La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) da un paso más en la batalla legal contra el decreto del Ministerio de Fomento que regula la actividad de empresas como Cabify o Uber, y que blinda ante la nueva competencia al sector del taxi.

El supervisor ya impugnó el real decreto y la orden ministerial que lo desarrolla ante la Audiencia Nacional el año pasado, pero ésta consideró que no tenía competencia para abordar un recurso sobre un real decreto e instó al organismo presentarlo ante Tribunal Supremo (aunque la Audiencia sí sigue estudiando el recurso contra la orden ministerial). Así que ahora la CNMC reactiva su intento de tumbar las restricciones recogidas en la norma del Gobierno elevando el caso al Tribunal Supremo.

La CNMC presentó ayer una demanda ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra el real decreto 1057/2015, que aprobó de urgencia el Gobierno un mes antes de la celebración de las elecciones del 20 de diciembre de 2015 y que es conocido como decreto anti-Uber por las restricciones que impone a los servicios de vehículos con chófer que compiten con el taxi.

El organismo presidido por José María Marín Quemada considera que el real decreto que regula el negocio de vehículos con conductor (VTC) incluye restricciones a la competencia, que limita sin justificación económica la libre competencia en el sector e incluso que recorta el bienestar general de los consumidores al encarecer el servicio.

"Restricciones innecesarias"

Desde su aprobación en 2015, la CNMC lleva reclamando al Ministerio de Fomento que suprima algunos de los artículos del real decreto y algunos de los preceptos de la orden ministerial que lo desarrolla. La CNMC impugna la norma para remover precisamente aspectos que impedirían a compañías como Uber, Cabify y a los dueños de las licencias VTC a competir directamente con el taxi, como los límites al número de licencias VTC (que se fija en función de una ratio de un permiso VTC por cada 30 licencias de taxi), la obligación de que se contrate previamente el servicio y la prohibición de recoger pasajeros directamente en la calle.

El organismo también recurre la norma por las restricciones geográficas a la prestación del servicio, y por los requisitos que se imponen a las empresas que quieren operar el servicio, como tener un número mínimo de vehículos o con una determinada antigüedad. “Restricciones innecesarias y discriminatorias“, ha venido sosteniendo la CNMC.

La presentación de la demanda ante el Supremo por parte de la CNMC ha sido desvelada por la Federación Española del Taxi (Fedetaxi). La asociación del sector del taxi denuncia que el organismo defiende desregular el transporte de viajeros “para dar mayor cabida a las plataformas digitales de falsa economía colaborativa, como Uber y Cabify, que pretenden sustituir y acaparar los actuales servicios públicos urbanos”, mientras que el taxi está inmerso en "una guerra por su supervivencia".