Marco Antonio, presidente de ATME: “Somos militares cuando interesa y civiles invisibles para los derechos”

Marco Antonio Gómez, presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), ha aprovechado la movilización conjunta de policías, guardias civiles y otros colectivos de seguridad en Madrid este fin de semana para lanzar un diagnóstico contundente sobre la situación de los militares en España. Marco Antonio denuncia un sistema que, asegura en una entrevista con El Independiente, los sitúa en una especie de “limbo” en el que cambian de estatus según convenga a la Administración siempre en detrimento de las fuerzas armadas.

El presidente de ATME ha insistido en que el problema no es solo de reconocimiento simbólico, sino estructural. “Somos militares cuando interesa y civiles invisibles cuando hay derechos”, ha reiterado, subrayando lo que considera una contradicción permanente en el tratamiento institucional del personal militar.

Uno de los principales reproches que ha planteado es la falta de reconocimiento de la profesión de riesgo para los militares, en línea con las reivindicaciones de policías y guardias civiles. “Es humillante que no se nos reconozca como profesión de riesgo”, ha señalado, al considerar que el riesgo forma parte inherente del trabajo militar, tanto en territorio nacional como en misiones internacionales.

Operaciones exteriores

Gómez ha recordado que las Fuerzas Armadas participan en operaciones en el exterior en contextos complejos como Líbano, Irak o antiguas misiones en Afganistán o Kosovo, y ha insistido en que el nivel de exposición al riesgo es equiparable —e incluso en ocasiones superior— al de otros cuerpos de seguridad del Estado.

“Somos una de las profesiones con más muertos en España”, ha afirmado, en referencia a la naturaleza del servicio militar, que ha vinculado directamente con la necesidad de un reconocimiento legal acorde a esa realidad.

Más allá del debate sobre el riesgo, el presidente de ATME ha puesto el foco en lo que considera una incoherencia del propio sistema jurídico y laboral que regula a los militares. “Nos mueven de un sitio a otro según convenga. Nos dicen que somos funcionarios cuando interesa y cuando no, no”, ha denunciado, en alusión al encaje ambiguo de las Fuerzas Armadas dentro del marco de la función pública.

Ausencia de estatuto

Durante la entrevista Gómez ha cuestionado también la ausencia de un estatuto laboral equiparable al de otros trabajadores. “No tenemos un contrato, tenemos un compromiso”, ha explicado, subrayando que esta diferencia es clave para entender la falta de derechos laborales que, según denuncia, afectan al colectivo militar.

El presidente de ATME ha alertado además de las consecuencias a largo plazo del actual modelo de personal en las Fuerzas Armadas, especialmente en lo relativo a las pensiones y las clases pasivas. Según ha advertido, la coexistencia de distintos regímenes generará desigualdades en el futuro del sistema si sale adelante la reforma que plantea ahora Defensa.

“Esto generará una situación en la que alguien que ha entrado después que yo se pueda jubilar antes que yo. Es incongruente”, ha señalado, en referencia a la convivencia entre regímenes antiguos y el sistema general de la Seguridad Social.

Vivienda militar 

El problema de la vivienda militar ha sido otro de los puntos críticos de su intervención. Gómez ha denunciado que, solo en Madrid, existen más de 760 militares en lista de espera para una cama, una situación que, según afirma, refleja la falta de planificación estructural en materia de alojamiento.

“No sabemos dónde están viviendo muchos compañeros”, ha advertido, apuntando a situaciones de precariedad que van desde pisos compartidos hasta soluciones temporales fuera de los acuartelamientos.

En el plano económico, el dirigente de ATME ha puesto el acento en las diferencias salariales dentro del propio mercado laboral español. Ha citado el caso de soldados y marineros que ganan alrededor de 1.326 euros mensuales, una cifra que ha comparado con otros sectores.

“No es lógico que un militar cobre menos que otros trabajos que no implican el mismo riesgo”, ha señalado, en referencia a la falta de actualización de las retribuciones dentro de las Fuerzas Armadas.

Recursos en Defensa

Gómez ha aprovechado también para cuestionar la gestión de los recursos en el Ministerio de Defensa. Aunque ha evitado entrar en un debate político directo, sí ha planteado interrogantes sobre el destino del presupuesto militar. “¿Dónde está yendo el dinero? No vemos mejoras en el personal”, ha afirmado, criticando la falta de impacto de las partidas económicas en las condiciones laborales.

La intervención del presidente de ATME se ha producido en un contexto de creciente movilización de los cuerpos de seguridad del Estado, que reclaman mejoras salariales, reconocimiento de la profesión de riesgo y una reforma de sus condiciones de jubilación. En ese marco, los militares han querido sumarse a las reivindicaciones, pero también marcar su propio diagnóstico.

“No puede haber militares de primera y militares de segunda”, ha concluido Gómez, en una frase que sintetiza el espíritu de su intervención y que conecta con el malestar expresado por otros colectivos presentes en la protesta.

La intervención de ATME refuerza así la idea de un malestar transversal en el ámbito de la seguridad del Estado, donde policías, guardias civiles y militares coinciden en el diagnóstico.