Gas Natural Fenosa activa la batalla legal internacional contra Colombia. El grupo español ha presentado hoy mismo una queja formal ante el Tribunal de la Comisión de las Nacionales Unidas para el Derecho Mercantil (UNCITRAL) contra el Gobierno colombiano por la decisión de liquidar Electricaribe, una de sus filiales en el país, para subastar sus activos. Unas medidas que, en la práctica, conlleva una expropiación pero con pocas posibilidades de que la compañía reciba compensación alguna a modo de justiprecio.

El grupo presidido Isidro Fainé solicita la recuperación del control de su filial –en la que tiene una participación del 85,4% del capital-  y que el Gobierno de Juan Manuel Santos establezca un marco regulatorio estable para desarrollar su negocio de distribución eléctrico. O, en su defecto, la compañía reclamará al Estado colombiano una indemnización por su filial que, según las valoraciones preliminares, finalmente superará los 1.000 millones de dólares (unos 925 millones de euros al cambio actual).

Gas Natural Fenosa de momento presenta una queja formal y, una vez que se conforme el colegio de árbitros que estudiará el caso (previsiblemente en unos dos meses), presentará la denuncia real. El grupo finalmente se ha decidido a lanzar la batalla legal ante el UNCITRAL, el órgano jurídico central de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional. Durante meses –Colombia intervino Electricaribe en noviembre, pero no anunció su liquidación hasta la pasada semana- Gas Natural había manejado como primera opción presentar la denuncia contra el Ejecutivo colombiano ante el Ciadi, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial. Los plazos de resolución de los casos por parte de UNCITRAl suelen ser más rápidos que los del Ciadi (dos o tres años para el primero, unos cuatro años para el segundo) y la aplicación de las resoluciones suele de más fácil ejecución.

El grupo español se queja en su escrito que la liquidación se trata de una “expropiación sin indemnización” y subraya la ausencia de seguridad jurídica por la regulación del negocio eléctrico y el “hostigamiento” contra un inversor internacional en el país.

Gas Natural Fenosa invocó hace seis meses el acuerdo para la protección recíproca de inversiones entre Colombia y España para tratar de encontrar una solución negociada al agujero de 1.300 millones generado por el fraude masivo y morosidad generalizada, que el grupo español cree que alimenta la propia Administración colombiana al no promover un marco legal para proteger su negocio.

Transcurridos esos seis meses, Gas Natural ya estaba habilitada por presentar una denuncia formal ante el Banco Mundial desde el pasado 3 de marzo. Pero el Gobierno de Santos dio la pasada semana un paso más: inició la liquidación de Electricaribe, lo que supone subastar sus activos para pagar a los acreedores y, si sobran fondos una vez saldadas las deudas, los accionistas recibirían el dinero restante.

Gas Natural ha seguido manteniendo contactos con el Gobierno colombiano y oficialmente sigue mostrándose esperanzada ante la posibilidad de un acuerdo que resuelva el conflicto. Sin embargo, el grupo ya ha iniciado el proceso de arbitraje internacional para dirimir las diferencias con el Estado colombiano.