La jueza Tardón impulsa una macrocausa para investigar la entrada masiva en Ceuta

La investigación judicial sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta de los pasados días 30 y 31 de julio avanza en los tribunales. La magistrada a cargo de la pieza principal en la Audiencia Nacional, María Tardón, impulsa desde su órgano una acumulación de diligencias que aspira a convertir la causa en una macroinvestigación única sobre todo lo ocurrido antes, durante y después de la avalancha, en la que perdieron la vida casi un centenar de personas.

La causa 'madre' arrancó a raíz de una denuncia presentada ante la Audiencia Nacional por Iustitia Europa y una posterior querella de Hazte Oír, que quedaron integradas en un mismo procedimiento en el que ejercen la acusación popular esas dos asociaciones, junto a Vox y el PP. La investigación busca determinar las circunstancias que rodearon la entrada masiva desde Marruecos, pero también quién pudo estar detrás de su organización y qué consecuencias tuvo en territorio español. Es precisamente esa amplitud de frentes la que ha llevado a la magistrada a tratar de aglutinarlo todo en un único procedimiento.

Cuando Tardón declaró la semana pasada competencia de la Audiencia Nacional para investigar la avalancha, calificó los hechos como un "grave ataque" a la integridad territorial de España y rechazó que pudieran analizarse como una sucesión de entradas irregulares aisladas. A su juicio, se trata de un fenómeno "complejo, organizado y de carácter claramente supraterritorial", con un "antes, durante y después", y abrió así una investigación que abarca presuntos delitos contra la independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros —en conexión con posibles homicidios imprudentes— y un posible delito de organización criminal.

El delegado del Gobierno y los mensajes del CNI

En ese mismo auto, al que tuvo acceso El Independiente, Tardón reclamó a las plazas 3 y 4 de los juzgados de Ceuta que le remitiesen las diligencias abiertas por los fallecimientos producidos durante la entrada masiva, tanto en la playa marroquí de Fnideq como en la zona de El Tarajal, y pidió que se informase también de la existencia de posibles procedimientos por lesiones derivados de la entrada. Pero la jueza ha dado un paso más y este lunes ha planteado a la plaza 6 del juzgado de la ciudad autónoma —a cargo de la causa contra el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano—, que valore si debe inhibirse en favor de la Audiencia Nacional y remitirle sus diligencias.

La investigación contra Pérez Triano nació de una querella de Hazte Oír para esclarecer si el delegado pudo incurrir en presuntos delitos de prevaricación omisiva, denegación de auxilio y homicidio y lesiones por imprudencia grave en comisión por omisión por su actuación durante los hechos. Hay, además, otra investigación abierta a raíz de una querella de la misma asociación por los ataques sufridos por policías, militares y vecinos durante la entrada masiva. No obstante, esta causa permanece todavía en los juzgados de la ciudad autónoma y Tardón no ha planteado su incorporación a la investigación de la Audiencia Nacional.

Por el momento, el delegado del Gobierno no figura formalmente como investigado, según precisan fuentes del caso a este periódico. La querella sitúa el origen de esa posible responsabilidad en los avisos que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) remitió el 29 de julio —un día antes de la entrada masiva— a Gonzalo Sanz, jefe de Gabinete de Pérez Triano. Según los mensajes desclasificados por el Gobierno y publicados por este periódico, el servicio de inteligencia advirtió a las 13:52 horas de un "llamamiento para asalto por valla y mar" convocado en redes sociales para el día siguiente. A las 21:34 horas de ese mismo día, Sanz y Pérez Triano mantuvieron además una conversación telefónica de once minutos.

Tras la desclasificación, el delegado aseguró en rueda de prensa que los mensajes del día 29 "no suponían una alerta ni ningún informe". Sin embargo, al día siguiente, su jefe de Gabinete presentó su dimisión y aseguró que la información que había recibido del CNI se la había trasladado al propio delegado "ese mismo día", incluida la conversación telefónica posterior.

