Un día dijo basta. Estaba cansada de enlazar contrato tras contrato como profesora asociada en la Universidad del País Vasco. Cada convocatoria con el temor de no volver a imponerse en la siguiente convocatoria de su plaza. Sabía que de no lograrlo, si otro candidato se imponía, cesaría en el empleo que había ejercido durante casi 30 años y que además se iría sin cobrar indemnización por ello. Por eso una profesora asociada de la UPV decidió llevar su caso ante la Justicia para denunciar su situación. El juez le ha dado la razón y deberá ser reconocida como personal indefinido no fijo.

Su caso, como el de miles de docentes universitarios, supone un “fraude de ley”, dice el juez. Subraya que al estar encadenando un contrato tras otro, acumulando hasta nueve trienios, se ha empleado esta fórmula para cubrir “de facto” necesidades “permanentes y estructurales” de carácter docente del centro académico vasco. Por ello, resuelve que la denunciante debe pasar de ser considerada como una trabajadora temporal a ser reconocida como personal “indefinido no fijo”. Añade además que en caso de ser despedida deberá serle reconocida una indemnización, que en su caso alcanza los 46.000 euros.

La sentencia de un juzgado de lo social número 9 de Bilbao, que ha sido recurrida por la UPV, crea un precedente para los cerca de 25.000 profesores asociados que prestan su trabajo en las universidades españolas y que tienen consideración de personal temporal y sin indemnización reconocida.

En el caso de la profesora que ha denunciado su caso la situación era paradigmática de la situación en la que se encuentran muchos profesores de la enseñanza superior. Su primer contrato data de 1987 y desde entonces ha optado a las convocatorias de la misma plaza, en la mayoría de los casos por periodos de tres años prorrogables otros dos. Desde hace tres décadas han ido enlazando sucesivas convocatorias en las que bien se imponía por lograr la máxima puntuación o bien por que quienes le superaron finalmente no ocuparon la plaza.

Un precedente para miles de asociados

El caso, que se presentó a través del sindicato UGT-Euskadi y del abogado de la central, Javier García de Vicuña, supone un precedente muy importante para los miles de docentes que reclaman que se dote de estabilidad y de derecho a la indemnización a los profesores asociados con largos periodos de docencia acumulados. Sólo en la UPV cerca de 800 profesores y profesoras asociadas podrían estar en circunstancias similares. La reclamación que ahora ha reconocido un juez de Bilbao es muy parecida a la que más de un millar de profesores de la Universidad de Valencia remitieron a la Justicia europea y que aún está pendiente de resolverse.

Desde UGT Euskadi se apunta que casos como los de esta mujer se repiten con frecuencia. La profesora denunciante había acumulado una larga experiencia y responsabilidades en su departamento, lo que no sólo le dotaba de mayores opciones para imponerse en las sucesivas convocatorias de su plaza, sino que evidenciaba aún más lo paradójico de su situación laboral. Así, a finales de septiembre del año pasado cesó en uno de los contratos pero al día siguiente firmó uno nuevo, con el que tendrá derecho a otros tres años como asociada prorrogable dos más.

“Creemos que con esto ahora se va a despertar un ‘avispero’ para que se reconozca esa condición a los que llevan más de diez años con este tipo de contrataciones»

“Creemos que con esto ahora se va a despertar un avispero para que se reconozca esa condición a los que llevan más de diez años al menos con este tipo de contrataciones. Es lógico que reclamen que sus contratos pasen de temporales a indefinidos no fijos y que tengan así derecho a indemnización. No se entiende que alguien esté 30 años trabajando en una universidad y no tenga derecho a indemnización”, asegura un portavoz de UGT.

Por ahora la sentencia ha sido recurrida por la UPV, pero según aseguran desde UGT Euskadi no tiene muchas opciones de prosperar por los precedentes de ámbito europeo que existen. Se da la circunstancia de que el juzgado que ha resuelto este caso depende jerárquicamente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior del País Vasco, que preside la magistrada Garbiñe Biurrun. La Sala ya emitió en marzo un fallo pionero en el que reconocía a una trabajadora temporal ser reconocida con la misma indemnización que un trabajador fijo. La resolución se inspiró en la jurisprudencia procedente de la Unión Europea y la aplicación del criterio de no discriminación laboral dictada por la Justicia comunitaria.

Entonces Biurrun aseguró que todos los trabajadores temporales podrían reclamar ante la Justicia ser indemnizados con 20m días por año trabajado cuando se extingan sus contratos, “no hace falta ninguna reforma legal” ni del Estatuto de Trabajadores porque según aclaro la interpretación hecha por el tribunal de la UE “tiene absoluta supremacía sobre el derecho nacional”.