El CGPJ deja en manos del TSJ de Madrid la posible sanción a Peinado por insinuar que los escoltas de Begoña Gómez podrían facilitar su fuga

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este martes remitir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la decisión sobre una posible sanción disciplinaria al juez Juan Carlos Peinado por sugerir en un auto que los agentes encargados de la escolta de Begoña Gómez podrían colaborar en su eventual fuga. Asimismo, el órgano de gobierno de los jueces también ha remitido al tribunal madrileño otra diligencia para que valore si el instructor incurrió en una posible falta leve por retraso injustificado en la tramitación de un procedimiento.

La decisión supone revocar las dos propuestas de archivo formuladas por el Promotor de la Acción Disciplinaria, que había considerado que ninguno de los hechos revestía relevancia disciplinaria. Ahora corresponderá al Tribunal Superior de Justicia de Madrid determinar si Peinado incurrió o no en ambas faltas leves, al ser el órgano competente para sancionarlas.

Según ha informado este martes el CGPJ, la primera de las diligencias tiene su origen en el auto de medidas cautelares dictado por Peinado en la causa en la que investiga a la esposa del presidente del Gobierno. En esa resolución, el magistrado llegó a sugerir que los agentes de la Policía Nacional encargados de la escolta de Gómez podrían colaborar para facilitar su fuga.

Aunque el Promotor sostenía que esas manifestaciones solo podían ser examinadas por el tribunal superior que conociera del recurso contra la resolución, la mayoría de la Comisión Permanente considera que existen precedentes del Tribunal Supremo que permiten analizar disciplinariamente ese tipo de expresiones cuando pudieran constituir una falta de desconsideración hacia instituciones públicas.

La segunda actuación remitida al TSJM se refiere a una denuncia por un supuesto retraso injustificado en la tramitación de un procedimiento entre junio de 2024 y enero de 2026. También en este caso el Promotor había propuesto archivar las actuaciones, pero la Comisión entiende que los hechos podrían encajar en una posible falta leve de retraso.

Cuatro votos particulares

La decisión no ha sido unánime. Cuatro vocales del CGPJ —José Eduardo Martínez Mediavilla, José Carlos Orga Larrés, Isabel Revuelta de Rojas y Alejandro Abascal Junquera— han anunciado sendos votos particulares en los que defienden que ambas diligencias debían archivarse.

Respecto al primero de los asuntos, los vocales sostienen que las expresiones cuestionadas formaban parte de la motivación jurídica del auto y que, por tanto, solo pueden revisarse a través de los recursos judiciales previstos por la ley, pero no mediante la vía disciplinaria. A su juicio, activar la vía disciplinaria por ese motivo supondría afectar a los principios de exclusividad de la jurisdicción e independencia judicial, al fiscalizar el contenido de una resolución, según ha podido saber El Independiente.

En relación con el supuesto retraso en la tramitación de un procedimiento, los discrepantes respaldan igualmente el criterio del Promotor de la Acción Disciplinaria. Argumentan que la elevada carga de trabajo del juzgado, la responsabilidad del letrado de la Administración de Justicia en la dación de cuenta de los asuntos y la posterior continuación de la causa impiden apreciar una conducta disciplinariamente sancionable del juez Peinado.

Archivan otras cuatro diligencias abiertas a Peinado

Además de estas dos decisiones, la Comisión Permanente ha tomado conocimiento del archivo de otras cuatro diligencias informativas abiertas contra el juez Peinado. Entre ellas figura la presentada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por distintas incidencias "anómalas" durante su declaración como testigo en la investigación a Begoña Gómez. El órgano considera que las actuaciones denunciadas responden a decisiones jurisdiccionales o de organización procesal que no alcanzan relevancia disciplinaria.

También han quedado archivadas la queja presentada por Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, por la supuesta filtración a un medio de comunicación del contenido de una resolución judicial antes de ser notificada; la denuncia formulada por Más Madrid y el diputado socialista Guillermo Hita por la prórroga fuera de plazo de una instrucción; y otra presentada por una investigada que reprochaba al magistrado no haberle permitido declarar por videoconferencia y haber adoptado medidas cautelares que consideraba desproporcionadas.