El pasado mes de junio un atentado en una discoteca de Orlando, en Estados Unidos, dejó 50 muertos y más de medio centenar de heridos, en la peor masacre en suelo estadounidenses desde el 11-S. Rápidamente el Estado Islámico asumió la autoría del ataque, perpetrado por Omar Mateen.

Meses después, familiares de tres víctimas del ataque han presentado una demanda contra Twitter, Facebook y Google por no eliminar los contenidos que permitieron la radicalización del atacante. En el documento presentado ante la Justicia estadounidense, las tres familias aseguran que estas empresas han «facilitado el rápido crecimiento del Estado Islámico».

«Las organizaciones terroristas están usando estas redes para coordinar actividades ilegales», afirma el documento legal que pide responsabilidades a estos tres gigantes de internet.

Este tema vuelve a la primera fila tras lo ocurrido el pasado lunes por la noche en Berlín, en un ataque que también ha reivindicado el Estado Islámico, si bien aún no se han esclarecido todas las causas.

La demanda no va a prosperar y estas tres compañías no van a ser condenadas. Un juzgado de California ya desestimó una demanda presentada contra Twitter por permitir la presencia de contenidos que incitan a la radicalización, y no parece que las cosas vayan a ser diferentes en este caso.

Problema recurrente

Que no haya condena no significa que estas tres compañías, además de algunas otras, tengan una cuota de responsabilidad a la hora de actuar de manera poco contundente con los contenidos de corte terrorista. Las redes sociales han servido, en muchas ocasiones, de altavoz a los grupos armados para difundir sus proclamas. También son una plataforma perfecta para captar a nuevos miembros en todo el mundo. El aparato de propaganda del Estado Islámico ha demostrado su capacidad para hacerlo en los últimos años.

La propia Comisión Europea está presionando a estas compañías para que den un paso adelante en su lucha contra los contenidos que permiten la radicalización. Las autoridades comunitarias han exigido a Facebook, Google, Twitter o Microsoft a redefinir sus políticas de eliminación de contenidos ofensivos, bajo la amenaza de legislar de forma estricta contra ello.

De ahí que estos grandes actores de internet anunciaran, a comienzos de este mes de diciembre, un compromiso conjunto para luchar contra los contenidos ofensivos en sus plataformas.

Para ello van a servirse de un software de Microsoft diseñado por Hany Farid, que recibe el nombre de PhotoDNA. Esta herramienta fue creada para identificar imágenes y vídeos de abusos a menores de edad, de cara a detectar a aquellos que tenían en su poder este tipo de contenidos o que los movían por la red. Con unas pequeñas modificaciones, este programa hará lo propio con contenidos de corte terrorista.

Esta herramienta encuentra los contenidos calificados como abusivos y los señala en una base de datos que compartirán todas estas empresas. Así, cuando una de ellas identifique un contenido para eliminar las demás estarán sobreaviso y sólo tendrán que rastrear al usuario para borrar sus publicaciones de su propia red.

Mucho por avanzar

La formación de esta suerte de cártel tecnológico la ha propiciado la comisaria de Justicia de la Unión Europea, Vera Jourova, una de las más firmes defensoras de ponerle puertas a ese campo que es internet.

Jourova explicó que sólo el 40% de las denuncias de los usuarios por contenidos abusivos son revisadas por las compañías en un plazo de 24 horas, que es el que ha establecido Bruselas como adecuado. El porcentaje sube sólo hasta el 80% si el plazo se alarga hasta las 48 horas. Evidentemente, en dos días los contenidos han podido alcanzar a decenas de millones de personas en todo el mundo. Los contenidos están ya en cualquier dispositivo y poco se puede hacer por eliminarlos.

La propia comisaria de Justicia de la UE señalaba a Twitter por su lentitud a la hora de actuar, resaltando que es YouTube, propiedad de Google, la que más hace por mantener a raya los contenidos abusivos.