La UCO destapa un pacto secreto para reservar el 10% de la obra de la cárcel de Zubieta al socio de Santos Cerdán

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha incorporado al sumario de la presunta trama de adjudicaciones públicas vinculada al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán uno de los indicios que considera más reveladores sobre el funcionamiento interno de la red. En un informe, al que ha tenido acceso El Independiente, un mensaje de WhatsApp intervenido durante la investigación refleja cómo el empresario Joseba Antxón Alonso, socio de Cerdán en la mercantil Servinabar 2000 SL, explicó a otro empresario que el 10% de la construcción del nuevo centro penitenciario de Zubieta (San Sebastián) estaba reservado para ellos pese a no figurar oficialmente en la Unión Temporal de Empresas (UTE) que obtuvo la adjudicación.

La conversación forma parte del informe elaborado por la UCO y constituye uno de los elementos utilizados por los investigadores para sostener que Servinabar participó de forma indirecta en una de las mayores obras penitenciarias licitadas en los últimos años por el Estado. La construcción del Centro Penitenciario Norte III, promovida por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), fue adjudicada el 24 de febrero de 2021 por un importe de 42.766.283,59 euros a una UTE integrada por Acciona Construcción, con el 50% de participación, Construcciones Murias, con el 25%, y CYCASA Canteras y Construcciones, con el 25% restante. Sin embargo, para la Guardia Civil ese reparto oficial no reflejaba la distribución real de los intereses económicos que existían detrás de la operación.

El mensaje: "Nosotros el 10%"

El principal indicio que encuentra la UCO es en una conversación de WhatsApp fechada el 22 de diciembre de 2020, apenas dos meses antes de la adjudicación definitiva. Ese día, Antxón escribió al empresario Juan Sumelzo detallando cómo, a su juicio, quedaba realmente repartida la participación en la futura UTE. "Hola Juan, se me olvidó decirte que en la licitación de prisiones aquí en el norte hay una UTE. Acciona 50%, Murias 25, CYCASA 25… de ese 25 ellos son el 15% y nosotros el 10%." A continuación añadía otro mensaje relacionado con otra licitación ferroviaria: "Y en la de ADIF de 80 millones vamos también con un 10%."

Para la UCO, estas conversaciones constituyen un indicio de que una parte de la participación atribuida formalmente a CYCASA estaba comprometida de manera interna para Antxón y su entorno empresarial, utilizando a esa constructora como vehículo para participar en la adjudicación sin aparecer oficialmente en la composición de la unión temporal. Trasladado al importe de la adjudicación, ese porcentaje equivaldría aproximadamente a 4,2 millones de euros del presupuesto global de la obra.

Dos años siguiendo la licitación

La Guardia Civil sostiene que la implicación de Antxón en este proyecto comenzó mucho antes de que la cárcel saliera oficialmente a concurso. El análisis de su teléfono móvil revela que ya el 10 de octubre de 2018 envió al entonces director de la Zona Norte de Acciona Construcción, Tomás Olarte, una noticia publicada por Diario Vasco anunciando la futura construcción del nuevo centro penitenciario de Gipuzkoa.

Cuando el procedimiento de contratación se publicó oficialmente, el 13 de noviembre de 2020, Antxón volvió a interesarse por el proyecto. Cinco días después remitió a Juan Sumelzo una captura de pantalla con los datos de la licitación acompañada de un breve mensaje: "Me llega que tu amigo tiene interés. Hablamos."

La secuencia continúa el 4 de diciembre de 2020, cuando Antxón recibió por correo electrónico un borrador del acuerdo previo mediante el cual Acciona, Murias y CYCASA formalizaban su intención de concurrir conjuntamente al concurso público. Para los investigadores, toda esta documentación demuestra que el socio de Santos Cerdán conocía con detalle la configuración de la futura UTE antes incluso de que ésta quedara definitivamente constituida.

Los pagos a Servinabar

El informe incorpora además el análisis financiero de Servinabar, sociedad de la que Santos Cerdán adquirió el 45% de las participaciones mediante un contrato privado firmado el 1 de junio de 2016. Según recuerda la Guardia Civil, no se ha localizado ningún movimiento bancario que acredite el pago de los 6.000 euros fijados en ese contrato por la adquisición de las participaciones.

Tras la adjudicación de la cárcel de Zubieta comenzaron a registrarse transferencias desde CYCASA a favor de Servinabar. La UCO identifica ingresos por 30.248 euros en 2022, 78.008 euros en 2023 y 73.235 euros en 2024, lo que suma 181.492 euros procedentes de esa constructora. Los investigadores consideran que esas transferencias constituyen un elemento más que conecta económicamente a Servinabar con la ejecución de la obra adjudicada.

La dependencia de Acciona

El análisis patrimonial efectuado por la Guardia Civil sitúa además esos ingresos dentro de una relación económica mucho más amplia entre Servinabar y Acciona. Según el informe, entre 2015 y 2025 la sociedad ingresó 8,64 millones de euros, de los que 7,5 millones, el 87% del total, procedían directa o indirectamente de Acciona o de distintas UTE vinculadas a la constructora.

La UCO destaca que esa dependencia fue especialmente intensa entre 2018 y 2021, coincidiendo con la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. Durante algunos ejercicios, prácticamente la totalidad de la facturación de Servinabar procedía de proyectos relacionados con Acciona.

Para los investigadores, existen indicios de que Santos Cerdán, junto con el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, habría influido en distintos organismos públicos para favorecer adjudicaciones que posteriormente terminaban generando retornos económicos para Servinabar mediante subcontrataciones o acuerdos con empresas participantes en las UTE adjudicatarias.

El patrimonio bajo la lupa

El informe remitido al Tribunal Supremo analiza igualmente el destino de los fondos obtenidos por Servinabar. La Guardia Civil atribuye a la sociedad el pago de alquileres de viviendas utilizadas por Santos Cerdán y su familia en Madrid, la adquisición de mobiliario, la contratación de familiares, el uso de tarjetas bancarias de la empresa para gastos particulares y el intento de comprar un inmueble en la calle Santa Cruz de Marcenado mediante una transferencia realizada directamente desde las cuentas de la mercantil.