El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, atraviesa horas complicadas después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya anulado la amnistía fiscal que con tanto ahínco defendió desde su puesta en marcha en 2012. Tendrá que pasar por el Congreso de los Diputados a dar explicaciones por ello.
Sin embargo, otra de las atípicas soluciones que el ministro puso sobre la mesa durante la pasada legislatura para recuperar ingresos públicos por la vía de la persecución del fraude y la evasión, la publicación del listado de grandes defraudadores (lista de morosos), sigue en marcha. Y el Ministerio de Hacienda volverá a hacer uso de esta bala antes de que acabe el mes.
La lista de morosos identifica a aquellos contribuyentes --personas físicas y jurídicas-- que arrastren deudas o sanciones tributarias superiores al millón de euros y que no hayan sido aplazadas ni suspendidas. En el últimos lista aparecían 4.768 deudores, con una mora de unos 15.700 millones de euros, de los que la mayor parte eran empresas y tan solo 336, personas físicas.
Son estos últimos los que más expectación despiertan. Deportistas como Dani Pedrosa o Dani Alves, el expresidente del Real Madrid Lorenzo Sanz o el el expresidente de Banesto Mario Conde, han resonado con fuerza tras la publicación de las anteriores referencias, en diciembre de 2015 y junio de 2016.
Sin embargo, el listado ofrece otra información valiosa. Por ejemplo, que los mayores focos de deuda se encuentra aún entre las empresas de la construcción que estuvieron en el epicentro de la 'burbuja' inmobiliaria en los años previos a la crisis; o que sociedades como Viajes Marsans y Air Comet ligadas al empresario Gerardo Díaz Ferrán, aún en prisión por su implicación en diversas causas, siguen teniendo cuentas pendientes con el fisco.
Evasores habituales...¿y amnistiados?
Así pues, el Ministerio de Hacienda está ultimando la publicación de un nuevo listado de morosos para su publicación antes de que acabe el mes de junio. Está obligado de acuerdo con una orden ministerial que acotó este periodo entre el 1 de mayo y el 30 de junio.
Cabe esperar que, como en el caso de la última entrega del listado, haya altas y bajas, nombres que entran y otros que salen. Por el momento ha habido poca rotación, apenas unos 333 nombres salieron de la lista en la segunda entrega bien por haber liquidado sus deudas o por haber solicitado aplazamientos. En cambio, otros 246 fueron incluidos por primera vez.
Al mismo tiempo es difícil encontrar puntos de unión entre la amnistía fiscal y el listado de deudores, puesto que la primera no era pública, a diferencia de la segunda. La respuesta tan solo la tiene Montoro, responden fuentes próximas al fisco consultadas por El Independiente.
En todo caso, aunque las cifras de rotación sugieren que la efectividad de esta medida es limitada. Las mismas fuentes explican que las referencias que se han publicado se refieren en muchos casos a deudores recurrentes, con poco ánimo de regularización y recalcan que la verdadera utilidad reside en el efecto disuasorio para muchos deudores que hacen las paces con Hacienda antes de ver su nombre escrito en los papeles.
A la fecha de publicación de esta información, las fuentes consultadas del departamento que dirige Cristóbal Montoro no han respondido a la solicitud de información sobre la recaudación asociada al listado de morosos.
Hacienda aún no ha introducido las mejoras pendientes
Lo que confirman en Hacienda es que las mejoras que el Gobierno dijo que introduciría en la mecánica del listado de grandes deudores y que figuran en el Programa Nacional de Reformas remitido a Bruselas a finales del pasado año aún no se han adoptado.
No obstante, aunque en el programa no se establecían plazos, y se concretaba, en cambio, que haría falta una modificación de la Ley General Tributaria, lo que requeriría la participación del Parlamento. Por ello, está por ver si el Ejecutivo llegará a tiempo antes de que acabe el mes.
Concretamente, el Gobierno se había comprometido, ya en la actualización del Plan Presupuestario de 2017 remitido en diciembre del pasado año, a que los deudores salgan de la lista una vez efectúen los pagos debidos incluso de haber sido advertidos de su inclusión. También se avanzaba que se incluiría a los responsables subsidiarios y solidarios, lo que abriría la puerta a ir contra administradores y directivos de empresas morosas.
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