El Gobierno aprobará el martes el nuevo Plan de Vivienda, dotado de 7.000 millones

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez elevará el próximo martes al Consejo de Ministros la aprobación definitiva del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, una ambiciosa hoja de ruta que prevé triplicar la inversión hasta los 7.000 millones de euros. El objetivo central de este incremento presupuestario es fortalecer el parque público y asegurar que los recursos públicos tengan un impacto duradero en el bienestar de la ciudadanía.

Una de las claves políticas de este nuevo plan es el "blindaje" de la vivienda pública, estableciendo que ni un solo euro de inversión se destine a inmuebles protegidos que puedan ser privatizados en el futuro. El anuncio fue realizado por la ministra durante la jornada 'Habitar el mundo rural: vivienda y futuro', celebrada en Pozuelo de Calatrava, donde se subrayó la importancia de las políticas habitacionales para combatir el reto demográfico y revitalizar los entornos rurales.

El programa sitúa la rehabilitación como un pilar fundamental para "vivir mejor", desglosando ayudas directas para mejorar la habitabilidad de los edificios. En concreto, se contemplan subvenciones de hasta 8.000 euros para reformas estructurales, 13.000 euros para mejorar la accesibilidad y un máximo de 20.500 euros para rehabilitaciones energéticas, cuantía que dependerá del ahorro en el consumo de energía primaria y las dimensiones de la vivienda.

Asimismo, el Gobierno ha diseñado una línea de protección específica para el patrimonio histórico, ofreciendo ayudas adicionales de hasta 30.000 euros para inmuebles situados en cascos históricos. Esta medida permite que una vivienda que acometa una reforma integral de estructura, accesibilidad y eficiencia en estas zonas protegidas pueda alcanzar una subvención total de hasta 50.000 euros.

Para movilizar el mercado del alquiler, el plan incentiva a los propietarios privados a ceder sus inmuebles para alquiler asequible durante siete años a cambio de una compensación económica. En estos casos, el Ejecutivo invertirá hasta 12.000 euros en reformas previas al alquiler y otros 18.000 euros para su devolución en condiciones óptimas; además, se crean ayudas de hasta 35.000 euros para rehabilitar viviendas vacías que se pongan en alquiler residencial por al menos cinco años.

Finalmente, el plan apuesta decididamente por el entorno rural con ayudas de hasta 85.000 euros para construir vivienda pública en municipios de menos de 10.000 habitantes. En paralelo, se fomentará el arraigo de los jóvenes menores de 35 años mediante una ayuda de 15.000 euros para la compra o construcción de su primera vivienda en estas localidades, una medida que podrá extenderse a municipios de hasta 20.000 habitantes si sufren pérdida de población.