Los mandos de la Guardia Civil piden el cese de la directora y el DAO: "No podemos entender que quienes aplican esos criterios sean inmunes a ellos"

La imputación de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y del director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, ha desatado una batería de comunicados de asociaciones del Instituto Armado. Todas ellas coinciden en pedir la dimisión de ambos tras conocerse su presunta implicación en la trama que intentaba acabar con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. A las peticiones formuladas por diferentes asociaciones de agentes, se han sumado este jueves las organizaciones que representan a los mandos, que consideran "incompatible" continuar al frente del Cuerpo mientras ambos permanecen investigados judicialmente.

En un comunicado conjunto, las asociaciones de mandos expresan su "consternación por la situación en la que se está viendo inmersa la imagen de la Guardia Civil y la pérdida de prestigio y confianza que esto puede generar en la ciudadanía". Aunque muestran su respeto por la presunción de inocencia, sostienen que "es incompatible la imputación judicial por cualquier delito con la permanencia en el cargo de Directora General de la Guardia Civil y de Director Adjunto Operativo".

El artículo 92

La posición de las asociaciones cobra especial relevancia porque fundamentan su petición en los criterios que, aseguran, la propia Dirección General viene aplicando desde hace años al resto de los integrantes del Instituto Armado. En este sentido, y tal y como ha adelantado El Independiente, recuerdan que el artículo 92 de la Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil prevé que el procesamiento o la investigación por un delito pueda dar lugar a la suspensión de funciones, mientras que el artículo 66 permite apartar de los procesos de ascenso a quienes se encuentren inmersos en un procedimiento penal o disciplinario.

"No son pocos los miembros de la Guardia Civil que han sido apartados de sus funciones, o son suspendidos sus procesos de ascenso, de condecoraciones, etc., por estas autoridades, al estar incursos en procedimientos penales o disciplinarios, pese a no existir sentencia condenatoria", recuerdan las asociaciones. Por ello, lanzan la crítica más contundente del comunicado: "No podemos entender que quienes aplican esos criterios sean inmunes a ellos cuando les afectan".

A juicio de las organizaciones que representan a los mandos, la gravedad de la situación obliga a adoptar las mismas medidas que habitualmente se aplican a cualquier guardia civil investigado. Por ello concluyen que, "sin perjuicio del respeto a la presunción de inocencia", tanto Mercedes González como Manuel Llamas "deberían presentar su dimisión o ser apartados, en coherencia con los mismos principios y criterios que estas autoridades vienen aplicando a los guardias civiles bajo su mando".

La imputación de la cúpula

El comunicado llega apenas unas horas después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordara citar como investigados a ambos responsables por presuntos delitos continuados de prevaricación administrativa y de obstrucción a la Justicia dentro de la investigación sobre la presunta trama impulsada por la exmilitante socialista Leire Díez para obtener información reservada y desacreditar a la UCO. Ambos están citados a declarar el próximo 16 de julio.

Las asociaciones de mandos no han sido las únicas en reclamar responsabilidades. JUCIL exigió la dimisión "inmediata" de Mercedes González y el cese del DAO al considerar que la continuidad de ambos resulta "completamente insostenible" y compromete el prestigio de la Guardia Civil. Su secretario nacional defendió además que "quien debe liderar a los guardias civiles en la persecución del delito no puede estar bajo la lupa de los tribunales como investigada" y reclamó la salida de la directora general "por dignidad institucional". La AUGC también ha reclamado públicamente la marcha de ambos dirigentes. Su portavoz, Diego Madrazo, aseguró que había "llegado el momento de hablar claro" y advirtió de que, si no presentan su dimisión, "alguien debe invitarles a que se vayan".

Pese al creciente malestar interno, el Ministerio del Interior mantiene su respaldo a la directora general y al DAO. Tras conocerse la decisión judicial, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska reiteró su "confianza" en ambos y confirmó que seguirán ejerciendo sus funciones mientras colaboran con la Justicia. El comunicado del Ministerio, sin embargo, no aclara si tiene previsto abrir los correspondientes expedientes disciplinarios, una medida que, según distintas fuentes de la propia Guardia Civil consultadas por El Independiente, constituye la práctica habitual cuando un miembro del Cuerpo adquiere la condición de investigado en un procedimiento penal.