Adif extrajo ilegalmente zahorra, un mineral utilizado entre otras cosas para la construcción de líneas de alta velocidad y también para las carreteras. Lo hizo a partir de septiembre de 2014 en la comarca del Cerrato palentino en 10 fincas, sin conocimiento de los afectados hasta que éstos echaron manos de una abogada particular. Y por ello ha tenido que pagar a los afectados hasta cinco veces más de lo fijado por esta empresa del Grupo Fomento, según la orden emitida por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Palencia.

Además el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias desestimó extraer zahorra de otras 20 fincas expropiadas de la zona en vista de que los afectados -agricultores de la zona principalmente- decidieron querellarse. «Esas fincas constituían el medio de vida de sus propietarios», recuerda Maria Jesús Serrano, abogada del despacho Serrano Alberca & Conde que ha defendido a los expropiados.

Los 10 terrenos en cuestión constituyen algo menos de 10.000 metros cuadrados y se encuentran en Herrera de Valdecañas, un municipio palentino por el que atraviesa la línea de alta velocidad que enganchará en un futuro indeterminado con el País Vasco, previo paso por Burgos hasta Vitoria. Un AVE trascendental para la conexión con Madrid de la Y vasca.

Adif desestimó extraer zahorra de otras 20 fincas tras ir los afectados con un notario

La sentencia del Jurado de Expropiación es muy técnica, pero viene a decir que Fomento abonó 0,50 euros por metro cuadrado expropiado de tierra cuando el justiprecio más acorde era el de 2,55 euros, incluidos los derechos mineros. El suelo fue considerado de «naturaleza de labor secano».

La intervención de Fomento -expropiaciones forzosas- se produjo a lo largo de 2014. Y en septiembre de ese año los afectados acudieron con un notario a corroborar que las labores de Adif en la zona iban más allá de levantar vías del AVE. Un caso de «pérdida del aprovechamiento minero» para los antiguos propietarios, según el jurado provincial.

Fomento consideró que la tierra era de Secano y ha tenido que pagar cinco veces más

«Es duro decirlo pero en cualquier procedimiento en el que intervenga la administración pública hay que estar asesorado», deplora la letrada María Jesús Serrano. «En este caso, si no hubiésemos intervenido los propietarios jamás hubiesen sabido que sus fincas no iban a usarse para la infraestructura, sino por sus minerales». La abogada destaca la condición socio-económica humilde de los afectados.

La resolución definitiva del Jurado de Expropiación Provincial llegó el 28 de septiembre de 2016, condenando a Adif a pagar más de 21.000 euros frente a los 11.000 establecidos dos años antes. El administrador ferroviario recurrió la sentencia, pero el Jurado desestimó el recurso.