Aena se queda sin máximo ejecutivo. José Manuel Vargas ha presentado su dimisión como presidente y consejero delegado del gestor de los aeropuertos españoles. Desde la compañía se apunta simplemente que la renuncia es por «motivos personales» y que de momento se desconoce quién será su sustituto al frente del grupo.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha asegurado hoy mismo que Vargas ya le comunicó su intención de abandonar la compañía a finales del año pasado, pero que él mismo le pidió que siguiera en el cargo mientras se aprobaba el plan de ordenación aeroportuaria y que hace un par de meses le volvió a solicitar que no dejara el grupo hasta después del verano.

La renuncia de Vargas se produce tras haber sellado un preacuerdo con los sindicatos para prorrogar el convenio colectivo, abortando así la posibilidad de 25 jornadas de huelga con que amenazaban, y tras quedar resuelta la crisis de este verano por la huelga de seguridad en el aeropuerto de El Prat durante este verano con la imposición de un laudo (un conflicto laboral por el que algunos partidos políticos llegaron a pedir su cabeza). Pero también llega tras años continuos choques con el Gobierno.

Encontronazos con el Gobierno

La salida, que será efectiva el próximo 15 de octubre, se produce después de sonados encontronazos con el Gobierno, que es el principal accionista de la compañía con un 51% del capital. Encontronazos por la frustrada mayor privatización de la compañía a pesar de que la cúpula la defendía abiertamente, por la decisión del Ministerio de Fomento de recortar las tasas aéreas en contra del criterio del grupo, y por el veto impuesto por el Gobierno a la opa sobre Abertis que preparaba la compañía.

José Manuel Vargas ocupó la presidente de Aena en enero de 2012, procedente del grupo de medios de comunicación Vocento. El Gobierno lo eligió para diseñar y ejecutar un duro plan de reestructuración que permitiera a la compañía salir de los números rojos y encarar su privatización parcial. Unos ajustes que incluyeron un ERE que conllevó la salida de 1.250 empleados. En 2015 el Ejecutivo vendió un 49% de las acciones de la compañía, mientras que el 51% quedó en manos de Enaire (compañía pública controlada enteramente por el Estado). En febrero empezó a cotizar en bolsa, y apenas cuatro meses después ya entró en el selectivo Ibex 35.

Los corsés de ser empresa pública

Aena registró el año pasado un beneficio de 1.164 millones de euros, disparándolo casi un 40% en relación al año anterior, gracias al récord de pasajeros por el boom del turismo y por la mejora de los ingresos por la explotación de los espacios comerciales. Desde la dirección del grupo se viene alertando en los últimos meses que la evolución de sus resultados quedará mermada por la decisión del Ministerio de Fomento de recortar un 11% las tasas aéreas que cobra a las aerolíneas los próximos cinco años (a razón de 2,2% por año).

La cúpula de Aena comandada por Vargas ha venido defendiendo, en contra del criterio de Fomento, que una mayor privatización serviría para acabar con algunos de los corsés presupuestarios que ahora padecen como consecuencias del control público. Entre ellos, también los corsés salariales para los ejecutivos, según se apunta desde los mentideros más maledicentes del sector. Aena tuvo que remodelar su estructura y su cúpula hace unos meses su cúpula por la marcha de directivos a otros grupos rivales.

Sin esos corsés presupuestarios, se ha venido argumentando, Aena podría dinamizar algunos procesos y, sobre todo, potenciar su expansión internacional. El grupo explota una quincena de aeropuertos fuera de España, y la compañía considera que su crecimiento exterior podría ser mayor sin las limitaciones presupuestarias y porque algunos países vetan en sus concursos a empresas públicas de otros países.

Restricciones salariales

Desde la propia compañía hace tiempo que se viene advirtiendo sus problemas para retener directivos y para captar talento por los topes salariales -modestos en relación al de otras empresas cotizadas- que limitan la retribución de su cúpula ejecutiva. Y es que Aena, al estar controlada en un 51% por el Ministerio de Fomento, cuenta con las restricciones retributivas de una empresa pública, lo que le aleja de los niveles de empresas de su mismo sector.

La política retributiva restringida a la que está sometida Aena como empresa pública viene siendo un motivo de fricción de la compañía con el Gobierno. En 2014 el primer intento de salida a bolsa de Aena descarriló, entre otros motivos, por el rechazo frontal con que se encontró la cúpula en su exigencia de colar en el folleto de la OPV un plan de stock options para los ejecutivos para equiparar sus sueldos a los de otras cotizadas, según apuntan varias fuentes cercanas a ese proceso.

En el folleto de la salida a bolsa que sí fue, la de febrero de 2015, el grupo reconocía como un riesgo las limitaciones salariales de sus directivos. “La alta dirección de Aena, por sus características de sociedad mercantil estatal, está sujeta al régimen retributivo público”, rezaba el folleto para advertir a los posibles inversores.

El presidente José Manuel Vargas recibía hasta ahora una retribución anual cercana a los 160.000 euros, entre la parte fija y variable, muy lejos de las retribuciones millonarias del resto de máximos ejecutivos del Ibex.