Batalla hasta el final: el 'caso Begoña Gómez' terminará en el Supremo, que ya criticó la investigación del juez Peinado

Va para rato. Después de que el juez Juan Carlos Peinado haya continuado el procedimiento contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno ve cómo se acerca la posibilidad de que termine en el banquillo, una cuestión que dependerá de la Audiencia Provincial de Madrid. El magistrado ha insistido en que la causa debe ser enjuiciada por un jurado popular, si bien existen dudas de que el juicio vaya a celebrarse en ese formato. Con todo, las fuentes jurídicas consultadas por El Independiente dan por hecho que el recorrido judicial será largo y acabará en el Tribunal Supremo, previo paso por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Previsiblemente, la decisión de Peinado de procesar a la mujer de Pedro Sánchez será recurrida ante la Audiencia en los próximos días por las defensas de los tres acusados: Gómez, su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés. Una cuestión que el tribunal madrileño, según indican otras fuentes, tardará alrededor de tres meses en resolver. Su pronunciamiento será clave, puesto que de él dependerá que haya juicio y, en su caso, en qué formato.

El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid ha procesado a Begoña Gómez por cuatro delitos: tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. La ley establece que el tribunal del jurado es competente para juzgar los dos primeros. El instructor siempre ha sostenido que éstos arrastran al resto, por lo que la causa en su conjunto debería ser enjuiciada por un tribunal popular.

Pero si la Audiencia Provincial entendiera, por ejemplo, que no existen indicios suficientes para sostener el delito de tráfico de influencias, sobre el que pivota toda la investigación, pero sí los otros, la esposa de Pedro Sánchez podría acabar en un juicio ordinario. Si fuera ante jurado, la vista se celebraría sí o sí en la Audiencia Provincial. Si no, dependería de las peticiones de pena: por encima de cinco años, correspondería igualmente a la Audiencia; por debajo, a un Juzgado de lo Penal.

Begoña Gómez denunció este viernes en un escrito que Peinado ha impulsando una instrucción "anormalmente acelerada" que "vulnera" su derecho de defensa. Así se expresó su abogado, el exministro del Interior Antonio Camacho, que critica que el auto por el que se propone juzgarla se haya dictado sin que el instructor resolviera un recurso que había presentado. Si bien reconoce que no tiene efectos suspensivos, considera que la falta de respuesta "atenta al derecho de defensa".

El "palo" del Supremo a Peinado

Las fuentes jurídicas consultadas señalan su convencimiento de que la causa contra Begoña Gómez terminará en el Tribunal Supremo. No sería la primera vez que el alto tribunal se pronuncia sobre esta investigación. Ya lo hizo cuando Peinado elevó una exposición razonada para imputar al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tras tomarle declaración en plena Semana Santa de 2025.

En términos especialmente duros, en un auto firmado por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, junto a los magistrados Julián Sánchez, Pablo Llarena, Ángel Hurtado y Leopoldo Puente, el Supremo rechazó la pretensión del instructor. Peinado atribuía a Bolaños un delito de malversación en relación con la contratación en Moncloa de Álvarez cuando el ahora ministro era secretario general de la Presidencia del Gobierno, y también apuntaba a un posible falso testimonio.

El alto tribunal fue tajante. En su resolución, afeó la "absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotado de mínima verosimilitud" sobre la participación del aforado en los hechos investigados. Además, reprochó que la exposición no precisara aspectos básicos, como la unidad administrativa en la que prestaba servicio la asesora, si en el Gabinete del Presidente o en la Secretaría General de Presidencia, ni describiera una desviación grave de funciones o una intervención concreta en su nombramiento más allá de su cargo institucional.

En el recorrido del caso también ha tenido intervención el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aunque en un plano distinto. Lo hizo cuando Pedro Sánchez se querelló contra Peinado utilizando a la Abogacía del Estado por haberle citado a declarar como testigo de forma presencial en el verano de 2024. El presidente del Gobierno, que se acogió a su derecho a no declarar contra su cónyuge, sostenía que el juez había cometido un delito de prevaricación al obligarle a comparecer en persona. Los servicios jurídicos del Gobierno defendían que el instructor había dictado una resolución injusta a sabiendas al impedirle declarar por escrito.

Peinado rechazó esa posibilidad al considerar que la ley solo permite la declaración por escrito de los miembros del Ejecutivo en supuestos vinculados al ejercicio del cargo y sobre hechos conocidos por razón de éste, y no cuando se trata de cuestiones de carácter personal o relacionadas con su entorno familiar. El juez entendió que, en este caso, la condición de esposo de Begoña Gómez situaba la declaración fuera de ese ámbito, por lo que debía realizarse de forma presencial.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior madrileño rechazó la querella y también su posterior ampliación. Los magistrados descartaron que Peinado incurriera en revelación de secretos al dar traslado a las partes del vídeo de la declaración en Moncloa y subrayaron que incluso de los silencios pueden extraerse conclusiones en el marco de un procedimiento judicial.

Los indicios contra Begoña Gómez

Aunque la instrucción ha sido una de las más polémicas de los últimos años, lo cierto es que la Audiencia Provincial de Madrid ha avalado siempre el núcleo de la investigación de Peinado. No obstante, también le ha instado a acotar algunas líneas en las que el juez insistía, como el supuesto papel de Begoña Gómez en el rescate de la aerolínea Air Europa. Asimismo, revocó decisiones como la imputación del rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, y del exconsejero madrileño y actual directivo del Instituto de Empresa, Juan José Güemes.

Con todo, los magistrados coinciden con Peinado en situar el eje de la causa en la relación entre la esposa del presidente del Gobierno y el empresario Juan Carlos Barrabés. Según la Sección 23, Gómez "debía de venir aprovechándose de su proximidad al Presidente del Gobierno, como su esposa, para vender supuestos favores u ofrecer supuestas influencias, siempre eso sí, a cambio de contraprestaciones de la más diversa índole". Unas actuaciones que, añadía el tribunal, estarían "encaminadas a proyectar su carrera profesional en la búsqueda de una posición privilegiada en un sector novedoso".

En ese contexto, la Audiencia apuntaba que "las empresas del grupo Barrabés resultaban una pieza clave en el desarrollo e implementación de la cátedra, para el lanzamiento y supuesta excelencia profesional desde la cual se habrían urdido el resto de actividades", sobre la que se proyecta la sospecha delictiva, consistente en una "clara desviación de poder".

Tras conocerse la decisión del juez de seguir el procedimiento contra Begoña, Bolaños aseguró que la investigación del instructor había "avergonzado a muchos ciudadanos de nuestro país" y también "a muchos jueces y magistrados" y que había hecho "daño al buen nombre de la Justicia". Estas palabras del ministro provocaron la reacción de los compañeros de Peinado, que en un comunicado con pocos precedentes salieron a defender al togado.

Los jueces instructores de Madrid aseguraron que Peinado ha sufrido un "cuestionamiento permanente de su labor jurisdiccional" por una "investigación concreta". "La ley es igual para todos, sin privilegios, y desde esta premisa seguiremos desempeñando nuestra función constitucional", aseguraron.