El Gobierno desclasificará hoy los informes de Inteligencia sobre Ceuta

El Gobierno va a aprobar este martes en el Consejo de Ministros la desclasificación de los informes de los servicios de inteligencia y seguridad relativos a la entrada masiva de migrantes en Ceuta del pasado 30 de julio, según han confirmado fuentes de Moncloa a El Independiente. La decisión permitirá que la Audiencia Nacional acceda a la documentación que ha reclamado la magistrada María Tardón para esclarecer qué información manejaban los organismos del Estado antes de los acontecimientos, quién recibió las advertencias y por qué estas no se tradujeron en una respuesta operativa acorde con el riesgo detectado.

La instructora había requerido al Ejecutivo que levantara la clasificación de estos documentos en un plazo de quince días naturales. Su petición no se limita a conocer el contenido de las notas elaboradas por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y las unidades de información de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tardón quiere reconstruir también la cadena de transmisión de las alertas, identificar a los funcionarios que intervinieron en los intercambios de información y conocer quiénes fueron sus destinatarios dentro de la Guardia Civil y el resto de organismos implicados.

La decisión del Consejo de Ministros permitirá avanzar en una de las principales incógnitas de la investigación relacionada con saber hasta dónde llegó la información que manejaban los servicios de inteligencia antes de que miles de personas intentaran acceder a territorio español y qué responsables políticos y policiales tuvieron conocimiento de ella. La documentación puede ayudar a aclarar si las advertencias llegaron a quienes tenían que organizar el dispositivo de seguridad y en qué punto se interrumpió la comunicación entre los organismos que detectaron el riesgo y los mandos desplegados sobre el terreno.

Las alertas que manejaban los servicios de información

La importancia de los documentos se entiende al revisar los informes que ya han llegado a la causa. Los servicios de información españoles manejaban advertencias sobre la posibilidad de una movilización masiva desde Marruecos antes del 30 de julio. Uno de los documentos más relevantes es el elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), dependiente de la Policía Nacional, el 29 de julio. En él se alertaba de comunicaciones sobre posibles entradas masivas por tierra y a nado y se calificaba el cruce marítimo como el "principal foco de riesgo". El informe hablaba de una amenaza "consolidada y prioritaria", activaba una "alerta temprana" y elevaba la valoración del escenario a "riesgo muy alto".

También consta una comunicación directa del CNI a la unidad UCE-3 de la Guardia Civil. El 29 de julio, a las 13.53 horas, el Centro trasladó a los agentes información sobre un posible intento de entrada a nado y un salto a la valla al día siguiente, coincidiendo con la Fiesta del Trono en Marruecos. "Tenemos información de un intento de entradas a nado y salto a la valla para mañana, día de la Fiesta del trono", recogía el mensaje. La comunicación hacía referencia, además, a grupos de Facebook y WhatsApp en los que se estaba difundiendo la convocatoria. A ese intercambio le siguió una llamada telefónica de más de siete minutos.

La información previa

Estos documentos acreditan que distintos organismos del Estado disponían de información previa sobre el riesgo de una entrada de grandes dimensiones. Sin embargo, la existencia de esas alertas no significa que todos los responsables operativos las conocieran ni que se tradujeran en órdenes concretas. Esa diferencia ha quedado especialmente expuesta en las declaraciones incorporadas a la investigación.

El entonces inspector jefe de la Policía Nacional en Ceuta, Lorenzo Juan Fages, aseguró que no recibió una comunicación de su cadena de mando que le alertara de la dimensión de lo que podía suceder. También explicó que no se activó el protocolo previsto para las entradas masivas y resumió la ausencia de instrucciones con una frase: "Nunca llegó la orden". Su testimonio contrasta con las advertencias que constan en los documentos elaborados por los servicios de información en los días previos.

La juez quiere conocer quién recibió los avisos

La desclasificación permitirá a Tardón avanzar en la reconstrucción de las comunicaciones entre el CNI y la Guardia Civil. En su requerimiento, la magistrada reclama la relación de destinatarios de las notas remitidas por el Centro los días 27 y 30 de julio, las fechas y horas de envío y recepción y la acreditación de que las comunicaciones llegaron efectivamente a sus destinatarios. También solicita información sobre los intercambios posteriores a la entrada y los contactos mantenidos entre los servicios de inteligencia y las unidades desplegadas en Ceuta.

En la documentación aportada hasta ahora figuran identificados dos responsables del CNI. Sin embargo, la instructora quiere completar la identificación de los interlocutores de la UCE-3 que participaron en los intercambios de mensajes por WhatsApp de los días 27, 28 y 29 de julio, así como en las llamadas telefónicas de esas jornadas. Su objetivo es poder reconstruir las comunicaciones y, en su caso, tomar declaración a quienes intervinieron en ellas.

La investigación también ha puesto el foco en los contactos con los servicios de inteligencia marroquíes. Tardón ha reclamado información sobre las comunicaciones entre el CNI y sus interlocutores en Marruecos para determinar qué información se intercambió, si España realizó peticiones, quién respondió y qué contestaciones recibió. La magistrada pretende esclarecer si existió colaboración de las autoridades marroquíes antes y después de la entrada y qué información pudo trasladarse a los servicios españoles.

El Consejo de Ministros levanta el secreto

La decisión del Ejecutivo se adopta al amparo de la Ley 9/1968, de Secretos Oficiales, modificada en 1978 y todavía vigente. Su artículo cuarto atribuye la competencia para clasificar documentos al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes de Estado Mayor, mientras que el artículo séptimo establece que la cancelación de una clasificación corresponde al mismo órgano que la acordó. En este caso, el Gobierno deberá aprobar el levantamiento de la protección de los documentos cuya desclasificación ha reclamado la Audiencia Nacional.

La norma contempla dos categorías de protección, secreto y reservado, y permite mantenerlas cuando la difusión de la información pueda poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado. Además, una clasificación no supone que la documentación quede protegida de manera irreversible. El Ejecutivo puede cancelar esa protección cuando considere que han desaparecido las razones que la justificaron o que procede atender la necesidad de acceso planteada por la autoridad judicial.

Los papeles del CESID

El levantamiento del secreto tampoco implica necesariamente que toda la información se haga pública. El Gobierno puede delimitar el alcance de la desclasificación y preservar determinados datos sobre fuentes, métodos de trabajo o capacidades operativas de los servicios de inteligencia. Lo relevante para la causa es que la documentación pueda llegar a la magistrada y utilizarse en la investigación, con las garantías y limitaciones que correspondan.

El Tribunal Supremo, por su parte, puede revisar las decisiones del Ejecutivo en esta materia a través de la jurisdicción contencioso-administrativa. Así ocurrió con los denominados papeles del CESID. En 1997, el Alto Tribunal anuló acuerdos del Consejo de Ministros que habían rechazado desclasificar documentos reclamados por jueces de la Audiencia Nacional. Tras aquellas sentencias, el Gobierno aprobó los acuerdos necesarios para levantar el secreto de parte de la documentación.

Con la decisión que aprobará este martes, el Ejecutivo permitirá que la investigación de la Audiencia Nacional avance en el examen de unos informes que pueden resultar determinantes para reconstruir qué sabían los organismos del Estado antes del 30 de julio.