Cataluña es una región rica y eso pocos lo discuten. El debate se centra más en si lo seguiría siendo tras una eventual independencia. También es cierto que, por ello, Cataluña es una comunidad aportadora neta al sistema de financiación autonómica, lo que quiere decir, a grandes rasgos, que sus recursos revierten en el resto de comunidades más de lo que la región recibe.

Sin embargo, hay otros saldos a tener en cuenta a la hora de sopesar la escisión. ¿Se mantendría la misma normativa fiscal del Estado allí donde no hay un alter ego autonómico para cubrir el vacío? ¿Se aumentarán del lado autonómico (independiente) aquellos beneficios fiscales cuyos tramos que actualmente se superponen o se quedarán en la mitad? ¿Se sustituirán las actuales normas estatales por otras? Estas cuestiones no son baladí, en juego están, solo en rebajas fiscales, más de 9.000 millones de euros.

En el caso de los impuestos que se pagan, una de las aspiraciones de los independentistas es la de quedarse con todos los ingresos que generan los catalanes por el IRPF o el resto de tributos. En este capítulo llama la atención que Cataluña sea la comunidad que mayor número de impuestos propios tiene (que más espacio tributario ha cubierto con sus propias competencias), aunque su impacto recaudatorio es limitado.

Sin embargo, también habría que atender a qué ocurriría con los beneficios fiscales, todo tipo de reducciones que reducen la factura tributaria final. En este caso, la propia Generalitat muestra que, sin el Estado y su normativa, estas ventajas se reducirían drásticamente, aunque en el futuro este efecto se produciría sobre un supuesto saldo recaudado que da por hecho que será superior. Lo primero es una certeza y lo segundo se acerca más a la hipótesis.

La memoria económica que acompaña a los Presupuestos de Cataluña para 2017 prevé que las ventajas fiscales con efectos en este año, entre deducciones, exenciones, bonificaciones o tipos reducidos, alcanzarán los 10.280,9 millones de euros. De estos, 9.158,4 millones se corresponden con la normativa estatal y solo 1.122,5 millones a la autonómica. Así pues, nueve de cada diez euros que deja de pagar la sociedad catalana al beneficiarse de estas ventajas provienen de la aplicación de la normativa común.

Estos beneficios se distribuyen entre los impuestos gestionados por el Estado, como son el IRPF, cuya recaudación retorna en un 50% a las comunidades autónomas del régimen común; los que gestionan las comunidades autónomas, como es el caso del impuesto sobre el Patrimonio o Sucesiones y Donaciones; y, finalmente, sobre los tributos propios, como son el impuesto sobre viviendas vacías catalán.

El peso del Estado

Llama la atención que, pese a que Cataluña ha generado casi la mitad de estas figuras fiscales (algunas se solapan), la recaudación efectiva es muy inferior.  Esto se debe a que las ventajas que establece la norma general tributaria en algunos impuestos son muy potentes.

Por ejemplo, los beneficios fiscales sobre la base imponible del IRPF suponen 814 millones de euros, una décima parte de todo el monto total; 1.168 millones, los que se derivan de las acciones y participaciones exentas no negociadas en el Impuesto sobre el Patrimonio; y unos 3.200 millones por las exenciones y los tipos reducidos del IVA. ¿Qué ocurriría con estas figuras en una Cataluña independiente? Solo en el caso del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones los beneficios autonómicos superan a los estatales.

Por el lado local, los beneficios fiscales se orientan más a la puesta en vanguardia de la política social y de apoyo a la cultura catalana, cuestiones que, sin embargo, no supone grandes reducciones en la factura fiscal. Por ejemplo, Cataluña cuenta con una deducción en el IRPF por nacimiento o adopción de un hijo de entre 150 y 300 euros que supone 12,6 millones de euros de ahorro, según lo presupuestado para este año, o una deducción por donativos a las entidades que fomenten la lengua catalana del 15% de cada uno, con el que se prevé reducir el pago del impuesto en 1,5 millones de euros. Otras ventajas se centran en los impuestos medioambientales.

Cataluña dosifica su capacidad normativa en beneficios fiscales

Para ver qué lugar ocupa Cataluña entre el resto de las comunidades autónomas en lo que se refiere al uso de las propias competencias para generar ventajas fiscales, los datos disponibles en 2017 muestran que no se trata de la región más activa.

Los datos del Consejo General de Economistas muestran, por un lado, que los catalanes se encuentran entre los ciudadanos que más impuestos pagan, especialmente entre el caso de las rentas medias. En el caso del IRPF, para una renta bruta tipo de entre 16.000 y 30.000 euros al año, la factura del impuesto es la más elevada de España, con entre 1.611 y 5.102 euros. Sin embargo, Cataluña se apea del podio a medida que se escala en los tramos de ingresos.  En cambio, los importes más bajos en casi todas las horquillas de renta se concentran en Madrid. Y al mismo tiempo, si una persona de 30 años hereda bienes por 800.000 euros, pagará más de 160.000 euros al fisco en Andalucía y unos 10.000 en Cataluña.

Sin embargo, mientras que Andalucía estableció hasta 14 ventajas fiscales en el último año dentro del IRPF; Aragón, 17 beneficios y Canarias, 16; en Cataluña se ha dado luz verde a 11. También se sitúa a la cola en el caso de Donaciones, y se diluye entre el monto de cifras en el resto de los impuestos.

Esta actividad dentro de la normalidad contrasta con el uso que Cataluña hace en cambio de los tributos propios.

Líder en tributos propios

En este capítulo, existe gran escasez de datos y la información disponible del Consejo General de Economistas data de 2015. En ese año, de los casi 2.000 millones recaudados entre todas las comunidades autónomas por su propios tributos, hasta 588,8 millones correspondieron a Cataluña, muy por delante de Canarias (417,7 millones) o la Comunidad Valenciana (242,6 millones). Y es que se trata de la región que más impuestos de su propia cosecha tiene.

Esos 588,8 millones de euros supusieron además un 6,8% más, el mayor incremento respecto al año anterior solo por detrás de Aragón (14,4%), Cantabria (14,2%) –estas cifra es una distorsión por su régimen económico especial– y Castilla-La Mancha (9,8%), donde las cantidades totales son muy inferiores.

Al medir la participación de los impuestos propios sobre el total estas figuras, Cataluña vuelve a estar a la cabeza, con casi un 30% en 2015, al tiempo que cuenta con el mayor porcentaje de ingresos tributarios sobre el total autonómico, aunque con un porcentaje algo menor, del 20,4%.