La duda ya no es si habrá o no un régimen sancionador que ponga fin a la morosidad indiscriminada de ciertas empresas, a menudo grandes, en perjuicio de pymes y autónomos. La cuestión ahora es cuándo se empezará a aplicar y si constará de sanciones económicas y administrativas o se orientará más hacia recargos o penalizaciones fiscales a través, por ejemplo, del Impuesto de Sociedades.

En un movimiento que casi parecía orquestado, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó este martes en un foro organizado por Cinco Días que la intención el Gobierno es introducir penalizaciones fiscales para aquellas empresas del sector privado que incumplan la Ley de Morosidad. Horas después el Congreso de los Diputados tomaba en consideración, con el apoyo de PP, PSOE, Podemos, ERC, PNV, PdeCat, UPN y Foro la proposición no de Ley de Ciudadanos en la que se incluyen multas de casi un millón de euros para las empresas que vulneraren con especial gravedad dicha Ley.

Esta coincidencia no es nueva, puesto que PP y Ciudadanos ya incluyeron en el acuerdo de 150 medidas para la formación de Gobierno la posibilidad de aplicar penalizaciones fiscales y limitar las bonificaciones a la Seguridad Social a las empresas que no pagaran en el plazo de 60 días que marca la Ley a sus proveedores –la media es de 77 días–. La novedad es ahora que la cosa avanza.

Diferencias en el tipo de sanción

Lo previsible es que el Gobierno presente su propia propuesta de régimen sancionador sin subirse al carro de la de Ciudadanos. Porque en lo que no hay una postura común es en la forma de sancionar a las empresas morosas.

Según Montoro, “el proyecto del Gobierno es ir por la vía de la sanción tributaria en lugar de otras penas y multas” y, para ello, se harán los estudios pertinentes. Enfrente, la propuesta de Ciudadanos, que la formación agilizó ante la supuesta inactividad del Gobierno al respecto, es un texto bastante detallado en el que se cifran incluso las multas a imponer.

En primer lugar, el texto de Ciudadanos también llama a sancionar a las Administraciones morosas, las que pagan a más de 30 días –la media es actualmente de 70 días–, puesto que aún sigue habiendo facturas por pagar en los cajones de ayuntamientos y comunidades autónomas, pese al Plan de Pago a Proveedores puesto en marcha por el propio Montoro en 2012.

Además, organizaciones empresariales consultadas por El Independiente a raíz de estos avances hacia posibles sanciones aseguran que su mora es fruto en muchos casos de los impagos previos de administraciones a las que se proveen productos y servicios.

Con todo, la PNL de Ciudadanos prevé que la capacidad de sancionar recaiga en las comunidades autónomas. Se aplicarán sanciones leves cuando se pacten plazos de pago que excluyan del cómputo los periodos vacacionales. Las graves, en cambio, se sustanciarán tras una demora de 20 días sobre el plazo legal de pago, los pactos en perjuicio del acreedor de cláusulas sobre el cómputo del plazo o sobre las consecuencias de la demora o la reincidencia en tres infracciones leves.

Por último, el documento establece como  infracciones muy graves la demora de más de 60 días, la resistencia en la colaboración con la autoridad inspectora, la falsificación de facturas o la reincidencia en dos infracciones graves.

Hasta 819.780 euros de multa

Además, Ciudadanos también establece sanciones mínimas, medias y máximas, dependiendo de la intencionalidad en la demora, la existencia de fraude, la connivencia entre el infractor y el acreedor, el incumplimiento de advertencias previas, el importe de la deuda o a la solvencia económica de quien se demore.

Las sanciones leves irán de los 60 a los 2.045 euros, las graves de 2.046 a 40.985 euros y las muy graves de los 40.986 euros a los 819.780 euros. En todo caso, estas multas conllevarían la obligación de abonar las deudas pendientes de pago, incluidos los intereses de demora y una indemnización por costes de cobro.

En último extremo, Ciudadanos contempla la posibilidad de que la infracción muy grave sea reiterada, en cuyo caso una empresa no podrá contratar con empresas públicas, ni recibir subvenciones, acceder a créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) o beneficiarse de deducciones en el Impuesto sobre Sociedades. Además, Ciudadanos contempla que cuando la especial gravedad de los hechos o el número de personas afectadas lo requieran, se podrán hacer públicas las sanciones.

Una mayoría de grupos parlamentarios han respaldado la tramitación del texto, aunque han avanzado su intención de introducir enmiendas. Especialmente beligerante ha sido el PP, que ha planteado la necesidad de dar la vuelta al texto íntegro, y  PdeCat, que ha planteado una iniciativa similar en el Senado. Pero, más allá de las diferencias, todo apunta a que las empresas morosas están más cerca de sufrir el azote de Hacienda.