La nueva cúpula de Plus Ultra espera el visto bueno de una SEPI con tres directivos investigados

La renovación de la cúpula de Plus Ultra tras la dimisión de su presidente, Julio Martínez Solá, y su CEO, Roberto Roselli —ambos investigados en la Audiencia Nacional— queda ahora en manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el organismo público que supervisa la compañía desde la concesión del rescate de 53 millones de euros durante la pandemia y que, a su vez, cuenta con tres de sus responsables investigados por el juez Santiago Pedraz en el 'caso Leire'. Entre ellos, la propia presidenta, Belén Gualda.

Según avanzó ABC y ha podido confirmar El Independiente, la aerolínea nombró el pasado 15 de julio al accionista minoritario Hugo Castaño como nuevo consejero con funciones ejecutivas después de que el presidente, Julio Martínez Solá, y el consejero delegado, Roberto Roselli, presentaran su dimisión. Sin embargo, el relevo todavía debe ser ratificado por la SEPI, al tratarse Plus Ultra de una empresa sometida a la supervisión del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), el instrumento creado durante la pandemia para canalizar los rescates a empresas estratégicas y a través del cual se concedió el rescate a la aerolínea en marzo de 2021.

La revocación de los poderes ejecutivos de Martínez Solá y Roselli no se hizo pública hasta el pasado 22 de julio, cuando quedó inscrita en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Sin embargo, según ha podido saber este periódico, la decisión ya estaba adoptada días antes. Así, para evitar un vacío en la dirección, el consejo de administración designó a Hugo Castaño como consejero con funciones ejecutivas, a la espera de que la SEPI ratifique formalmente el nombramiento. La previsión es que ese visto bueno llegue en las próximas semanas.

La presidenta y el vicepresidente de la SEPI, investigados

La decisión deberá adoptarla una SEPI cuya presidenta permanece investigada en la causa que instruye el juez Santiago Pedraz sobre las denominadas 'cloacas' del PSOE. Junto a ella también figura como investigado el director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), Julián Mateos-Aparicio. Además, el actual vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, también figura como investigado en la causa abierta por un juzgado de Madrid sobre el rescate de 475 millones de euros concedido a Air Europa.

Pero la investigación del denominado 'caso Leire' también alcanzó a otros antiguos altos cargos de la SEPI, como el exdirector corporativo Miguel Ángel Santiago Mesa, los exdirectivos Rosario Martín Manzanedo y Félix Azcona Lacarra, o el exdirector de Participadas III Miguel Ángel Figueroa, aunque todos ellos ya habían abandonado sus responsabilidades cuando fueron imputados.

Martínez Solá y Roselli declararán ante el juez en septiembre

El relevo en Plus Ultra coincide con el avance de la investigación que dirige el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sobre la concesión del rescate de 53 millones de euros. Martínez Solá y Roselli están citados a declarar como investigados los próximos 7 y 8 de septiembre, después de reconocer en sendos escritos remitidos al juzgado el pago de una comisión equivalente al 1% del rescate al empresario Julio Martínez Martínez, al que la investigación sitúa como presunto testaferro del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Tanto Martínez Solá como Roselli y 'Julito' fueron detenidos el 11 de diciembre de 2025 por orden del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. Tras varios meses de diligencias, el órgano madrileño se inhibió en favor de la Audiencia Nacional y el procedimiento terminó en manos del juez Calama el 3 de marzo. Hasta la semana pasada no se habían presentado escritos en los que ofrecieran en estos términos su versión sobre las gestiones que rodearon el rescate de 53 millones de euros que se concedió a la aerolínea en 2021.

En esos escritos, ambos admiten que la aerolínea l consejero delegado de Plus Ultra reconoce ante el juez que la aerolínea abonó unos 530.000 euros —el equivalente al 1% del rescate— a Martínez a través de tres sociedades: Análisis Relevante, Voli Analítica e IOT Domotic Europe. A esa cantidad habría que sumar "pagos en especie", entre ellos "numerosísimos vuelos en clase business que solicitó y no pagó (hasta 46)", valorados en 69.000 euros a razón de 1.500 euros por billete.

Ambos directivos sostienen además que la relación con Martínez no terminó con la concesión del rescate en marzo de 2021, sino que se prolongó durante varios años a través de lo que definen como "intensas labores" del empresario para la compañía en Venezuela. Entre ellas destacan la renegociación con la petrolera estatal PDVSA de una deuda por combustible que llegó a rondar los ocho millones de dólares, aplazada a cinco años y sin intereses gracias a su gestión, lo que habría supuesto un ahorro de más de dos millones de dólares para la aerolínea.