La Abogacía del Estado prepara la denuncia de la administración central contra el Ayuntamiento de Madrid por vaciar de contenido la vieja Operación Chamartín, un plan urbanístico bestial en el norte de la capital que lleva 23 años siendo un proyecto sin concretarse. Se trata de la denuncia formal que el Ministerio de Fomento avisó que iba a lanzar contra el equipo de Manuela Carmena por daños patrimoniales, según ha sabido este medio a través de fuentes de la operación y confirmado por portavoces de Justicia.

En las últimas semanas Fomento ha soldado su relación con Distrito Castellana Norte (liderado por BBVA con el 75,5% y el resto, 24,5%, de la constructora San José), que es como se llama la promotora que dirige la operación. Y con la Comunidad de Madrid que gobierna el PP, por lo que se hace difícil desligar este conflicto de la política. A finales de mayo la Corporación que dirige Ahora Madrid presentó una nueva Operación Chamartín que reducía a un tercio las 17.699 viviendas previstas en el antiguo proyecto, entre otros detalles.

Fomento, propietaria de cerca del 70% del suelo urbanizable previsto (incluyendo las posesiones de Renfe y Adif), se apresuró entonces a censurar el cambio del plan y advirtió a Carmena de que reclamaría daños y perjuicios por valor de 700 millones de euros. Esa es supuestamente la cantidad invertida por el Gobierno relacionada con la operación en obras de alta velocidad hacia el norte, la conexión de Chamartín y el aeropuerto de Barajas mediante Cercanías o el eterno túnel de la risa, que lleva años a punto de terminar y permitirá unir por alta velocidad las estaciones de Chamartín y Atocha.

Imagen gráfica de la antigua Operación Chamartín, que el Ayuntamiento de Madrid ha tumbado.

Imagen gráfica de la antigua Operación Chamartín, que el Ayuntamiento de Madrid ha tumbado. EP

La cantidad de 700 millones de euros en litigio está por ver, ya que Fomento debe justificar que esas inversiones se han hecho exclusivamente por la operación. El 82% del suelo afectado por la operación es (o era) público. De 3,5 millones de metros cuadrados sobre los que se iba a construir, la propuesta del concejal de Urbanismo José Manuel Calvo los rebaja hasta 1,7 millones.

Hostilidad desde el inicio

Ahora Fomento concreta formalmente esa advertencia a través de la Abogacía del Estado, que estudia los aspectos jurídicos de la querella. El próximo 31 de diciembre finaliza la concesión sobre la mayor parte de los terrenos del trazado y el ministerio que tutela Rafael Catalá, todavía en funciones, ya ha expresado su deseo de renovar el acuerdo.

Cristina Cifuentes, Catalá, Renfe, Adif y el BBVA ignoran la modificación urbanística de Carmena, denominada Puerta Norte. El PSOE en el Ayuntamiento apoya en cambio sin fisuras a la alcaldesa y entre los votos socialistas y los de Ahora Madrid sacaron adelante la nueva Operación Chamartín. “Tanto la Comunidad como Fomento, Adif, Renfe y el concesionario ven este plan inviable”, subrayó en mayo la ministra de Fomento Ana Pastor, que ahora preside el Congreso de los Diputados. En junio todas las partes se reunieron en un encuentro en el que no se solucionó nada. Las hostilidades son obvias desde el principio.