sentencia omite toda referencia a estos contenidos de descargo o exculpación", apunta el Ministerio Fiscal, añadiendo que el tribunal justificó esa "falta de valoración" con una interpretación "constitucionalmente inasumible" de la cláusula de secreto periodístico. "A priori, resta toda credibilidad al testimonio de un periodista que se ha acogido a ella".

Otro de los extremos que, a parecer de la Fiscalía, se han vulnerado, es el derecho a un proceso con todas las garantías, "en relación con los derechos a la inviolabilidad del domicilio, al secreto de las comunicaciones, a la intimidad y a la protección de datos", recoge el comunicado. En concreto, se refieren a que el borrado de conversaciones por parte de García Ortiz de su teléfono —uno de los indicios que sustentan la condena— habría sido obtenido de forma "ilícita" como resultado de lo que califican como "indiscriminada medida de injerencia" tomada por el magistrado que instruyó la causa, Luis Ángel Hurtado.

"No estaba justificada por razón de la penalidad del delito del investigado, ni tenía en cuenta la información de extrema sensibilidad en su poder", defiende el Ministerio Público en su comunicado.

Igualmente, la Fiscalía argumenta que se ha vulnerado "el derecho a conocer la acusación y defenderse de ella", puesto que en la delimitación final de los hechos que fueron juzgados se excluyó la nota de prensa del 14 de marzo de 2024. Sin embargo, argumenta que la sentencia "da un giro argumental sorpresivo" atribuyendo un carácter delictivo a dicha nota, lo que supone una "ruptura flagrante" del objeto del proceso y una "imputación novedosa" de la que García Ortiz no pudo ni tenía tenía por qué defenderse.

Por último, el Ministerio Público asegura que la interpretación que ha hecho el Alto Tribunal del tipo penal de revelación de datos reservados como infracción formal de un deber de reserva "desborda los límites semánticos" del enunciado normativo del Código Penal de ese artículo y que, además, resulta contraria a toda la jurisprudencia antecedente del Supremo. "Conduce, además, a resultados axiológicamente incompatibles con el papel preponderante que tiene en nuestro Estado democrático el derecho de los ciudadanos a dar y recibir información veraz", argumenta la Fiscalía.