La reforma de pensiones de 2010 sigue elevando la edad legal de jubilación un mes cada año –estará en 65 años y seis meses en 2018— y el Gobierno continúa impulsando medidas para alargar las carreras de cotización por encima de este límite con el objetivo de aumentar los ingresos de la maltrecha Seguridad Social. Mientras, alrededor de 19 colectivos, entre los que se encuentran bomberos y maestros, pugnan por poder jubilarse mucho antes sin tener que ver rebajada su pensión.

La cabeza visible de todos ellos son los alrededor de 70.000 policías locales, que están a punto de poder jubilarse antes de los 60 años. En su caso fue la Secretaría de Estado de la Seguridad Social la que de oficio inició el procedimiento para encuadrar, de acuerdo con la legislación vigente, al colectivo dentro de los considerados excepcionalmente penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres.

De acuerdo con el Real Decreto 1698/2011 se pueden establecer coeficientes reductores para anticipar la edad de jubilación en los casos en los que la actividad del trabajador sea considerada dentro de una de estas categorías.  Para los policías locales, el Gobierno ha accedido a establecer un coeficiente del 0,20 de forma que podrán jubilarse antes de los 60 años si, entre otras cosas, tienen 37 años cotizados. Ahora bomberos, maestros y hasta poceros o buceadores profesionales quieren seguir su estela.

Junto a los policías locales, las organizaciones sindicales representativas de otros 18 colectivos de trabajadores por cuenta ajena también han tramitado procedimientos para seguir sus pasos, de acuerdo con una respuesta del Gobierno a una pregunta escrita formulada por el senador del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, Óscar Guardingo.

Así, los procedimientos que actualmente están en tramitación en la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social abarcan desde colectivos muy específicos hasta otros más amplios. Se trata concretamente de:

Bombeiros de Galicia, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya), de la Empresa de Transformaciones Agrarias S.A. (Tragsa) y Navantia.

Trabajadores de la Enseñanza.

Personas que prestan servicios en el Centro de Seguridad Marítima Jovellanos.

Actividades con riesgo de exposición al amianto.

Técnicos de Mantenimiento y Personal Certificador de mantenimiento de aeronaves civiles.

Trabajadores del ferrocarril metropolitano de Barcelona.

Sector de la fundición de hierro colado.

Sector de fundición de metales.

Responsables y auxiliares de la empresa Administración de Estructuras Ferroviarias (Adif).

Trabajos de pocería en el sector de la construcción.

Trabajos de túneles y obras subterráneas del sector de la construcción.

La empresa de gestión de residuos tóxicos (Befesa).

La empresa Alcoa Inespal (Avilés).

Las empresas auxiliares de la Industrial Química del Nalón.

Los conductores mecánicos de transporte de mercancías por carretera.

La Policía Portuaria en Puertos del Estado.

Nissan Motor Ibérica en Cantabría.

Buceadores profesionales.

Además, la Dirección General de Ordenación también está realizando estudios sobre la siniestralidad de los funcionarios de la Policía Foral de Navarra y de los Mossos d’Escuadra.

La Seguridad Social no prevé hacerse cargo del gasto

Fuentes del Ministerio de Empleo explican que no todos los expedientes se encuentran en el mismo estado de maduración. Algunos, por ejemplo, están pendientes de que se analice si las actividades a las que se refieren son efectivamente penosas y deben ser objeto de análisis de cara a establecer coeficientes reductores.

Pero, sobre todo, la Seguridad Social no prevé hacerse cargo del coste de las posibles jubilaciones anticipadas. En este sentido, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ya avanzó en sede parlamentaria que antes de acceder a esta reducción de la edad de jubilación debe intentarse un cambio en la actividad de aquellos que se acerquen a la edad de retiro, para poder reubicarles antes de mandarles a casa.

Según dijo, la tramitación de estos expedientes debe realizarse con “transparencia, responsabilidad y respeto escrupuloso a la norma vigente”, puesto que, “aunque algunos puedan hacerlo por tratarse de actividades por insalubridad, toxicidad o inseguridad, hay que preservar el conjunto del sistema”.