Varias sentencias contradictorias embrollan todavía más el de por sí complicado futuro de las nueve autopistas de peaje quebradas, cuyo coste del rescate se desconoce de momento. De las carreteras de pago en concurso de acreedores, una -la primera de todas, la AP-36- ya ha sido liquidada, tal y como adelantó El Independiente el 13 de diciembre; por el contrario, sobre la segunda de la lista, la Circunvalación de Alicante (Ciralsa), el juez ha descartado a finales de la semana pasada su liquidación, según ha podido confirmar este medio a través de fuentes judiciales. Las otras siete esperan su turno, conscientes de que cada caso se resuelve de manera individual.

Al estar el Gobierno en funciones, durante 2016 las nueve autopistas en bancarrota recibieron una prórroga ya que el plazo para decidir si se liquidaban o no expiraba el año pasado. En el caso de Ciralsa (ACS, Abertis y Globalvía), la Audiencia Provincial de Madrid ha aceptado el recurso de Fomento contra la liquidación; ahora Ciralsa, una autopista de 30 kilómetros que rodea la capital alicantina, vuelve a lo que se denomina «fase de convenio»: se trata de un proceso en el que el administrador debe reconfigurar conjuntamente con los acreedores una propuesta de liquidación que sea de agrado del juez.

Una autopista -la AP-36- ha sido liquidada, pero un fallo rechaza liquidar otra -la Circunvalación de Alicante-

El pasado 20 de enero, la Audiencia Provincial madrileña ya había frenado parcialmente el último paso concursal de la circunvalación alicantina. Hasta que hace cuatro días anuló definitivamente la liquidación por motivos que no han trascendido. Según las partes consultadas, puede pasar «un año o incluso más tiempo» hasta que el tribunal vuelva a adoptar una sentencia favorable a la liquidación de Ciralsa.

Esta resolución judicial no tiene nada que ver con lo que ocurrió a mediados de diciembre pasado con la AP-36, el peaje entre Ocaña (Toledo) y La Roda (Albacete): el mismo tribunal -la audiencia madrileña, sección Vigesimoctava – tumbó el recurso de Fomento y abocó a esta autopista de peaje de 147 kilómetros que discurre íntegramente en Castilla-La Mancha a la liquidación. La incertidumbre gobierna las carreteras de peaje quebradas porque teóricamente liquidar la AP-36 implica que se activará la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA): la RPA es un mecanismo por el cual el Estado está obligado a devolver a los acreedores el dinero prestado para construir las autopistas, en plena etapa de la burbuja.

Una autovía sí, la otra no

¿Por qué el tribunal resuelve liquidar en un caso y lo rechaza en el otro? Porque el recurso de la circunvalación alicantina que fue aceptado fue presentado por la propia concursada, Ciralsa. También interpuso su recurso Fomento, e igualmente fue rechazado, como en la AP-36.

Y los acreedores de las autopistas de peaje quebradas son mayoritariamente fondos buitre, que han comprado masivamente a bancos internacionales -Natixis, BNP, Société Générale, Royal Bank of Scotland, Bank of Tokio- deuda financiera de estas carreteras durante el concurso de acreedores. Los fondos buitre han adquirido la deuda mediante quitas agresivas y son los primeros interesados en que se active la RPA, además de cobrar por los intereses. Pero las sentencias contradictorias de los jueces imposibilitan concebir una salida al litigio en el corto plazo. Las negociaciones entre el Gobierno y los fondos no prosperan.

Nadie puede predecir, y menos tras las sentencias contradictorias, por cuánto saldrá el rescate

Los fondos buitre acreedores (TCI, King Street, Taconic, SVP, Blue Montain, Neuberger…), desconocidos para el gran público, quieren cobrar. Las posibilidades de llegar a un acuerdo entre ambas partes se reducen. Y la cuantía a pagar por la RPA difiere según a quién se pregunte. De acuerdo con la patronal de las constructoras Seopan, el Estado tiene que abonar 5.500 millones de euros. Una cantidad que el Ministerio de Fomento rechaza de plano, rebajándola en 3.000 millones (hasta algo más de 2.000 millones a pagar en total), según fuentes ministeriales.

Diferentes cálculos del rescate

Las nueve autopistas de peaje en quiebra son las radiales de Madrid R-2, R-3, R-4 y R-5, la AP-36, la AP-41, la M-12 Eje Aeropuerto de Barajas, la Circunvalación de Alicante Ciralsa y el tramo de peaje Cartagena-Vera. Fueron licitadas entre 1998 y 2002. Se basaron en previsiones de tráfico erróneas y se inauguraron en plena burbuja (Ciralsa abrió en 2007). A continuación el tráfico se desplomó y la situación se fue agravando por la crisis económica y los recortes: finalmente, en 2012 entraron en cascada en concurso de acreedores. Hasta hoy.

Las constructoras ya asumen total o parcialmente las pérdidas

La situación es insólita porque el Estado había encargado la construcción y la gestión de las autovías a grandes constructoras que no tardaron en declararse en bancarrota: Abertis, ACS, Ferrovial, OHL, Sacyr, Isolux, Globalvía y otras grandes firmas. Portavoces de algunas de estas concesionarias, como Abertis o FCC, aseguran que sus empresas han provisionado cientos de millones de euros de su contabilidad y asumen total o parcialmente las pérdidas.

Fomento también trata de rebajar el rescate que solicita Seopan, de 5.500 millones, y descontará el valor de los terrenos expropiados para construir autopistas de peaje. Pero nadie puede predecir cuánto le costarán al erario público las nueve carreteras de pago. Los jueces complican todavía más la adivinanza.