El fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha pedido a la Audiencia Nacional que convoque una vistilla contra Miguel Blesa después de la condena de seis años que le ha impuesto en las tarjetas black. El ministerio público no ha comunicado qué medidas solicitará en este acto. Solo ha anunciado que no considera necesario actuar contra los otros 63 condenados en este caso, entre ellos Rodrigo Rato.
El fiscal ha realizado este lunes su petición tras estudiar la sentencia que se conoció el pasado jueves. En ella, el tribunal acusa a Blesa y Rato de haber actuado como "los dueños" de Caja Madrid y no sus "gestores" cuando normalizaron entre sus consejeros el uso de una tarjeta black para todo tipo de gastos".
En esta vista, la Fiscalía puede solicitar el ingreso en prisión del ex banquero, libertad bajo fianza u otras medidas como retirada del pasaporte o prohibición de salida del territorio nacional o comparecencias en el juzgado.
Los precedentes
Blesa está pendiente de juicio en otra causa abierta en los juzgados de Madrid por haber autorizado sobresueldos en esta entidad. Además, al igual que Rato, está imputado en la causa de Bankia que investiga las preferentes. Tras su paso por prisión, en dos ocasiones, por el ex juez Elpidio Silva cuando investigaba la compra del Banco de Miami se encuentra en libertad sin medidas.
Por el contrario, Rato ha entregado su pasaporte en el juzgado que investiga su patrimonio personal y familiar y no puede salir del territorio nacional. Además, este juez le embargó 18 millones de euros para que pudiera tener acceso a sus cuentas bancarias.
La Audiencia Nacional condenó a Rato a cuatro años y medio de cárcel por un delito de apropiación indebida al igual que al resto de los consejeros que utilizaron durante 23 años este método de pago que no estaba fiscalizado y no tenía amparo legal ni estatutario.
La sentencia de la Audiencia Nacional es revisable por el Tribunal Supremo. El resto de los condenados han sido castigados como colaboradores de este delito, excepto Ildefonso Sánchez Barcoj, que ha sido sancionado como cómplice a penas que oscilan entre los seis años y los seis meses de prisión.
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