A esta versión se suma el testimonio del diputado socialista en la Asamblea de Ceuta Melchor León, quien aseguró en televisión que Pérez Triano se encontraba presente durante la llamada de las 21:34 horas y que "sabía todo lo que iba a pasar". El delegado, por su parte, ha sostenido que desconocía tanto los mensajes como la llamada y ha descartado dimitir. Hazte Oír sostiene en la ampliación de su querella —a la que ha accedido este medio— que ambas versiones "no pueden ser verdad al mismo tiempo" y ha reclamado que León declare como testigo para esclarecer qué ocurrió durante aquella conversación

Las alertas previas y la respuesta del Gobierno

Y es que una de las líneas que más relevancia ha ido adquiriendo en la investigación es precisamente la que precedió a la entrada masiva, ya que la jueza Tardón ha abierto la puerta a analizar la respuesta de las autoridades españolas ante las alertas que se habían emitido durante los días previos sobre el riesgo de entradas a nado a la ciudad autónoma. Así, la instructora señala en su auto de competencia que deberán investigarse las actuaciones desarrolladas en territorio español relacionadas con los hechos y, expresamente, "la articulación de adecuados medios de respuesta" a la vista de las informaciones que los servicios de inteligencia emitieron antes de la avalancha.

La Policía ya había puesto el foco en esta cuestión en el informe que remitió en su momento a la magistrada. El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) advertía de que podía haber "otros sujetos con posibles responsabilidades" y señalaba que los efectos de lo ocurrido en Marruecos pudieron verse "amplificados o mitigados" por la respuesta articulada en territorio español.

Los agentes recopilaron hasta nueve alertas emitidas antes y durante la crisis. La primera llegó el 27 de julio, cuando la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Ceuta advirtió de una posible "Entrada Masiva a nado de inmigrantes". Dos días después, el CENIF alertó del "riesgo potencial de entradas irregulares" en Ceuta y Melilla coincidiendo con el 30 de julio. Los avisos continuaron durante la propia crisis. El 30 de julio se alertó del riesgo de colapso en Ceuta y Melilla y de un posible traslado posterior a la Península de quienes hubieran conseguido entrar. El 31 de julio se actualizó ese riesgo y las comunicaciones se prolongaron hasta el 4 de agosto ante la posibilidad de desplazamientos por vía marítima desde Ceuta hacia las costas de Cádiz.

Quién organizó la operación

La otra gran incógnita es qué ocurrió al otro lado de la frontera y quién pudo organizar la movilización de decenas de miles de personas. El informe del CENIF incorporado a la causa apunta a una actuación organizada desde Marruecos y habla de un "guiado activo" por parte de agentes marroquíes, que habrían dirigido a los migrantes sobre cómo superar los obstáculos y acceder a la zona fronteriza y a las aguas de El Tarajal.

La jueza comparte esa tesis y sostiene que se ha evidenciado una "clara e indudable gestión favorecedora" desde el territorio marroquí, por lo que la investigación trata de determinar quién estaba detrás de esa estructura. El análisis policial diferencia varios niveles: desde las personas que materialmente cruzaron la frontera y quienes difundieron los llamamientos en redes sociales hasta los organizadores sobre el terreno y quienes pudieron planificar y dirigir el proceso. Los dos últimos niveles todavía no están plenamente identificados. La magistrada señala, no obstante, que quienes los integrasen "sí parecen operar desde el territorio de Marruecos o en vinculación con él".

Tardón también ha puesto el foco en las muertes producidas durante el cruce. La investigación deberá esclarecer las circunstancias de los fallecimientos y determinar las posibles responsabilidades derivadas de ellos. Por este motivo, la jueza ha reclamado a los juzgados de Ceuta las diligencias relacionadas con esas muertes. El número total de cuerpos recuperados en aguas españolas asciende a 83.

La Fiscalía confía en la colaboración de Marruecos

A cargo de la causa se encuentra la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Fuentes del Ministerio Público consideran que se trata de una investigación "compleja" y su evolución estará muy condicionada por la colaboración de Marruecos. Según explican a este periódico, en estos momentos se encuentran estudiando y analizando los informes policiales incorporados a la causa y confían en que las autoridades marroquíes colaboren con la investigación.

El siguiente paso será avanzar en la identificación de los agentes y personas que aparecen vinculados a la organización de la entrada. La investigación deberá determinar, uno por uno, quiénes son, a qué cuerpo pertenecen —en su caso— y qué papel desempeñaron durante la operación. Una vez identificados, la Fiscalía contempla la posibilidad de recurrir a comisiones rogatorias para tratar de tomarles declaración en Marruecos.

El CENIF ya ha remitido a la jueza Tardón 34 fichas de agentes uniformados y "dinamizadores" de Marruecos detectados en la entrada a Ceuta. Según confirmaron fuentes jurídicas a esta casa, los agentes adjuntaron al informe que remitieron a la magistrada 10 fichas de agentes uniformados y otras 24 de individuos a los que identifica como "dinamizadores", que actuaban entre la masa de personas que trataba de acceder a territorio español. Todos ellos de nacionalidad marroquí.