Hoy, 15 de julio, era la fecha tope para que el Gobierno traspusiera una directiva europea que endurece los delitos contra la explotación sexual de la mujer y, en general, la trata de personas. Han pasado dos años desde que la Eurocámara, primero, y el Consejo Europeo, después, adoptaron una nueva directiva para castigar con mayor severidad a los clientes que acceden a los servicios de mujeres prostituidas a sabiendas de que son víctimas de trata. Pero no sólo. También incorpora expresamente como nuevos delitos la gestación subrogada forzada y matrimonios no consentidos, todos ellos cometidos contra las mujeres.

PUBLICIDAD

Una de las razones por las que el Ejecutivo no ha asumido esta directiva europea puede residir en las discrepancias con sus socios gubernamentales y con buena parte de las formaciones de la izquierda que le dan sostén parlamentario. Porque si bien el PSOE se declara abolicionista de la prostitución y aboga por perseguir a los puteros, otra parte de la izquierda es regulacionista. Significa que es partidaria de dar cobertura legal a esta actividad y reconocer derechos laborales de las prostitutas.

PUBLICIDAD

El incumplimiento puede acarrear multas millonarias

El PSOE aprobó sendas resoluciones en su 39 y 40 congreso federal a favor del abolicionismo y contra la tercería locativa -esto es, poner locales a disposición del ejercicio de la prostitución-. Y hace poco menos de un año, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, anunció que llevaría una ley a las Cortes. Lo hizo al albur de los "vergonzosos casos", dijo ella misma, acaecidos en las filas socialistas, cuando se destaparon las relaciones del que fuera secretario de Organización José Luis Ábalos con mujeres prostituidas, o casos como el de 'Tito Beni'. Y eso que entonces no había estallado el escándalo que rodeó a otro estrecho colaborador de Pedro Sánchez, Paco Salazar, acusado de acoso sexual por algunas colaboradoras de Moncloa, denuncias que el PSOE intentó tapar.

También hace un año la ministra habló de una nueva ley específica contra la trata. Cabe destacar que no pocas veces los socialistas han calificado al actual Ejecutivo de coalición como "el más feminista de la historia". Sin embargo hay un sector amplísimo del feminismo socialista -con voces como la de Elena Valenciano, que llegó a ser vicesecretaria general del PSOE- muy crítico con las actuaciones del Gobierno y del partido en esta materia tras los escándalos de algunos de sus dirigentes y cargos públicos. De hecho, Ferraz se comprometió a celebrar a la vuelta del verano una Conferencia de Igualdad.

Hace un mes se advitrtió al PSOE que el reloj corría para trasponer la directiva

La comisión de Igualdad del Congreso fue escenario hace un mes de un debate sobre la perentoriedad de trasponer la directiva europea, tal y como defendió el diputado y vicesecretario popular de Igualdad, Jaime de los Santos. Además, el PP llevó una PNL en este sentido. Quiere decir que el cumplimiento del plazo de dos años no cabe atribuirlo a ningún despiste, por otro lado injustificable, sino a una dejación consciente dado lo complicado de aunar posiciones entre los socios de Sánchez. Además, desde el Gobierno recuerdan que este asunto no forma parte del acuerdo con Sumar. De hecho, Redondo advirtió en su momento del riesgo de "generar falsas expectativas" y veía más probable un pacto con los populares que con sus aliados.

Además, el incumpliento no es inocuo, sino que acarrea multas millonarias. De hecho, España ya fue objeto de sanción por no retribuir el permiso parental tal y como estableció una directiva europea sobre conciliación familiar. El TJUE multó a España con una sanción de 6,8 millones de euros, además de con una multa diaria de 19.700 euros desde el dia de la sentencia hasta la trasposición de la directiva. Significa que, a partir de mañana, habrá requerimientos desde Europa y la Justicia comunitaria tomará cartas en el asunto si no se lleva la directiva de la trata al Parlamento para su aprobación.

"Penas efectivas, proporcionadas y disuasorias"

En el caso de los clientes de prostitución, según la directiva europea, los Estados miembros deben considerar una infracción penal el hecho de que una persona "utilice los servicios prestados por una víctima de trata de seres humanos a sabiendas de que lo es". Así "deben garantizar que este delito sea punible con penas efectivas, proporcionadas y disuasorias".

Sobre la "maternidad subrogada" -término que usa la Unión Europea frente al de "vientres de alquiler", que emplean las organizaciones feministas- se encuadra en la trata con fines de explotación, aunque queda muy lejos de prohibirse esta práctica. La directiva señala que se actuará "contra aquellos que coaccionan o engañan a la mujer para que actúe como madre subrogada".

En definitiva, los nuevos tipos de explotación que añade la directiva europea aprobada hace dos años, esto es, matrimonio forzado, adopción ilegal y maternidad subrogada con engaño, se castigarán con una pena máxima de al menos cinco años de prisión, o de al menos diez años en caso de delitos agravados. Pero si el Gobierno no lo lleva para su debate y votación en el Congreso, no se incorpora a la legislación nacional.