No solo son las empresas. También cunde la incertidumbre entre los empleados públicos en Cataluña, ante la posibilidad de que se produzca la declaración unilateral de independencia (DUI), y empieza a hablarse ya de cambios de destino a otros territorios. Es el caso de los funcionarios de Justicia con destino en la comunidad autónoma.

Según ha expuesto este lunes el responsable de este sector del sindicato de empleados públicos CSI-F, Francisco Lama, en la Comisión de Justicia del Congreso, ante una virtual desconexión con España, los funcionarios reclaman ya que el Ministerio de Justicia abra un periodo extraordinario en sus concursos de traslado pendientes, puesto que “muchos se plantearían abandonar la comunidad autónoma”.

Según el sindicato, Cataluña es la comunidad que cuenta con uno de los índices más altos de temporalidad de toda España, por encima del 20%. Pese a todo, denuncia que la Generalitat renunció el pasado año a 509 plazas para estabilizar parte de sus plantillas y CSI-F teme que este año tampoco optará a estas plazas. “Es decir, la Generalitat prefiere tener empleados en precario bajo su gestión que funcionario de cuerpos nacionales con plaza fija”, añade.

De acuerdo con los datos que ofrece el Ministerio de Hacienda, el personal de justicia en la administración de las comunidades autónomas alcanza los 38.915 efectivos, de los que 7.128 personas están en Cataluña, el 18,3% del total.

Del sueño de la Generalitat a la pesadilla de sus funcionarios

Los temores que empiezan a expresar los trabajadores de Justicia de Cataluña ya se contemplaban en el Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña, publicado en 2014 y encabezado por una carta del entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas.

En el texto, publicado por la propia Generalitat, se señalaba que los alrededor de 230.000 trabajadores cuya nómina depende de la Generalitat no sufrirían ningún cambio en el caso de producirse de la desconexión, no así los 30.000 funcionarios estatales que trabajan en la comunidad autónoma.

Pero en ese caso, los promotores de la independencia aseguraban que se integrarían en la nueva Administración catalana. Ahora bien, señalaban a renglón seguido que «es evidente que las personas que ocupen esta función concreta en el mismo momento de la independencia pueden tomar la opción personal de abandonar Cataluña”. Y parece que este vaticinio va camino de cumplirse.