Zapatero intercedió ante el presidente de Bolivia para frenar una condena de 107 millones de dólares contra el Grupo Gloria

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se encuentra en el centro de una investigación de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Zapatero está siendo investigado por liderar presuntamente una red dedicada al "ejercicio de influencias de carácter ilícito" para beneficiar a grandes corporaciones. En un nuevo informe de la UDEF, al que ha tenido acceso El Independiente, aparece como centro el Grupo Gloria, un gigantesco conglomerado empresarial de origen peruano para el cual el político español habría mediado directamente ante el presidente de Bolivia, Luis Arce, con el objetivo de frenar una condena judicial de 107 millones de dólares.

A cambio de estas gestiones de intermediación, que incluyeron reuniones presenciales en La Paz y llamadas telefónicas directas con el jefe del Estado boliviano, Zapatero habría percibido un total de 200.000 euros. Para camuflar estos pagos, según la hipótesis policial, se utilizó un contrato de asesoría simulado con una empresa de marketing peruana llamada Focus Social Research SAC, que actuó como sociedad interpuesta.

El origen del conflicto

Para entender la dimensión de la mediación de Zapatero, es necesario remontarse al conflicto judicial que asfixiaba al Grupo Gloria en Bolivia. Su filial local, la Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE), arrastraba un litigio millonario desde el año 2011, cuando la Fábrica Nacional de Cementos S.A. (FANCESA) la demandó por actos de competencia desleal.

Tras años de batalla en los tribunales, la situación se volvió crítica. El 4 de febrero de 2025, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia emitió el Auto Supremo 59/2025, ratificando que SOBOCE debía pagar una indemnización de aproximadamente 107 millones de dólares a favor de FANCESA. Con las cuentas de la cementera en peligro y sin más recursos ordinarios disponibles, el Grupo Gloria activó presuntamente la vía de la influencia política internacional.

El "contrato de asesoría" como pantalla

La maquinaria se puso en marcha en mayo de 2024 en Madrid. El informe de la UDEF detalla que María del Carmen Almendras, exembajadora de Bolivia en España y asesora de la consultora Kreab, actuó como intermediaria clave. Tras varias reuniones en la oficina de Zapatero en la calle Ferraz y en el hotel Santo Mauro de Madrid, la secretaria del expresidente, Gertrudis Alcázar, coordinó la redacción de un contrato de prestación de servicios.

El documento definitivo fue aportado por Ana María Ospina, directora de Asuntos Corporativos del Grupo Gloria. Sin embargo, el cliente que figuraba formalmente en el papel no era el holding cementero, sino Focus Social Research SAC, representada por Mariano Carranza. El contrato estipulaba unos honorarios de 200.000 euros pagaderos en tres plazos, además de una dieta de 10.000 euros diarios en caso de viaje.

La UDEF es tajante en sus conclusiones y dice que Focus Social Research no recibió ningún servicio real. Fue una pantalla para canalizar los fondos del Grupo Gloria hacia la cuenta bancaria personal de Zapatero en España, donde se recibieron tres transferencias, una de 100.000 euros en julio de 2024 y dos de 50.000 euros en junio de 2025.

Gestiones al más alto nivel

Con el dinero en marcha, Zapatero desplegó presuntamente su influencia. En septiembre de 2024, el expresidente viajó a Bolivia. La UDEF ha reconstruido la agenda de aquel viaje gracias a los mensajes intervenidos a su secretaria. El 15 de septiembre de 2024, Zapatero mantuvo dos encuentros cruciales en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz. El primero con el ministro de Economía boliviano, Marcelo Montenegro, y seguidamente con el propio presidente, Luis Arce Catacora.

Para preparar estas citas, Zapatero exigió a Carmen Almendras una actualización urgente sobre el conflicto de la cementera. Almendras le remitió un documento titulado "Posibles acuerdos Estado Soboce v3.docx", que contenía cinco alternativas de negociación política para presentárselas al Gobierno boliviano. Todas ellas tenían una condición innegociable: «la bajada de la demanda de FANCESA en contra de SOBOCE».

Hablar con el presidente de Bolivia

La presión no cesó tras el viaje. Cuando el Tribunal Supremo boliviano ratificó la condena de 107 millones de dólares en febrero de 2025, SOBOCE presentó a la desesperada una Acción de Amparo Constitucional. Fue entonces cuando la intermediación de Zapatero se volvió más intensa, según la UDEF.

El 4 de mayo de 2025, Zapatero le ordenó a su secretaria: "Hay que intentar hablar con el presidente de Bolivia". Tras intensas gestiones con Fabiola Salazar, jefa de Gabinete de Luis Arce, se coordinó una llamada telefónica directa entre ambos mandatarios. Al día siguiente, siguiendo instrucciones de Zapatero, su secretaría solicitó al Gobierno boliviano el contacto del Procurador General del Estado, Ricardo Condori, la máxima autoridad en arbitrajes del país.

La respuesta del Ejecutivo boliviano evidenció la efectividad de la mediación. El 6 de mayo de 2025, la jefa de Gabinete de Arce envió el contacto del procurador, pero la llamada de Zapatero ya no fue necesaria. El propio ministro de Justicia de Bolivia, César Siles, se había adelantado llamando a Zapatero para confirmarle que él mismo ya había hablado con el procurador general para trasladarle "las indicaciones oportunas".

Un resultado judicial a medida

El desenlace de esta cadena de favores e influencias políticas se materializó apenas tres semanas después de aquellas llamadas. El 30 de mayo de 2025, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz declaró procedente el amparo constitucional presentado por SOBOCE, dejando sin efecto de forma temporal la sentencia que obligaba al Grupo Gloria a pagar los 107 millones de dólares.

Cumplido el objetivo político y judicial, el Grupo Gloria procedió a liquidar los pagos pendientes con el político español. A mediados de junio de 2025, Focus Social Research transfirió los últimos 100.000 euros a la cuenta de Zapatero, completando el precio de una mediación internacional que la UDEF califica abiertamente como una "dinámica de intermediación e influencias de carácter ilícito".