La crisis de Popular, cuya viabilidad está en el punto de mira, preocupa a sus accionistas, bonistas y depositantes. A la espera de que el futuro del grupo se clarifique, ya sea mediante su venta a una entidad mayor que absorba las pérdidas, la intervención por parte del Estado o una nueva ampliación de capital, conviene analizar qué garantías y riesgos presenta cada producto del banco.
La seguridad de los depósitos (imposiciones a plazo fijo y cuentas corrientes) depende de la solvencia del banco. En este sentido, nada indica que existan riesgos acuciantes, ya que todas las ratios de solvencia del banco cumplen con las exigencias regulatorias.
Tampoco resultan alarmantes las cifras de liquidez -más determinantes a la hora de provocar el colapso de un banco- mientras la creciente desconfianza sobre la entidad no desencadene una masiva retirada de fondos que deje a Popular sin recursos para atender sus obligaciones. Desde la agencia Fitch subrayaban recientemente la vulnerabilidad del banco a un repunte de la desconfianza entre sus clientes.
Consciente de esto, la dirección de Popular ha centrado sus esfuerzos en contener cualquier posible fuga de depósitos, aleccionando a los trabajadores de sus oficinas sobre las razones que deben esgrimir para tranquilizar a los clientes.
En cualquier caso, ante un hipotético colapso del banco, hay que tener en cuenta que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) reembolsaría a todos sus clientes hasta 100.000 euros por titular.
Depósitos, respaldados por el Fondo de Garantía
El dinero que los clientes del grupo que preside Emilio Saracho tienen en cuentas corrientes (dinero a la vista) y en depósitos (dinero a plazo) está avalada, en circunstancias normales, por el balance de la entidad. Sin embargo, si el banco tiene problemas de solvencia o ha habido retiradas en masa de depósitos que provoquen problemas de liquidez, es posible que los clientes no puedan acceder puntualmente a su patrimonio.
En un escenario en el que la entidad sea saneada, intervenida o vendida a otro banco, el usuario volvería a tener sus ahorros en una firma solvente y accedería a ellos con normalidad.
Pero si se decidiese que Popular no es viable, se activaría un proceso para iniciar el concurso de acreedores, tal como sucedió a Banco Madrid.
En este caso, el Fondo de Garantía de Depósitos, que se nutre de las aportaciones dinerarias obligatorias de las entidades financieras, reintegraría a los afectados hasta un máximo de 100.000 euros por titular. Si una cuenta o depósito está a nombre de dos personas, por ejemplo, la cobertura sería de 200.000 euros. Por encima de este importe, los ahorradores tendrían que esperar a la resolución del concurso.
Plazos para recuperar el ahorro
En caso de quiebra, el Fondo de Garantía de Depósitos tiene un plazo de 20 días hábiles para abonar a los depositantes su dinero. Este periodo arranca cuando el juzgado declare el concurso de acreedores y podría ampliarse en función de determinados supuesto.
El FGD se pondría en contacto con los clientes en el primer mes para iniciar los trámites de devolución. El organismo comunica por carta a cada cliente el importe de su depósito para que, en caso de error, lo notifique. Al mismo tiempo le solicitará un número de cuenta para abonar la cantidad.
Fondos de inversión y deuda
Por otro lado, los fondos de inversión son producto más seguros, ya que no forman parte del balance del banco y, por tanto, no se verían afectados por una eventual quiebra de la gestora de Popular. En cualquier caso, Popular cuenta sólo con el 49% del grupo Allianz Popular, que administra fondos y sicav. El grupo alemán gestiona los productos y la red del banco los comercializa.
Aunque los fondos están segregados del balance, existe el riesgo de que, si las peticiones de reembolso son masivas, la gestora tenga que vender los activos con prisa, a precio de saldo, y en condiciones poco favorables que afecten a la rentabilidad del fondo.
Por otro lado, la deuda pública y la renta fija privada dependen de la solvencia del emisor, que queda reflejado en el ráting que otorgan las agencias de calificación. Popular tiene una nota de B por parte de Fitch y S&P, lo que significa que los títulos que emite son considerados bonos basura. El bajo rating obedece a la elevada probabilidad de que los tenedores registren pérdidas por un impago del emisor.
Orden de prelación de cobro
En caso de quiebra del banco, si los fondos no son suficientes para hacer frente a las deudas, se establece un orden de prelación de cobro. El primero en recuperar su dinero es el Estado, seguido por los trabajadores del grupo. Después es el turno de los tenedores de bonos. Los inversores en deuda senior, de más calidad, son los primeros en cobrar su dinero, mientras que la deuda subordinada ocupa el último puesto. Los accionistas son los últimos en el orden de prelación de pago, es decir, los últimos en recuperar su inversión.
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