El SEPE elevará el límite de rentas a 964 euros en 2027: quién podrá cobrar el subsidio por desempleo

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) aplicará un cambio relevante en las condiciones de acceso a su red de protección asistencial. El organismo elevará el umbral de ingresos que determina si un trabajador en paro tiene derecho a cobrar un subsidio por desempleo, situando el nuevo tope en 964,50 euros brutos al mes.

La medida es consecuencia directa de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.286 euros brutos mensuales (tras un incremento del 5,3% previsto para 2027). Al estar la normativa de protección asistencial indexada por ley al sueldo mínimo, cualquier avance de esta referencia amplía en paralelo el margen económico exigido a los desempleados. El ajuste permitirá que miles de personas que antes quedaban fuera por rebasar el listón por escasos euros puedan solicitar o conservar la ayuda.

Cómo se calculan los 964,50 euros de ingresos máximos

El requisito legal de carencia de rentas del SEPE estipula que el beneficiario no puede percibir ingresos propios que superen el 75% del salario mínimo vigente. Con la referencia de un SMI en 1.286 euros mensuales prorrateados, ese 75% fija la barrera exacta en 964,50 euros brutos al mes. A efectos de cálculo, el organismo contabiliza prácticamente cualquier entrada de dinero que perciba el solicitante:

• Rentas del trabajo: nóminas derivadas de contratos a tiempo parcial compatibles o ingresos por cuenta propia.
• Rendimientos patrimoniales: ingresos procedentes del arrendamiento de inmuebles, plusvalías o ventas.
• Rendimientos del capital mobiliario: intereses en cuentas bancarias, dividendos de acciones o fondos de inversión.
• Otras percepciones: pensiones alimenticias o compensatorias, así como ganancias por herencias o donaciones.

Si la suma mensual bruta de todos estos rendimientos se sitúa por debajo de los 964,50 euros, el demandante supera la prueba de solvencia individual que exige el servicio de empleo.

El cambio en el cómputo de la unidad familiar

La flexibilización económica va de la mano de un criterio más garantista para evaluar los ingresos del hogar. El SEPE ya no recurre a la antigua media aritmética simple, en la que se sumaban los ingresos de todos los convivientes y se dividían entre el número de miembros, denegando el subsidio si el resultado rebasaba el límite legal.

El sistema actual opera, en cambio, bajo un doble filtro. En primer lugar, exige una prueba individual estricta. En ella, el solicitante debe justificar que sus ingresos propios no superan los 964,50 euros brutos mensuales. Superado ese paso, y en caso de convivir con cónyuge o hijos a cargo, se aplica una escala de responsabilidades familiares acumulativa.

Esa escala es similar a la del IMV, donde el tope conjunto crece con cada miembro adicional. Se evita así que el sueldo de una pareja o la pensión de un familiar bloqueen de golpe la prestación de la persona en paro.

Cuantías: el esquema de cobro decreciente

Quienes reúnan las condiciones de rentas y carencia de cotización para el paro contributivo accederán a las cuantías vinculadas al IPREM. Salvo excepciones puntuales, el cobro general de los subsidios se estructura en tres fases temporales decrecientes:

• Primeros 6 meses: 95% del IPREM (570 euros al mes).
• Del mes 7 al 12: 90% del IPREM (540 euros al mes).
• A partir del mes 13 y hasta agotar duración: 80% del IPREM (480 euros al mes).

La excepción: el subsidio para mayores de 52 años

Este régimen escalonado a la baja no se aplica al subsidio para mayores de 52 años, una de las ayudas con mayor número de beneficiarios. Esta prestación mantiene un importe fijo del 80% del IPREM (480 euros mensuales) desde el primer día y hasta que el beneficiario alcance la edad ordinaria de jubilación.

Se conserva al margen del esquema decreciente porque es la única ayuda asistencial que sigue cotizando para la pensión de retiro, con una base equivalente al 125% del tope mínimo. No obstante, sus perceptores sí se benefician del nuevo techo de 964,50 euros, lo que amplía su margen para recibir rentas complementarias sin arriesgar la suspensión de la paga.