La economía progresa adecuadamente y, con ella, el empleo. Eso se está traduciendo en mayores ingresos tributarios y mayores cotizaciones sociales. Y esta evolución, unida a una efectiva contención del gasto, hace cada vez más posible que España, no solo reduzca el déficit público, al 3,1% del PIB comprometido con Bruselas para este año, sino que incluso lo sitúe por debajo del 3%. Ello permitiría salir un año antes de lo previsto de la tutela de Bruselas, todo ello a la espera de que la crisis política en Cataluña no impacte sobre la economía y eche por tierra estas buenas noticias.

Este es, en resumen, el diagnóstico que realiza la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) a partir de los últimos datos sobre ejecución presupuestaria.

El déficit de las administraciones públicas se ha reducido desde diciembre de 2016 en seis décimas del PIB, hasta situarse en el 3,5% del PIB. El ajuste aún pendiente es de cuatro décimas.

Pues bien, con la información disponible de julio y agosto, la AIReF estima que el proceso de contención del gasto y el mantenimiento de los datos de recaudación harían factible, en un 42%, alcanzar este año un déficit “del 3% o inferior”, incluyendo incluso el impacto de las ayudas financieras.

El déficit de las administraciones públicas se ha reducido desde diciembre de 2016 en seis décimas del PIB

Esta mejora de las previsiones es clave, puesto que permitiría a España salir un año antes de lo proyectado del brazo corrector de Bruselas, al que ha estado sometida desde hace casi una década  y que ha forzado a España a llevar a cabo en ese tiempo una política económica basada en la austeridad presupuestaria.

Y es que Bruselas incluye en este protocolo de vigilancia a los países de la Unión con déficit superior al permitido, del 3% del PIB, algo que España ya incumplió en 2008. El Gobierno aún tiene entre sus previsiones que el déficit se sitúe en el 3,1% del PIB este año y que baje al 2,2% en 2018.

A partir del momento en que el saldo negativo de las cuentas públicas se reduzca por debajo de este umbral, habrá que hacer frente a otro tutelaje porque la deuda pública se mantiene por encima del límite marcado del 60% del PIB, en el entorno del 100%. Pero esa será otra batalla.

En cualquier caso, se trata de una barrera psicológica y de la posibilidad de manejar el Presupuesto nacional con más libertad.

Los argumentos de la autoridad fiscal

La Autoridad Fiscal valora el incremento de la recaudación tributaria. Sin embargo, este sigue siendo inferior a los optimistas pronósticos que el Gobierno incluyó en los Presupuestos de 2017. Por tanto, considera “improbable” alcanzar estas previsiones.

Por el lado de los gastos, la AIReF continúa considerando muy probable que se alcance un nivel de gasto incluso inferior al previsto, a la vista de la reducción de siete décimas del PIB registrada desde el pasado mes de diciembre, lo que compensaría la desviación en el capítulo de ingresos. Esta tendencia se debe a la caída de partidas significativas como los gastos financieros y el consumo público.

Además, el auditor del Estado espera que el ritmo de incremento del gasto permanezca por debajo de las tasas de crecimiento del PIB hasta final de año, lo que redundará en la consolidación fiscal.

Por administraciones, la cosa cambia. El Estado incumplirá probablemente su objetivo particular de déficit del 1,1% del PIB, no por la marcha de los ingresos tributarios, que crecen a un ritmo del 6%, sino por el desplome de otros, como dividendos, ventas y transferencias. Esto está provocando una caída del peso de los ingresos sobre el PIB del 16,9%.

Además, AIReF espera que este porcentaje caiga dos décimas más del PIB hasta final de año por la revisión del cupo vasco a la que se comprometió el Gobierno para asegurarse el apoyo del PNV a los Presupuestos.

En el caso de las comunidades autónomas, la mejora de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica de 2017, la evolución positiva de los recursos tributarios propios y el incremento de los ingresos por fondos de la UE, hacen que el objetivo del 0,6% del PIB sea factible.

Los ayuntamientos seguirán viento en popa, tanto que AIReF espera que alcancen un superávit incluso superior al del pasado año, del 0,6% del PIB. Sin embargo, el caballo de batalla de las cuentas públicas seguirá siendo la Seguridad Social, que no podrá cerrar el año con un déficit del 1,4% del PIB como está previsto.

El caballo de batalla sigue siendo la Seguridad Social

La explicación es sencilla. El empleo crece y también los ingresos por cotizaciones, sin embargo caen las transferencias del Estado al Servicio Público de Empleo (SEPE) y los intereses derivados del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Al mismo tiempo, cae el gasto en desempleo y el de las pensiones se mantiene por debajo del crecimiento del PIB nominal por el efecto de las reformas emprendidas en los últimos años.

El resultado es que la Seguridad Social mejorará sus cifras de déficit, pero no alcanzará el 1,4% del PIB.

Cataluña en el retrovisor

La variable que no incluye la AIReF en su análisis es el impacto que pueda tener la crisis política en Cataluña sobre la economía, no solo de la comunidad autónoma, sino del conjunto de España.

Ya lo ha indicado el Banco de España, y algunos movimientos de capital en el seno de la banca catalana también están dando la voz de alarma.

Si se produce la espera declaración unilateral de independencia podrían sucederse episodios que afectarían de lleno, por ejemplo, en los gastos del Estado, en forma de un incremento de la prima de riesgo, del coste de financiación y, por tanto, de su partida de gastos de intereses.

En juego está, ni más ni menos, que la salida por fin de la tutela de la UE.