El 31 de enero de 2014, Adif y Saba -filial del grupo Abertis- firmaron un contrato para arrendar y explotar más de 22.000 plazas repartidas en 72 aparcamientos de 51 estaciones ferroviarias durante 10 años: el contrato ascendía en ese periodo a 140,8 millones de euros sin IVA (178,6 millones de euros con IVA). Tres años y cuatro meses después, el administrador de infraestructuras ferroviarias ingresa menos con esa concesión que cuando gestionaba los párquines Comfersa, una empresa extinguida durante la etapa de Ana Pastor como ministra de Fomento.

Antes de la liberalización, concretamente en el año 2011, Comfersa abonó a Adif en concepto de tasas de aparcamiento un total de 24,2 millones, seis más por año si se divide entre 10 el total pagado de e 178,6 millones con IVA. Así lo criticó en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados el diputado del PSOE  Antonio Trevín. Trevín denunció además que los 72 aparcamientos "se han adjudicado a una filial de Abertis, la empresa de donde procedía el anterior presidente de Adif, el señor [Gonzalo] Ferré".

"El Estado español dejó de ingresar seis millones de euros al año tras privatizar Adif la gestión de sus aparcamientos", le espetó el diputado socialista al presidente del administrador durante la comparecencia de este último. "No es fácil de explicar. Investigue esa concesión. No nos encontremos con problemas como los que tiene Ignacio González. No privatice lo rentable a costa del erario público. Con el Canal de Isabel II tenemos bastante por el momento".

6 millones menos al año

El mandatario actual, Juan Bravo, esquivó la pregunta parlamentaria, que dejó sin responder. Para Adif, "no cabe hablar de privatización de ningún tipo de activo, sino de una puesta en valor de dichos activos", responden portavoces a este diario. La concesión es para la empresa por tanto "uno de los mejores sistemas para reducir los costes sobre el contribuyente", a pesar de que las tasas anuales que Saba abona son menores.

"Se encargaron dos estudios, uno a una consultora pública y otro a una empresa privada, para averiguar el precio de mercado de este servicio, tanto en aquel momento como en el corto y medio plazo, teniendo en cuenta diferentes escenarios económicos: pesimista, medio y optimista", argumentan en la empresa pública.

Estudios previos

"El objetivo de dicho estudio era determinar el precio de partida más adecuado para la correspondiente licitación, y finalmente el concurso planteó unos precios de salida superiores a lo estimado inicialmente por las consultoras en el mejor de los escenarios", indican los portavoces. Sin embargo y tal y como publicó Infolibre en abril de 2015, un informe de Fomento advirtió a Adif que no adjudicara el concurso si las ofertas no eran de "cuantía similar o no muy inferior" a la que ingresaba Comfersa.

Portavoces oficiales recuerdan que la letra pequeña del contrato beneficia al ente estatal. "La estación de Alicante, cuya concesión se efectuó por un período menor, ha comenzado a generar ingresos adicionales el año pasado [2016]", recalcan. "Una vez consolidadas las cuentas anuales, habría que añadir a los 140,8 millones de euros de la adjudicación del concurso que ya se habían percibido".