Javier Aríztegui, subgobernador del Banco de España entre abril de 2009 y junio de 2012, deja su cargo en el BCE, tras ser imputado por la Audiencia Nacional el pasado lunes por supuestas irregularidades en la salida a bolsa de Bankia. Hasta ahora era uno de los cinco miembros del Comité Administrativo de Revisión del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), que depende del BCE.

Un portavoz del banco central ha señalado que «el Señor Aríztegui ha pedido al presidente del Comité Administrativo de Revisión para la Supervisión Bancaria (ABOR) ser reemplazado temporalmente por suplentes, durante la investigación sobre el caso Bankia en España».

En consecuencia, el Presidente del ABOR, Jean-Paul Redouin, ha pedido a los dos suplentes, René Smits e Iván Šramko, que asuman su puesto, para gestionar las peticiones de revisión que puedan presentarse durante este periodo. Smits es profesor en la Universidad de Amsterdam y ocupó diversos puestos en el Banco Central de Holanda, en responsabilidades de supervisión bancaria. Šramko, por su parte, tiene una dilatada trayectoria en el sector bancario eslovaco, donde llegó a ocupar el puesto de gobernador del Banco Nacional de Eslovaquia.

Aríztegui es uno de los exdirectivos del supervisor del sistema financiero que tendrá que declarar entre el 13 y 16 de marzo como imputado por la controvertida salida a bolsa de Bankia, junto a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España durante el debut en el parqué de la entidad en el verano de 2011. Bankia fue nacionalizada un año después y tuvo que recibir más de 23.000 millones de euros de ayudas públicas para evitar su colapso.

Antes que de que Aríztegui solicitase su reemplazo, otros tres imputados por el caso Bankia que seguían trabajando en el Banco de España presentaron su dimisión. Son Mariano Herrera García-Canturri, hasta la semana pasada director general de Supervisión; Pedro Comín, ex director general adjunto de Supervisión; y Pedro González, responsable de uno de los equipos actuales de inspección del centro.

Tras la salida de los directivos del Banco de España, Aríztegui estaba en el punto de mira. El pasado mes de noviembre, el BCE publicó un proyecto de guía para la evaluación de la idoneidad de los miembros de los órganos de administración de las entidades de crédito. Aunque el ámbito de actuación se refiere a los bancos supervisados, fuentes financieras señalan que el regulador debería aplicar los mismos criterios o, incluso, elevar las exigencias a sus propios miembros.

La guía también incide en los procesos judiciales. “Los procedimientos judiciales penales o administrativos, tanto abiertos como concluidos, pueden tener un impacto en la honorabilidad de la persona designada y en la reputación de la entidad supervisada, incluso si el nombramiento tiene lugar en un Estado distinto de aquel en el que sucedieron los hechos relevantes”, señala.

Papel clave en la salida a bolsa

La OPS (Oferta Pública de Suscripción) de Bankia ha sido tildada como «el resultado de una operación política«, orquestada por el Banco de España y el Gobierno socialista. En este contexto, Javier Aríztegui, subgobernador del regulador, tenía un papel clave, ya que era el responsable de llamar a los presidentes y consejeros delegados de los bancos para que “apoyasen” la operación.

Mientras, Elena Salgado, ministra de Economía en ese momento, y José Manuel Campa, su número dos, hacían lo propio con las grandes corporaciones españolas.

Los mayores bancos -Santander, CaixaBank, Popular y Sabadell-, salvo BBVA, cedieron a las presiones. Y, entre las empresas españolas que pagaron el impuesto revolucionario, destacaron Iberdrola, Telefónica, ACS, Acciona, Meliá, Grupo Villar Mir, Mapfre y Mutua Madrileña. Algunas de estas corporaciones han presentado demandas contra Bankia.