En teoría poco tienen en común la Junta de Andalucía, el PP de Cataluña, ERC o el movimiento anti-peajes No Vull Pagar. Pero comparten al menos una petición a Fomento: eliminar peajes de varias autopistas en los próximos cuatro años, entre los cuales no está ninguna de las autovías quebradas. La razón: la concesión de 1.031 kilómetros de carreteras de peaje vence en 2021. Las concesionarias recibieron la gestión hace 50 años, a finales de los años 60, y Fomento tira de lenguaje engolado para no decir ni que seguirán siendo peajes ni lo contrario a un año de la reversión de la primera autopista, la AP-1 en el tramo de 84 kilómetros entre Burgos y Armiñón (Álava).

Desde el ministerio remiten a las palabras del responsable del ramo, Íñigo de la Serna. “Lo que no se contempla a corto plazo”, declaró de la Serna a mediados de diciembre diciembre, “es prorrogar los plazos concesionales de ninguna de estas autopistas ni de ninguna otra autopista de peaje en régimen de concesión administrativa”. “La previsión”, añadió, “es que cuando llegue a su término, cuando llegue el momento de la reversión y estas pasen a la Administración General del Estado, es cuando la Administración General del Estado tendrá que decidir la forma de explotación de las mismas a partir de ese momento”.

Las concesionarias -Abertis, Sacyr- recibieron la gestión hace medio siglo

Aunque muchos celebraron el fin de los peajes a raíz de estas declaraciones, la realidad es otra y portavoces de Fomento lo confirman: estas declaraciones no suponen, ni mucho menos, la supresión del impuesto por circular en determinadas autopistas. Significa, en todo caso, que las empresas privadas que desde hace medio siglo gestionan esas carreteras -Abertis, Sacyr, Inmobiliaria Espacio, Liberbank- dejarán de hacerlo dentro de la concesión actual. Pero podrían volver si Fomento decide relanzar una licitación, versión que el ministerio no descarta. De la Serna se limita a repetir lo que ya había dicho su antecesora Ana Pastor.

Peaje de Martorell, en la AP-7. EUROPA PRESS

Según qué tramos de peaje se trate, existe una mayor o menos oposición ciudadana y política. La patronal Seopan -a punto de presentar su informe de carreteras de 2016- y las concesionarias reclaman que se prorroguen los plazos o que continúen los peajes porque el mantenimiento y la conservación de estas autopistas redundaría en el déficit estatal, unos 300 millones según estimó El Economista. Las empresas contraponen el caso español con Francia, país en el que el 75% de las carreteras está explotado vía concesión.

Fomento es ambiguo y no asegura que quitará peajes a un año de la primera reversión

Varios partidos políticos y colectivos ciudadanos rechazan la prórroga y aseguran que las carreteras de peaje están de sobra amortizadas. Por eso piden nacionalizarlas y hacerlas públicas, sin tributos por surcarlas. Ha habido motines de conductores en los últimos años. Y esta semana ha trascendido que Fomento deberá pagar a Abertis 1.500 millones por la caída del tráfico previsto en la AP-7 tras una ampliación realizada por esta firma. El peaje está de capa caída.

La primera que vence, en noviembre del año que viene, es la concesionaria en manos de Europistas, cuyo accionista único es Itínere, sociedad participada por Arecibo, Sacyr, Abanca Corporación Industrial y Empresarial y Liberbank Capital. Son 84 kilómetros que atraviesan Burgos rumbo al País Vasco desde Madrid. Este tramo de peaje de la A-1 no ha conocido demasiadas protestas, aunque no se puede decir lo mismo de los dos peajes siguientes que caducan después.

En 2019 termina la concesión de Aumar, de 468 kilómetros repartidos en varias zonas de la geografía española. El grueso de esta concesión está en el tramo Tarragona-Valencia-Alicante pero el punto más polémico es el peaje entre Cádiz y Sevilla (un centenar de kilómetros aproximadamente). La propia Junta de Andalucía ha pedido por carta a Fomento que no se espere al 31 de diciembre de 2019 -día en que vence la gestión de Aumar- para retirar la taquilla de la AP-4, como se conoce a esta carretera. La alternativa es la N-IV, con un historial plagado de accidentes. Los gaditanos protestan porque ir a Sevilla en coche implica pagar siempre.

1.031 kilómetros de peajes vencen entre 2018 y 2021

No faltan las protestas en Cataluña con la AP-7 y la AP-2, ambas concesiones controladas por Acesa (Abertis) que vencen el 31 de diciembre de 2021. ERC trató en noviembre que De la Serna se pronunciara respecto a la futura eliminación del peaje, sin éxito. “Cataluña ya ha pagado 25 veces el coste que representó la construcción de las dos autopistas”, le espetó al ministro la diputada Teresa Jordà. “Una proporción que, en el tramo entre Molins de Rei y Martorell, en el entorno de Barcelona, llega hasta las 80 veces”.

“Los catalanes y las catalanas estamos hartos de pagar estos peajes”, denunció Jordà. ERC no es para nada la única formación que critica el agravio comparativo. El PP de Cataluña sorprendió poco antes de las elecciones generales de junio de 2016, en las que se impuso Mariano Rajoy, reclamando la gratuidad de la AP-7 y AP-2. Un giro marcadamente electoral.

De 2012 a 2014 cobró relevancia el movimiento No Vull Pagar: conductores que pasaban por los peajes no automatizados y renunciaban a abonar el coste, teniendo los trabajadores de las concesionarias que levantar la barrera para evitar el colapso. En 2014 este colectivo mutó en No vull Pasar, apostando por circular por carreteras alternativas al peaje.