El Fondo Monetario Internacional (FMI) está al tanto de que las compuertas del gasto público comienzan a chirriar y a abrirse en España. El Gobierno ha tratado de atar corto los desembolsos del Estado con un techo presupuestario en 2017 un 5% inferior al de 2016, pero un 1,3% superior en 2018. Además, ayuntamientos, primero, y comunidades autónomas, después, han ejercido una presión continuada para que el Ministerio de Hacienda levante la mano y, cuanto menos, relaje los límites a sus gastos. Y  esta insistencia, en una legislatura necesitada de pactos políticos, está empezando a dar sus frutos.

De ahí que el organismo presidido por Christine Lagarde, que no mira por la vertiente política del gasto, ha advertido en su informe de conclusiones tras las últimas misiones a España de que «el techo de gasto previsto para 2018 contribuirá de forma importante a rebajar el déficit», hasta el 2,2% del PIB en 2018, pero añade que esto «requiere la aplicación de la regla de gasto en todos los niveles de la administración».

El techo de gasto será útil si se cumple la regla de gasto

Esta regla es una herramienta que se contempla en la Ley de Estabilidad, por la que las administraciones no pueden gastar más que la previsión de crecimiento del PIB en el medio plazo. Con ella, lo que se pretende es garantizar la reducción del déficit público de las administraciones públicas dentro de los plazos comprometidos con Bruselas. Para el año 2018 el límite se ha fijado en el 2,4%.

Pues bien, el Gobierno ha logrado mantener bajo cuerda el gasto de las administraciones públicas mientras ha tenido mayoría absoluta, aunque en el caso del Estado ha habido incumplimientos de esta regla en los últimos años, como es el caso de 2016. Sin embargo, la situación ha cambiado desde el pasado mes de diciembre, cuando el nuevo Ejecutivo emprendió la difícil tarea de desarrollar una legislatura en un Parlamento claramente dividido. Esto se ha traducido en concesiones de presupuestarias a partidos como Ciudadanos o PNV para poder reunir los apoyos suficientes para sacar adelante los Presupuestos de 2017 y 2018.

Además, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, también ha tenido que hacer lo propio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), para asegurarse el apoyo de las comunidades autónomas a los objetivos de déficit público y deuda hasta 2020, primer paso para la elaboración de los Presupuestos de 2018, y ganarse también adeptos de cara a su votación en el Congreso de los Diputados (en el Senado persiste la mayoría del PP).

Montoro ha contado finalmente con este respaldo, pero pagando un peaje. Para ello, se ha incrementado el margen de déficit público de las comunidades autónomas en 2018, del 0,3% del PIB al 0,4%, y se ha echado esa décima de más a la espalda de la Seguridad Social, la única administración que no tiene que cumplir ninguna regla de gasto. El Gobierno argumenta que los ingresos por cotizaciones irán mejor de lo previsto inicialmente. Al respecto, el FMI también alerta del creciente gasto en pensiones.

Un peligroso precedente

Sin embargo, lo que acabó de convencer a las formaciones canarias, tanto en el CPFF como en el Congreso, fue la disposición del Gobierno a estudiar un posible incremento de los desembolsos de las comunidades autónomas con superávit para invertirlo en infraestructuras financieramente sostenibles por encima del límite de la regla de gasto.

La posibilidad de elevar el gasto por encima de este límite para sufragar este tipo de inversiones ya se había establecido con anterioridad para los ayuntamientos. Ahora, las comunidades autónomas también están en el disparadero.

Montor se ha comprometido a estudiar aumentos del gasto en CCAA con superávit

Al mismo tiempo, los ayuntamientos han conseguido arrancar al Gobierno la formación de una comisión, en la que estarán representados el Gobierno, las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para estudiar cambios en la regla y el techo de gasto.

En el caso de los consistorios, son la administración más saneada y en 2018 también está llamada a compensar con su superávit parte del déficit del resto de los subsectores. Por eso quieren poder gastar más y por eso el FMI quiere que se preserve también en su caso la aplicación de la regla de gasto ante la previsión de que el que se dedica al pago de las pensiones siga creciendo.

PSOE y Podemos, también a favor de elevar el gasto

Con la aprobación del último techo de gasto, el Gobierno parece asegurarse una Legislatura de algo más de dos años. Pero en ese plazo, está claro que tendrá que seguir negociando. Frente al PP y Ciudadanos, y PSOE y Podemos siguen defendiendo que es necesario aumentar el margen presupuestario del Estado para seguir financiando el Estado del Bienestar. Sin ir más lejos, Podemos ha presentado un planteamiento Presupuestario que eleva el techo planteado por el Gobierno para el Estado en 2018 en  casi 20.000 millones de euros.

Otra vertiente de la estabilidad fiscal es la deuda pública y, en este capítulo, de la misma forma que el Gobierno se mostró abierto a estudiar posibles quitas de las deudas contraídas por las comunidades autónomas con el Estado, el PSOE se ha mostrado favorable de saldar por esta vía la deuda de Cataluña.

Más aún, previsibles subidas salariales para los funcionarios en 2018 por encima del 1% de 2017, una posible vuelta a la jornada de 35 horas semanales en la Administración…todo suena a que España está abriendo la mano del gasto confiando en que el crecimiento económico, que no acaba de moderarse pese a los temores que apuntaban a este escenario de 2016, mejorará la recaudación tributaria lo suficiente como para darse alguna alegría.

El FMI no quiere complacencia ni trampas en el solitario.