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¿Es legal que te pregunten en una entrevista de trabajo por tu anterior sueldo?

Un candidato entrega su currículum en una entrevista de trabajo
Un candidato entrega su currículum en una entrevista de trabajo | Sora Shimazaki/Pexels

Las preguntas sobre el salario anterior son habituales en las entrevistas de trabajo, pero también generan dudas entre los candidatos. Muchos se preguntan si la empresa puede exigir esa información, si conviene responder o si existe alguna norma que limite esta práctica. La nueva ley de transparencia salarial vuelve a poner sobre la mesa esta cuestión y abre un debate sobre los límites de lo que puede preguntarse durante un proceso de selección.

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Durante años, una de las preguntas más incómodas de una entrevista de trabajo ha sido: "¿Cuánto cobrabas en tu anterior empleo?". A partir de la nueva regulación aprobada este 17 de noviembre de 2026 por el Consejo de Ministros, las empresas no podrán seguir utilizando ese dato como referencia para fijar el salario de una nueva contratación. El cambio forma parte de un paquete de medidas laborales que refuerza la transparencia retributiva. Además, endurece las sanciones para las compañías que oculten información contractual o salarial a sus trabajadores.

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La medida responde a la directiva europea de transparencia salarial, que España debía haber transpuesto antes del 7 de junio y que llega ahora con retraso. Su objetivo es reducir la brecha salarial, evitar que el sueldo previo condicione la retribución futura y dotar a los candidatos y empleados de más información para negociar en igualdad de condiciones.

Qué cambia para los candidatos

La novedad más visible es que las empresas y las entidades que participen en procesos de selección, tanto públicas como privadas, no podrán preguntar a los candidatos cuánto cobran en su empleo actual ni cuánto ganaban en trabajos anteriores. La prohibición alcanza el historial retributivo, de modo que el salario anterior deja de ser un criterio para calcular la oferta de una nueva empresa.

Esta regla está directamente inspirada en la Directiva (UE) 2023/970, que establece que ningún empleador podrá hacer preguntas a los solicitantes sobre su historial retributivo en relaciones laborales actuales o anteriores. La norma europea busca impedir que las diferencias salariales heredadas de empleos anteriores se arrastren de forma indefinida a lo largo de la carrera profesional.

En la práctica, el candidato no tendrá que revelar su nómina anterior ni justificar sus expectativas económicas a partir de lo que ya percibía. Aunque pueda hablar de sus responsabilidades, experiencia o cualificación, la empresa deberá basar la propuesta económica en el valor del puesto, sus criterios internos y la información que esté obligada a facilitar.

El salario deberá aparecer en la oferta

La nueva regulación también obliga a que las ofertas de empleo incluyan información sobre la retribución inicial asociada al puesto. Esto puede concretarse en un sueldo concreto o en una banda salarial, siempre basada en criterios objetivos y neutros respecto al género, según recoge la directiva europea.

El objetivo con esta Ley de Transparencia Salarial es que una persona pueda saber, antes de presentarse a un proceso selectivo, qué remuneración puede esperar. Hasta ahora, muchas vacantes se publicaban con fórmulas vagas como "salario según convenio" o "retribución a convenir". Esto dificultaba comparar ofertas y negociar desde una posición informada.

Además, los anuncios de vacantes y las denominaciones de los puestos deberán ser neutros en términos de género. La medida pretende evitar que ciertos roles se asocien de forma estereotipada a hombres o mujeres y que ello influya en la selección o en la retribución.

Más información para los trabajadores

El cambio con esta Ley de Transparencia Salarial no se limita a la fase de contratación. Una vez dentro de la empresa, cualquier trabajador podrá conocer los salarios medios de puestos equivalentes al suyo. Las compañías también deberán explicar con mayor claridad cómo fijan los sueldos y los ascensos. Además, reforzaba las auditorías salariales y el control de la brecha retributiva.

El trabajador tendrá derecho a recibir por escrito, en un plazo máximo de dos meses, información sobre su retribución individual. Además, también sobre la media de la empresa, desglosada por sexo y por categorías o niveles retributivos de quienes realicen el mismo trabajo o uno de igual valor.

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