El Tribunal Supremo vuelve a dar alas a las medidas incluidas en la reforma eléctrica que ejecutó por fases el Gobierno en la anterior legislatura. El Alto Tribunal ha desestimado el recurso contencioso-administrativo contra el decreto que regula el autoconsumo eléctrico que había presentado la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier).

El Gobierno aprobó en octubre de 2015, apenas dos meses antes de las elecciones generales, la nueva regulación de producción eléctrica para autoconsumo y que, según los críticos, en la práctica lo hacía inviable por las condiciones burocráticas, técnicas y por los recargos económicos que imponía. Entre estos últimos, se incluía el pago un peaje específico sobre la energía producida en casa (no sólo por la consumida de la red) que se acabó conociendo como “impuesto al sol”.

El Tribunal Supremo sostiene que, pese a la popularización de la etiqueta, el impuesto al sol, como tal, no existe. “No hay por tanto, y frente a la expresión que ha hecho fortuna ‘impuesto al sol’, propiamente tal”, apuntan los magistrados en la sentencia recogida por Europa Press. Para el Alto Tribunal se trata sólo de una “contribución a los costes del sistema cuando un autoconsumidor, además de consumir la energía generada por él mismo, dispone del respaldo del sistema eléctrico para consumidor electricidad del sistema en cualquier momento que lo necesite”.

De hecho, el propio Tribunal subraya que la legislación aprobada por el Gobierno hace dos años exime a los autoconsumidores de pagar ningún peaje si no están conectados a la red eléctrica. Al no estar enganchados, no tienen que pagar su parte de los costes de mantener la red de distribución. Pero si el autoconsumidor tiene el respaldo de la red eléctrica general, debe hacer esa «contribución a los costes».

Desde el sector de las renovables se critica que el Tribunal Supremo incluya en su sentencia este tipo de «consideraciones políticas» y que no se ciña «estrictamente a la valoración jurídica» del recurso y de la propia normativa. El Ministerio de Energía, ahora comandado por Álvaro Nadal, sigue defendiendo con contundencia la regulación del autoconsumo, y subraya que el traslado de parte de los costes de la red a los autoconsumidores el sistema más justo.

En paralelo, el Alto Tribunal avala el régimen sancionador incluido en la regulación del autoconsumo, que contempla sanciones que oscilan entre los 600.000 euros para infracciones graves y los seis millones para las muy graves. Los magitrados no consideran exorbitantes los límites fijados  y entiende que se ajusta al principio de proporcionalidad, aunque conceden que «la formulación se encuentra posiblemente en el límite de lo admisible».