El secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, ha avanzado que, aunque la economía española crece con fortaleza —el Gobierno ha elevado la previsión de crecimiento este año al 3%— y que vuelve a haber “márgenes” presupuestarios, va a ser preciso de cara al Presupuesto de 2018 cuadrar las demandas de todas las fuerzas políticas, por lo que unos gastos, como los 1.000 millones de euros que estima que costará la nueva Ley de Autónomos promovida por Ciudadanos, limitarán el gasto en otras partidas.

Además, esto es así porque, como ha admitido, la subida del techo de gasto del 1,3% previsto para el próximo año, no alcanza a cubrir el recorte aplicado en 2017, de 5.000 millones sobre la ejecución presupuestaria de 2016. Dicho de otro modo, “el Estado crece un poquito y no hay mucho margen”, ha dicho.

Durante su intervención en una jornada sobre los Presupuestos para 2017 organizada por Deloitte y la Asociación por el Progreso en la Dirección (APD), Nadal ha señalado que, solo de esa forma, acotando los márgenes, el Estado podrá absorber el déficit de otras administraciones para poder reducirlo hasta el 2,2% del PIB en términos agregados para en 2018.

El Estado, por ejemplo, se ha echado a la espalda parte del déficit de las comunidades autónomas a través de mecanismos de financiación como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que ha amortiguado el coste de financiación de las regiones, en detrimento de la Administración central.

Además, el Presupuesto del Estado incluye el de la Seguridad Social, para la que el próximo año se ha establecido un objetivo de déficit aún del 1,2% del PIB. En este punto cobran importancia los 1.000 millones de euros que, según Nadal, costará la nueva Ley de Autónomos, en la que se incluye, por ejemplo, una ampliación de la tarifa plana de 50 euros en las cuotas a la Seguridad Social para los nuevos autónomos de seis meses a un año, que ya supondrá un coste de unos 500 o 600 millones de euros.

Pero no solo esta medida tendría un coste. La nueva Ley también contempla, por ejemplo, una bonificación del 100% en la cotización de los trabajadores autónomos durante las bajas de maternidad, paternidad, adopción o acogimiento.

Y es que, aunque las cotizaciones sociales avanzan a un mejor ritmo que el pasado año por la mejora del empleo, estos gastos no estaban contemplado sen el Presupuesto de este año. En cambio, fuentes consultadas de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) aseguran que la Ley permitirá ensanchar la base de cotizantes autónomos, con lo que tendrá un retorno importante para las arcas públicas.

Hay que cuadrar otros gastos: los salarios públicos

Dicho esto, el secretario de Estado de Presupuestos ha recordado que en un Parlamento tan abierto como el actual es preciso cuadrar intereses y, con un techo de gasto limitado, esto lleva a que no todas las demandas puedan tener respuesta.

Así, ha confirmado, por ejemplo, que es el momento de subir los salarios públicos por encima del 1% que se fijó para 2017, pero se ha limitado a señalar que mejorarán “un poco”. Esto, dicho de otro modo, quiere decir que “los sindicatos no van a tener todo lo que quieren”.

Las negociaciones relativas a la subida salarial de los funcionarios para el próximo año aún no han comenzado, pero los sindicatos, como hicieran en el Presupuesto de 2017, quieren establecer un acuerdo plurianual para recuperar el poder adquisitivo perdida durante la crisis.

Lo mismo puede ocurrir con la exigencia de Ciudadanos de reducir el IRPF en unos 2.000 millones de euros. Al respecto, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha confirmado que el Gobierno se encuentra «identificando» posibles deducciones a través de las que articular el próximo año una rebaja del impuesto sin tocar los tipos.

Además, Nadal ha recalcado que en este momento económico, el gasto debe dirigirse a trasladar la recuperación económica a aquellas franjas de la sociedad que aún no la están percibiendo.