El Gobierno acaba de poner en marcha el nuevo bono social, un rediseño de la política que busca paliar los efectos de la pobreza energética en consumidores vulnerables. El Ministerio de Energía ha tenido que reformular el programa porque hace casi un año el Tribunal Supremo tumbó –por segunda vez- su sistema de financiación.
Las grandes eléctricas se disponen a abrir otra batalla legal para paralizar de nuevo el bono social. Principalmente, y como siempre, por la financiación, porque el Gobierno ha vuelto a cargarle el coste del programa a las grandes comercializadoras. Y ahora también porque el Ministerio comandado por Álvaro Nadal les encomienda a las empresas la tarea de verificar si los solicitantes de las ayudas cumplen los requisitos para ser beneficiarios, entre ellos el nivel de renta familiar.
Los servicios jurídicos de las compañías aún estudian a fondo el contenido del real decreto y la orden ministerial que sirven para aplicar de manera efectiva el nuevo bono social y preparan los recursos que se presentarán ante el Tribunal Supremo para parar la normativa, según confirman a El Independiente varias fuentes del sector conocedoras de la situación. Las grandes eléctricas declinan hacer comentarios oficialmente sobre su estrategia legal al respecto.
Que lo asuman los PGE y no las eléctricas
Las compañías eléctricas siguen considerando que la financiación del bono social debería correr a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, dado que se trata de una política social de combate contra la pobreza, y que no debe cargarse a sus empresas comercializadoras. La normativa de la Unión Europea, sostienen las compañías, así lo establece y la justicia comunitaria así lo ha considerado ya en varias sentencias. El coste para las eléctricas consiste en asumir descuentos de entre el 25 y el 50% del importe del recibo de luz de los hogares en función de su grado de vulnerabilidad.
El Tribunal tumbó por primera vez la financiación del bono cuando lo asumían íntegramente los cinco grandes grupos eléctricos (Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo), al considerar que el reparto no se ajustaba a derecho. El Alto Tribunal lo suspendió por segunda vez cuando eran las cinco grandes y otra quincena más de comercializadoras las pagadoras de la política contra la pobreza energética.
Endesa, Iberdrola y Gas Natural asumirán el 90% del coste total del bono
La nueva formulación del bono social contempla que sean todas las comercializadoras eléctricas que operan en el mercado español las que asuman el coste, hasta un total de más de dos centenares. Pero Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa asumirán el 90% del coste total del bono, al ser las que mayor número de clientes tienen. Y las sociedades que menos aportan lo harán con un 0,000003% del presupuesto total.
El Gobierno cree que de esta manera, repartiendo el coste entre todas las comercializadoras, sortea los problemas legales que han llevado al Supremo a tumbar por dos veces las fórmulas anteriores y a obligar a indemnizar a las compañías eléctricas por el dinero aportado.
El Ministerio de Energía ordenó la semana pasada la devolución a las grandes eléctricas del dinero que destinaron en los años 2015 y 2016 a financiar el bono social. El Supremo estableció que la indemnización debería cargarse al sistema eléctrico, y el Gobierno ha hecho uso de una disposición incluida en los PGE que contemplaba dedicar parte del superávit acumulado por parte del sistema eléctrico en los últimos años para cubrir posibles pagos derivados de fallos judiciales. Actualmente hay en una cuenta bancaria guardados los 1.019 millones de euros correspondientes a los superávits de 2014 y 2015, que pueden incrementarse cuando se cierren de forma definitiva las cuentas de 2016.
Verificar que se cumplen los requisitos
En paralelo, la nueva normativa traslada a las eléctricas la responsabilidad de verificar que los solicitantes del bono cumplen los requisitos y les encomienda toda la labor de tramitación con los clientes. Una nueva competencia que las compañías rechazan y tratarán con sus recursos que asuman las Administraciones Públicas.
La nueva normativa fija quién puede recibir el bono social en función de la renta
La nueva normativa no sólo contempla la reforma de quien debe financiar el bono, también se introducen cambios en quién puede recibirlo. Con el objetivo de hacerlo más efectivo, la recepción del nuevo social se ha ligado al nivel de renta de los beneficiarios (hasta ahora formalmente no figuraba entre los requisitos para acceder a él).
El Consejo de Ministros aprobó la pasada semana que el nuevo bono que contempla descuentos en el recibo de la luz del 25, el 40 y el 50% para hogares en función de su grado de vulnerabilidad. Que los posibles beneficiarios cumplan éste y otros requisitos ahora deberá ser verificado por las propias eléctricas.
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